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Las estructuras gubernamentales dedicadas a vigilar la utilización de los recursos públicos, se proyectaron para garantizar impunidad a los burócratas y legalizar la corrupción en todos los niveles de gobierno, hoy esas instancias están involucradas en escándalos por desvíos de recursos y omisiones de actos de funcionarios, de la misma forma como lo han estado los empleados gubernamentales a los cuales deberían de vigilar, la designación de los funcionarios de esa áreas se ha partidizado paulatinamente.
El antecedente más importante del control de la administración pública mexicana lo encontramos en la Constitución de 1824, en su artículo 50, fracción VIII, que atribuía como facultad del Poder Legislativo "el fijar los gastos generales, establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, arreglar su recaudación, determinar su inversión y tomar anualmente las cuentas al Gobierno". Esta función fue retomada en las Constituciones de 1857 y 1917.
Otro hecho destacado fue la creación, el 25 de diciembre de 1917, del Departamento de la Contraloría, así contemplado en la Ley Orgánica de Secretarías de Estado, lamentablemente esta dependencia, a pesar su utilidad y pertinencia, desapareció en 1932, siendo presidente de México el General Abelardo L. Rodríguez. Entre 1933 y 1947 la función de control radicó principalmente en la Secretaría de Hacienda, y entre 1946 y 1976 en las secretarías de Hacienda, de la Presidencia, y de Patrimonio Nacional.
En 1982, Miguel de la Madrid Hurtado resultó electo presidente de la república y estructuró su programa de gobierno con base a siete ejes rectores o principios fundamentales, uno de los cuales fue Renovación Moral de la Sociedad.
Es conveniente destacar que, por primera ocasión, y con la creación de dicha dependencia, las autoridades federales reconocieron públicamente la gravedad de la corrupción pero también sostuvieron con firmeza, que los responsables de su proliferación no sólo eran los servidores públicos; al respecto Francisco Rojas, actual coordinador de los diputados federales priistas y primer titular de dicha dependencia, manifestó ante dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, en una reunión de difusión sobre El Marco Jurídico y Administrativo de la Renovación Moral, que "La renovación moral involucra a todos los mexicanos… la moral pública depende de cada ciudadano, cualquiera que sea su actividad y su condición social y económica. En ocasiones, cuando se habla de corrupción, se le quiere ubicar en un solo sector, generalmente en el público, con el claro interés de minimizar su presencia en otros sectores o grupos sociales".
Cuando Lauro Ortega Martínez rindió protesta como gobernador de Morelos, en esos tiempos, inicio una persecución contra el ex gobernador Armando León Bejarano, quien se refugio en Costa Rica, para evadir la acción de la justicia, la explicación del mandatario local fue en torno a que la sociedad lo señalaba de haber desviado dinero de las arcas públicas
LA AUDITORÍA SUPERIOR GUBERNAMENTAL
Desde el 2 de marzo de 1966, siendo gobernador Emilio Riva Palacio, se propuso al Congreso local, la creación de la Contaduría Mayor de Hacienda, como primer intento se encargaba de la revisión y calificación de las cuentas públicas del Gobierno del Estado y sus dependencias, de los Ayuntamientos y de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal, carecía de autonomía técnica y de gestión.
El último contador mayor de hacienda fue Antolín Escobar Cervantes, diputado por el PRD de 1994 a 1997 y Oficial Mayor del Congreso en la siguiente legislatura, el 11 de agosto de 2003 se reforma la Constitución y se crea la Auditoría Superior Gubernamental, y se designa como primer titular a la legisladora priista Diana Recio de Ramos, quien es separada del cargo, por enfrentamientos con los otros grupos parlamentarios, su salida se argumentó que carecía de título profesional para ser responsable de aquella área.
Así fue designado un simpatizante del Partido de la Revolución Democrática, Gerardo Casamata Gómez, en julio de 2008 se crea la Auditoría Superior de Fiscalización, asegurando que esta institución tendría mayores atribuciones y garantiza que no se repitan los desvíos de recursos que históricamente han lesionado el desarrollo social, del estado y de los municipios, queda al frente de la misma y para un periodo de 7 años que terminaría en el 2015, el propio Casamata Gómez.
La función de la Auditoría Superior de Fiscalización es la de fiscalizar las cuentas públicas de la administración pública centralizada, descentralizada y desconcentrada de los poderes y los ayuntamientos, los organismos autónomos constitucionales y en general todo organismo público, persona física o moral del sector social o privado que por cualquier motivo reciba o haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cualquier concepto.
El 8 de diciembre de 2010, el pleno del Congreso integrado por los grupos parlamentario del PRI, PRD, PANAL, PVEM, PC y PT, determinaron separar del cargo a Gerardo Casamata con el argumento de que pesa sobre el un proceso penal por emitir declaraciones falsas a una autoridad jurisdiccional, y fundamentaron esa determinación basados en el Artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 17 de la constitución local, por la incompatibilidad ahí expresada de que no se puede ser auditor y estar sujeto a un proceso penal y tener en contra un auto de formal prisión.
Fueron 21 votos de 30, los que determinaron la salida del funcionario al que desde que fue designado, se le señaló, por diversas causas, entre las que destacaban su simpatía por los funcionarios del Partido Acción Nacional, para separar del cargo al auditor, fueron necesarios 10 meses de denuncias, que fueron encauzadas por el diputado priista Fernando Martínez Cue, quien leyó el acuerdo y sus fundamentos, para anunciar la determinación del pleno.
Los coordinadores del PRI Omar Guerra Melgar y del PRD Rabindranath Salazar Solorio apoyaron la determinación y aseguraron que se cubrieron todos los requisitos legales para permitir que ese funcionario cumpliera con el asunto legal que enfrenta y así se respeto el ordenamiento emitido por el juez primero de distrito, también reconocieron que habían pesado las denuncias permanentes que estaban llegando al Congreso contra el desempeño de este funcionario, quien fue sustituido por el priista Luis Manuel González Velázquez.
Algunos especialistas en leyes, afirmaron que esta determinación fue arbitraria y ausente de la legalidad, al separarse de lo que marcan la constitución y algunas leyes vigentes los ánimos llegaron a un nivel en el que opiniones gubernamentales, sobre supuestas irregularidades de los legisladores fueron manifestadas por activistas ajenos a la causa inicial de ese proceso, y exigieron que se esperaran los legisladores hasta que el mismo causara ejecutoria, además desatendieron la advertencia del Poder Judicial de respetar los derechos laborales del ex auditor, y señalaron incluso que los legisladores no están facultados para separar de un cargo a funcionarios incluso que ellos designaron.
En 2005 ante los integrantes del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, ya como ex contador mayor de Hacienda, Antolín Escobar aseguró que: “Para que funcionen y respondan a las expectativas de la sociedad, los órganos de fiscalización deben estar dotados de la facultad para imponer sanciones. Esta es una corriente que viene desarrollándose muy recientemente en nuestro país, donde varios órganos de fiscalización que se han convertido o han transitado de contadurías mayores a órganos superiores de fiscalización están provistos de estas facultades”.
Agrega, quien además fue uno de los impulsores de la creación de un organismo fiscalizador con más autonomía y más atribuciones que: “Es una nueva modalidad en México y estamos trabajando para consolidar esta facultad derivadas de las auditorías y para que sea la entidad de fiscalización la encargada de desahogar los procedimientos administrativos y de imponer las sanciones correspondientes.
Pero quiero aclarar una cuestión, el fin último de las auditorías que practican los órganos de fiscalización no es imponer responsabilidades sino más bien es contribuir a identificar los errores u omisiones para que la institución mejore la prestación de los servicios públicos que tiene a su cargo. Ese es el fin último de la auditoría gubernamental”.
Sin embargo, si durante la ejecución de la auditoría se encuentran hechos ilícitos, esos merecen ser sancionados por la entidad de auditoría superior.
Estoy convencido de que en tanto las entidades de fiscalización no cuenten con las atribuciones plenas para el fincamiento de responsabilidades, su función es limitada y no va a cumplir con las expectativas de la sociedad.
En este aspecto, actualmente se están limitando algunos órganos de fiscalización, entre ellos a la Auditoría Superior de la Federación, para establecer sanciones o conocer de procedimientos de responsabilidades, solamente en los casos de resarcimiento de los daños que se ocasionan a los recursos públicos, debiendo traer aparejada la facultad para imponer sanciones cuando esos daños se ocasionaron con dolo por parte de un servidor público.
Si no es así, nos estamos conduciendo a una cadena interminable de procedimientos de responsabilidades, porque tendríamos a un órgano de fiscalización que impone sanciones o que obtiene a través de procedimientos el resarcimiento del daño y luego se tendría que abrir un segundo capítulo para imponer sanciones administrativas por esa conducta concluye el ex funcionario.
LA RENOVACIÓN MORAL DE LA SOCIEDAD
La propuesta de creación de la contraloría, advirtió la intención que tuvo Miguel de la Madrid de “ajustar cuentas y establecer diferencias” con quien fuera su jefe y antecesor José López Portillo, dentro del marco de transmisión de poderes que se daba cada sexenio entre presidentes a nivel nacional y gobernadores en cada entidad, un acto “protocolario”, era la “invitación al mandatario saliente a que dejara de inmiscuirse en los asuntos públicos”, ya que José López Portillo había nombrado embajador en una lejana región del planeta a su antecesor Luis Echeverría Álvarez .
En cada sexenio desde Los Pinos se ordenaba la realización de señalamientos contra los ex funcionarios que mayor amistad mantenían con el mandatario saliente y más distanciados estaban del nuevo titular del Poder Ejecutivo, por ello, en todo el mundo se le dio seguimiento al proceso sobre el desafuero y posterior consignación contra el ex director de Pemex, y en ese momento senador de la república por el Estado de Sonora Jorge Díaz Serrano.
El periódico ‘El País’ de España reseñó el 9 de julio de 1983 así el suceso: “Jorge Díaz Serrano, multimillonario, con una carrera en la administración mexicana absolutamente meteórica es acusado ahora de ladrón y estafador. El padre de petróleos mexicanos, el ingeniero brillante que en cuatro años convirtió a México en la cuarta potencia petrolífera mundial, que triplicó su producción y multiplicó sus reservas por 10 y garantizó el oro negro para más de medio siglo, es hoy apenas un senador en capilla, acusado en los periódicos de ladrón y estafador, que muy pronto será desposeído de su inmunidad parlamentaria para pasar a la cárcel”.
Junio es un mes fatídico para Jorge Díaz Serrano. Hace dos años tuvo que renunciar a la dirección de Pemex, la empresa estatal mexicana del petróleo, tras una baja apresurada en el precio del crudo, de la que los ministros económicos se enteraron por la prensa de Nueva York. El último 29 de junio fue informado de que la Procuraduría de la República había presentado contra él cargos formales por un fraude de 34 millones de dólares.
Nacido hace 62 años en Nogales, en las tierras norteñas de Sonora, que habitan los estoicos indígenas Yanquis, hijo de un agrónomo de modestos recursos, Díaz Serrano sería en Estados Unidos el perfecto ejemplo del “Self made man”.
Huésped de oscuras posadas en la capital, a los 20 años terminó sus estudios de ingeniero mecánico; a los 40 era socio de importantes empresarios norteamericanos, como el vicepresidente actual George Busch, y a los 52 convertido en un hombre muy rico, aún le quedó tiempo para obtener una maestría en Historia del Arte.
Creador de, por lo menos, cuatro empresas privadas vinculadas con el mundo del petróleo, Díaz Serrano tuvo siempre cierta debilidad por el poderoso vecino del Norte, del que admira su eficacia y su modelo de vida. Esta fue la razón de que su nombramiento como director general de Pemex, en diciembre de 1976, fuera mal recibido en los medios nacionalistas mexicanos, recelosos siempre ante una excesiva dependencia de Estados Unidos.
A favor de su designación había tres argumentos: era tan inmensamente rico que no necesitaba echar mano de los fondos públicos para aumentar su cuenta corriente (eso fue lo que la opinión pública pensó en un primer momento); como empresario privado había demostrado una eficacia que faltaba en la industria estatal del petróleo, y por encima de todo, era amigo personal del nuevo presidente.
Esta cercanía del poder absoluto fue su perdición. Convirtió a Pemex en una finca particular, cuyos asuntos despachaba directamente con el amigo, sin pasar por los ministros económicos, de los que dependía teóricamente.
Se ganó la enemistad de Miguel de la Madrid y José Andrés de Oteyza, que forzaron su dimisión tras una baja del precio del crudo, que desencadenaría una reacción en cadena en los mercados mundiales.
Estados Unidos, antes que su propio gobierno
La evolución posterior les has dado probablemente la razón: el mercado estaba saturado de petróleo y para mantener la cartera de clientes era necesario bajar los precios. Se le reprochó el haber informado de la baja antes a los compradores estadounidenses que a su propio Gobierno y haberse comportado como un esquirol de la OPEP. En ese momento se acabó su meteórica carrera administrativa. Incluido en las listas de presidenciables, su amigo López Portillo le elogió públicamente en su tercer informe de Gobierno y, en 1981 fue el orador central de la reunión de la república.
Desde su dimisión en Pemex, la prensa se lanzó tras él, sin que fuera suficiente el nombramiento de embajador en Moscú y su elección como senador. Uno tras otro surgieron malos manejos, que han costado miles de millones al Estado.
¿Por qué un multimillonario se prestó a este juego? ¿Por qué ha aceptado convertirse en el pagano de la administración que prometió riquezas al país y lo dejó endeudado para una década? ¿A quién está protegiendo?
Preguntas que tal vez queden sin respuesta en el proceso. Asiduo lector de los estoicos, heredero, al fin de los yanquis impasibles, no va con él la acusación contra el padrino.
Se limita a pregonar su inocencia, aun con abrumadoras pruebas en su contra, y se congratula de estar en México, donde dice que se respeta el derecho.
El mismo día en que se le notificó su procesamiento escribía en su columna habitual del Excelsior: “Las decisiones de nuestro gobierno son inteligentes, oportunas y generadoras de confianza”. Por decisión de ese gobierno ahora ni siquiera puede manejar sus millonarias cuentas corrientes ni salir de su casa sin que le acompañe una treintena de policías.
Aquí concluye el reportaje, Díaz Serrano paso un tiempo recluido, y falleció a los 89 años de edad el 25 de abril de 2011, tras el fallecimiento de José López Portillo, únicamente aclaró que él fue un colaborador disciplinado con quien le dio la oportunidad de trabajar en el gobierno. Cuando dejo de existir, se recordó que llevo a México al cuarto lugar mundial como productor de crudo.
EL SHA DE IRÁN Y LA SILLA DE ZAPATA
Durante el gobierno de Armando León Bejarano, al que muchos señalan como el más corrupto de los últimos años, en Morelos vivió durante 122 días Mohamammad Reza Pahlevi, El Sha de Irán, quien falleció en El Cairo al año siguiente, su salida se debió a la necesidad de la familia imperial de Irán de encontrar un lugar seguro donde vivir, pues el 13 de mayo el ayatollah Jajali, acusado de haber dado muerte por órdenes directas de todos ellos a centenares de iraníes.
Así lo publicó el 19 de junio de 1979 el periódico ‘El País’ de España: “Un comando musulmán iraní se encuentra en México para asesinar al sha y a su familia, según afirma el diario Bambad, de Teherán. El rotativo iraní, de tendencia liberal y de amplia difusión, asegura que los hombres del ayatollah Sadeq Jajali ya estuvieron en las Bahamas a la caza y captura de la familia imperial y que ahora se han desplazado a México tras el rastro de los Reza Pahlevi, que en la actualidad se encuentran en una finca de la ciudad de Cuernavaca, propiedad del banquero mexicano Manuel Espinosa Iglesias. (Creador de Bancomer, que fue estatizado junto con todos los bancos durante el último informe presidencial de López Portillo). Si no fuera por el fanatismo y la capacidad de mando a distancia que ejercen los ayatollahs sobre sus fieles creyentes, habría que tomar a broma la historia del comando imperial de la muerte que preside Jajali, el jefe religioso iraní que el pasado 13 de mayo condenó a muerte a la familia imperial y ofreció todo tipo de inmunidad política para quienes quitaran la vida a los protagonistas del más lujoso éxodo de nuestro tiempo. Simbolizó el inicio de la impunidad y los abusos de gobernantes sobre gobernados, el movimiento en su contra en Persia se sustento en las denuncias públicas del enriquecimiento de algunos y la explotación contra otros por no estar cerca del poder, desde que fue coronado en 1941, concilió los intereses ingleses y norteamericanos en su territorio.
Fueron tiempos de excesos en México y Morelos participó con singulares eventos. Entre ellos destaca el que Armando León Bejarano le regalara a José López Portillo la silla que montó Emiliano Zapata Salazar el día que fue asesinado en Chinameca y que recientemente fue reintegrada al pueblo de Morelos por la viuda del ex presidente, la señora Sasha Montenegro, para donarla al Museo de la Revolución del Sur en Tlaltizapán. Cuenta la historia que junto con el caballo fueron un regalo que le dio el General Jesús Guajardo en prueba de su amistad, antes de asesinarlo el 10 de abril de 1919.
La montura perteneció a López Portillo durante tres décadas y le fue obsequiada en 1976, al inicio de ambas administraciones (1976-1982) por el entonces gobernador morelense Armando León Bejarano, y aunque será exhibida en el mencionado recinto, los hijos de Sasha y López Portillo seguirán siendo sus propietarios, para evitar que vuelva a ser regalada.
Acerca de la silla se narran leyendas que abonan al mito elaborado sobre el ‘Caudillo del Sur’. Una de ellas señala que tras la muerte de Zapata, su caballo, llamado As de Oros, corrió sin rumbo hasta que fue alcanzado por el oficial Francisco Mendoza, quien lo regaló a un familiar suyo.
A partir de ahí la silla fue pasando de mano en mano hasta llegar al presidente municipal de Jojutla, quien a su vez la obsequió al entonces gobernador de Morelos Rodolfo López de Nava. Años después llegó a manos de Armando León Bejarano, quien se la dio a López Portillo.
El manejo de los inventarios y haberes oficiales se creó durante el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando se determinaron los primeros valores máximos de los regalos que podían recibir los funcionarios, no era delito sustraer algún objeto con valor histórico y utilizarlo para congraciarse con algún funcionario de mayor jerarquía o simplemente llevárselo a su casa, las “leyendas urbanas” afirman que muchos monumentos nacionales están en las propiedades privadas de funcionarios, incluidos los de Morelos. López Portillo determinó que se entregara bajo resguardo al gobierno hasta después de su muerte. Su voluntad está cumplida.
Documentos notariales confirman que la montura ha sido autentificada. La silla estuvo muchos años en casa de Gil Muñoz Zapata, sobrino del ‘Caudillo del Sur’.
SIN PROYECTO GUBERNAMENTAL
Asegurar que con el presupuesto gubernamental se cumplan objetivos que permitan remontar las necesidades indispensables y urgentes de quienes están al margen de desarrollo no es prioridad gubernamental, según estudiosos, por ello es que las estructuras para la revisión del gasto gubernamental, se limitan a anunciar públicamente que se tiene un “frente abierto” contra aquellos que desde el ejercicio del poder, pretenden obtener beneficios personales con recursos que deben aplicarse a la atención de necesidades colectivas.
En 1982, el gobierno federal propuso que "la renovación moral de la sociedad de urgente necesidad política y una enfática demanda popular requiere del cumplimiento escrupuloso de nuestras leyes, de la intransigencia de todos frente a la inmoralidad pública y privada y de la reacción oportuna contra los fenómenos de la corrupción en sus orígenes. Renovación moral significa gobernar con el ejemplo".
Hasta la fecha con diferentes nombres no se ha logrado disminuir la impunidad, el cinismo y la corrupción que hoy provoca que la sociedad se manifieste para exigirle al aparato gubernamental, que tome ya el camino de la constitución y basado en los mandatos de la carta magna estructuren programas y acciones que inicien un proceso de reconstrucción del tejido social y la elevación de vida de todos los ciudadanos.
El gobierno federal a impuesto la agenda del combate a la delincuencia organizada y como estructura monotemática, ha dejado para la siguiente administración la revisión, clasificación y vigilancia de los niveles de eficiencia y de ineficiencia con los que opera el gobierno.
No existe comparación, en múltiples rubros, con cifras concretas se puede demostrar que existe una enorme transformación de México y Morelos desde la llegada de los gobiernos panistas y que el combate a la pobreza ha dado resultados alentadores y seguirá siendo uno de los principales compromisos del Gobierno, una pobreza que el PRI con su acostumbrada y añeja adicción a la corrupción supo ignorar, maquillar y endosar a las administraciones panistas.
Sólo por mencionar algunos datos comparativos con los Gobiernos del PRI, el PIB per cápita, medido en dólares reales, ajustados por poder de compra, es lo doble de lo que era en 1980, es decir tenemos el doble de ingreso del que teníamos en la década de los ochentas.
EXPLICACIÓN PANISTA
La tasa de inflación en aquellas épocas era del 70%: si algo costaba 100 pesos en enero, al final de ese año costaba 170 pesos. En esta década la inflación es del 5%.
El tipo de cambio se deprecio en la década de los ochentas (José López Portillo y luego Miguel de la Madrid) en un 68%; en la década de 2000 al 2010 llevamos una depreciación de 2.8%. Advierte la dirigencia del Partido Acción Nacional en Morelos.
En 1976 el PRI nos convocó a administrar la abundancia y en 1982 el país terminó declarando la moratoria en los pagos de la deuda externa. "Ese año, por cierto, el peso —al que se defendería como un perro— se devaluó de 19 pesos en febrero de 1982 a 170 pesos por dólar, a finales de ese año. En los siguientes seis años, cuando el presidente en turno prometió que el país no se nos caería de las manos (Miguel de la Madrid), el peso llegó a 3 mil 200 pesos por dólar." Los anteriores son datos ofrecidos por el secretario de hacienda en su comparecencia ante los diputados federales, con lo que es evidente que existe una enorme diferencia entre la forma de gobernar de Acción Nacional y el Revolucionario.
En nuestro Estado los gobiernos panistas han dejado huella de desarrollo y se ha privilegiado la atención a las familias más necesitadas y se puede comprobar en rubros como la salud, ya que tan sólo en el actual Gobierno Estatal han sido ampliados y remodelados hospitales y centros de salud y sustituido obras hasta con 60 años de antigüedad. El padrón de beneficiarios del Seguro Popular en Morelos se incrementó 156.6% de 2006 a este año, pasando de 328 mil 296 a 842 mil 312 beneficiarios respectivamente, con lo que se dejo atrás el abandono que mantuvieron los gobiernos priistas por muchas décadas este fundamental tema para las familias morelenses.
En términos de impartición de justicia, gracias a la iniciativa del gobernador del estado se implementaron en Morelos los juicios orales, con lo que se sacó de la oscuridad corruptora estos procesos en donde hoy se ofrece mayor certidumbre jurídica a la sociedad.
Aunque los padres de la corrupción hoy se niegan por razones obvias a recordar las épocas negras que le heredaron a México, basta sólo con recordar que el 2 de octubre de 1968 la masacre en contra de estudiantes que se atrevieron a protestar, fue dirigida y avalada por las altas esferas del gobierno priista y que la orden fue reprimir a las y los atrevidos jóvenes que levantaron la voz en contra de un gobierno represor e intolerante. Actualmente para el Partido Acción Nacional los estudiantes representan uno de los sectores más valiosos y los gobiernos emanados de nuestro partido han sido, son y serán absolutamente respetuosos del ejercicio de sus libertades. Por todo lo anterior, existe una enorme diferencia entre la forma de gobernar de ayer y de hoy.
Así establece el PAN Morelos, las diferencias en el estilo de gobernar, luego de una serie de criticas en torno a el incumplimiento de las expectativas que la sociedad tenía sobre su capacidad de gobernar luego de casi 11 años de que asumieron la gubernatura y la presidencia de la república.
Los congresos plurales no tienen ninguna diferencia con los hegemónicos de los 70 años anteriores, en cuanto a la intención de generar esquemas de rendición de cuentas y vigilancia del gasto gubernamental, que le permitan a la sociedad mantener vigilancia estricta sobre la forma como aplican el dinero, por ello hoy a diferencia de la opinión panista vertida en el anterior documento y la respuesta que pueda tener el mismo por parte de partidos políticos, sin distinción de instituto político, la mayoría de los electores no tiene confianza en los partidos y mucho menos en quienes buscan candidaturas para la siguiente contienda.
Los 12 años de democracia y transición y alternancia no arrojan ningún resultado en cuanto a la certeza social sobre el manejo del dinero público y por ello las actividades económicas informales y la evasión tributaria siguen avanzando, así como las cifras de empleos informales, reflejo del desorden administrativo que no aceptan corregir.
