Incluso, Antonio Tallabs Ortega, el consejero de la judicatura y ex diputado que en el 2002 provocó polémica con la apodada “ley Tallabs”, y consideró que el tema debe reflexionarse y replantearse porque se atenta contra la presunción de inocencia y ciudadanos podrían ser privados de la libertad injustamente.

La presidenta de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Adela Manzanarez Alonso, expresó que la reforma aprobada por los legisladores la semana anterior fue hecha al vapor, excluyó la opinión de los litigantes y atenta contra los ciudadanos que de buena fe adquirieron un vehículo.

“Yo considero que fue una reforma al vapor, sin el consenso, y que perjudica a la sociedad. Me refiero a la sociedad que está actuando dentro del marco legal, que compra un vehículo, que le dan una factura y que piensa que el vehículo está bien, pues el ciudadano no es perito ni experto para determinar si la factura que le dan es falsa”, dijo.

Afirmó que los diputados, antes de fraguar esta reforma y prácticamente anular la figura del comprador de buena fe, debieron consultar las opiniones del Foro Morelense de Abogados (integrado por diversas agrupaciones) “porque aquí tal pareciera que quitaron al comprador de buena fe y eso me parece gravísimo”, ya que se corre el riesgo de privar de la libertad a personas que adquirieron un auto sin saber que era de procedencia ilícita.

Por ello, exigió al Poder Legislativo frenar la vigencia de la reforma al Código Penal y solicitó al Congreso que haga una contrarreforma corrigiendo todos los vicios y, si es necesario, hacer una reforma integral como ya se está haciendo al Código de Procedimiento Penales, “no para beneficiar a quienes infrinjan la ley sino al ciudadano que se dedica al buen vivir”.

De igual forma, agrupaciones como la Asociación de Abogados Penalistas y el Colegio Morelense de Abogados han considerado pertinente frenar la vigencia de la reforma , sin embargo la decisión está en manos del Poder Ejecutivo, quien deberá definir si publica o no la reforma en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” para que entre en vigor.

Por otra parte, el ex diputado panista y actual consejero de la Judicatura Antonio Tallabs Ortega, quien en el 2002 propuso la adición del artículo 176 bis en el Código Penal (cuya iniciativa mereció el mote de “ley Tallabs”) sostuvo que “la inquietud legislativa es valorable en cuanto a que el robo de vehículos es de gran incidencia en el estado y hay que combatirlo, pero no de la forma en que lo definieron, ya que el 2002 cuando se legisló sobre el polémico tema también se planteó la creación del Registro Estatal de Vehículos y la obligación de los propietarios de inscribir los autos, pero por diversas razones dicho registro no ha sido creado”.

“Yo haría un llamado a la reflexión, sobre todo pensando en la figura del comprador de buena fe, porque en nuestro tiempo fue una discusión muy amplia y difícilmente pudimos dar con una fórmula, y actualmente la echan por tierra y hay que poner a salvo la presunción de inocencia y sobre todo al comprador de buena fe”, afirmó.

Consideró prudente frenar la publicación en el órgano oficial de difusión el decreto de reforma al artículo 176 bis del Código Penal, mientras se entra a un proceso de reflexión para medir su alcance y no dañar a personas inocentes.

Además, agregó que debe subsanarse el tema del Registro Estatal de Vehículo, pues si bien se esperaba que se creara a nivel nacional, es necesario subsanar y para ello el Congreso tiene que destinar un presupuesto y el Poder Ejecutivo realizar una serie de procedimientos.