En reunión del órgano legislativo, el grupo parlamentario del PRI no logró los 20 votos a favor que se requerían para que el proceso en contra del jefe del Ejecutivo diera inicio y se remitiera a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.

Lo anterior se dio luego que el presidente de la Junta Política y de Gobierno Luis Miguel Ramírez Romero presentara el informe, hecho por el área jurídica del mismo órgano legislativo, a la solicitud presentada por el abogado laboralista el pasado 15 de diciembre.

En el dictamen de improcedencia de juicio político que presentó el coordinador de los panistas, se planteó primero, que en el expediente del demandante los hechos enumerados no fueron vinculados con las pruebas, por lo que no se fundamentó bien la solicitud.

Segundo, se basaron en la jurisprudencia Número. 163614, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se marca que para los casos específicos de las determinaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el gobernador del estado ni el secretario de gobierno tienen competencia directa, por lo que no pueden ser enjuiciados por omisión al respecto.

Hay que recordar que el abogado Marco Antonio García García fundamentó su solicitud de juicio político con los 3 mil procesos laborales no resueltos.

Al respecto, Luis Miguel Ramírez Romero aseguró que la determinación de la Junta no se partidizó, toda vez que el dictamen se sometió a votación de los coordinadores parlamentarios. Cabe destacar que dicho documento presentado por el legislador panista, obtuvo 11 votos a favor y 14 en contra, sin embargo para que procediera el juicio político se requerían 20 votos como mínimo.

De esta forma, quedó de manera formal desechada la petición para someter a juicio político al mandatario morelense. Sin embargo, la Junta Política y de Gobierno habrá de resolver otra solicitud pendiente, que fue presentada al Congreso local por organizaciones no gubernamentales en febrero pasado.