Porcicultores aseguran que Juan Román Reynoso exige dinero a cambio de la entrega de recursos públicos.

Productores de ganado iniciaron una queja ante la Secretaría de la Contraloría en contra de Juan Román Reynoso, director de Ganadería y Acuacultura del estado, por presuntos actos de corrupción, que incluso podrían caer en la extorsión. 

En conferencia de prensa, integrantes de la Asociación de Porcicultores del estado de Morelos dieron a conocer que iniciaron un proceso administrativo y analizan acciones de tipo penal en contra de dicho servidor público. 

Los productores -entre ellos el gerente de la agrupación, Fernando Aguirre- aseveraron que el miércoles hubo una reunión de productores del ramo, en la que se hicieron señalamientos directos, pero el propio funcionario se encargó de “reventarla” (ponerle fin) ante los cuestionamientos. 

Los inconformes dieron testimonio en el sentido de que dicho funcionario estaría cobrando cuotas a proveedores y a productores a los que les aprobaron recursos públicos; incluso ha llegado en estado de ebriedad a algunas reuniones.  

La denuncia de los quejosos señala que Román Reynoso condiciona la autorización de proyectos al pago de dinero con fines personales. Pusieron como ejemplo que pidió 150 mil pesos a productores de leche; a otros les solicitó 200 mil pesos para autorizar fondos públicos para productores de borregos; en otro más de compra de vaquillas de reemplazo por enfermedad, en el que dicho funcionario ordenó a quién depositar el recurso como proveedor y entregaron animales de muy mala calidad, cuyo precio es mucho menor al contemplado en los documentos.  

“Ya basta, esto es un mensaje para quienes incurren en corrupción… los productores podemos estar dispuestos a trabajar, pero no somos tontos”, expresó el vocero, quien mostró los documentos. 

Los inconformes demandaron al gobernador poner orden en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) y pidieron a la actual titular, Katia Isabel Herrera Quevedo, investigar a fondo y actuar de inmediato, al indicar que no es la primera vez que identifican anomalías presuntamente cometidas por parte de personal de la dependencia.