El gobierno del estado ya analiza los expedientes de internos de las diferentes cáceles de Morelos, para la aplicación de la Ley de Amnistía recientemente aprobada por el Senado de la República.

Así lo informó el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, quien en otro orden de ideas aseguró que el ejecutivo estatal no aplicará medidas coercitivas que estén por encima de los derechos constitucionales para limitar el contagio de covid-19.

El funcionario local mencionó este martes que la prohibición o limitación del libre tránsito no es facultad de las autoridades municipales o del gobierno estatal. Incluso para imponer esa restricción sería necesario un decreto de suspensión de garantías emitido por el Congreso de la Unión.

Manifestó que durante la fase tres de transmisión declarada a partir de ayer, se llevarán a cabo las acciones para convocar a la población a respetar estas medidas de mitigación de la transmisión de coronavirus, invitándola a quedarse en casa, en acciones conjuntas con elementos del Ejército e instancias municipales.

Entrevistado respecto a la aprobación de la Ley de Amnistía presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobierno dijo que falta tiempo para que sea decretada y entre en vigor la norma, pero ya trabajan en el análisis sobre los alcances de la nueva legislación.

Además, ya iniciaron la revisión de los expedientes de presos en Morelos, para determinar quiénes podrían ser beneficiados con dicho marco jurídico.

Cabe recordar que, conforme al dictamen de aprobación de la multicitada Ley de Amnistía, los beneficiarios tendrán que cumplir con tres condiciones: que las personas hayan cometido un delito por primera vez, siempre y cuando no hayan sido delitos graves como el secuestro o la privación de la vida. Además, no tendrían que haber utilizado armas de fuego en la comisión de tal ilícito.

Si se contempla la amnistía (que implica preliberación) a quienes hayan cometido delitos contra la salud como portación de drogas, o por aborto, robo simple (sin violencia ni armas de fuego), a presos políticos y a indígenas que no hayan tenido un juicio con intérpretes en su lengua.

En el caso de presos políticos, se advierte que se aplicaría a condenados por sedición, con excepción del terrorismo.