El secretario de Gobierno dice que ya no se puede dar más cobertura de seguridad personal a alcaldes, porque el 40 por ciento de la fuerza policiaca ya se dedica a cumplir protección.

El secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas dio a conocer que el 40 por ciento de los elementos policiacos estatales y de los municipios están asignados a cumplir medidas de protección, por lo que son separados de otras áreas importantes. Refirió que al menos cinco alcaldes han expresado en la mesa de coordinación para la seguridad que han sido amenazados por grupos delictivos.

El secretario acudió este martes a la sesión ordinaria de Consejo Estatal de Protección Civil y antes del acto oficial, fue entrevistado sobre el llamado del alcalde de Amacuzac, Ramiro Iturbide Parra, quien pidió protección, pues solo cuenta con un elemento para su vigilancia.

El secretario de Gobierno dijo que no hay condiciones para cumplir la demanda del edil.

Cabe recordar que el pasado cuatro de marzo fue asesinado Jorge Miranda Gallegos, hermano del ex alcalde de Amacuzac Alfonso Miranda Gallegos (hoy preso por presunta delincuencia organizada) y tío de Santiago Mazari Hernández, alias "El Carrete", recluido por ser presunto integrante del grupo delictivo "Los Rojos". 

Iturbide Parra sustituyó en la alcaldía al exlegislador local Alfonso Miranda, quien fue detenido antes de tomar protesta como edil y saltó a la escena pública porque desde la cárcel “inauguró” varias obras y por teléfono dio el grito de independencia en septiembre del año pasado.

Ojeda Cárdenas informó que hace una semana y media se reunió con el presidente actual de dicha localidad y con ediles de otros municipios de esa región del estado, en el grupo de coordinación para la seguridad, y se les explicó el modelo de atención que se pondrá en marcha en esa zona -dada la incidencia de algunos delitos- para protección de la comunidad.

Expresó que al menos cinco presidentes municipales han expresado en la mesa para la seguridad y la paz que han sido objeto de amenazas; sin dar nombres expuso que fueron atendidos y escuchados. Se hizo un análisis de riesgo para actuar conforme a los protocolos que existen para tales casos, pero el funcionario respondió de manera contundente que no es factible disponer de más escoltas.

Pablo Ojeda reveló que el 40 por ciento de los elementos de seguridad pública, tanto estatales como municipales, “están asignados a algún tipo de medida de protección”.

Al ser cuestionado sobre quiénes son protegidos con tales medidas, refirió que se trata de algunas personas solicitadas por la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, algunas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Mecanismo federal de protección a periodistas, “de todas las instancias que ordenan medidas de protección”.

El responsable de la política interna mencionó que ya se informó a los alcaldes que se tiene que buscar alguna forma de generar condiciones de seguridad en sus municipios que les permitan desempeñar su función: “estamos generando mayores medidas de protección y se evalúa caso por caso, e implica un sacrificio, porque los policías que están asignados están siendo retirados de otras áreas importantes”.

Reiteró que en Morelos el número de efectivos policíacos es reducido, por lo que buscan fortalecer la academia estatal de Policía, de la cual egresaron recientemente 120 elementos, además de que se abrió la convocatoria para reclutar a más jóvenes. Insistió en que el estándar internacional señala que debe haber tres policías por cada mil habitantes, y la proporción en Morelos no llega “ni a uno y medio.”

El secretario de Gobierno respondió en la entrevista, sobre la ausencia del jefe de la oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, cuya comparecencia cestaba programada para la mañana de este martes. Comentó no tener información detallada sobre el hecho, pero refirió que hasta donde tiene conocimiento la reunión de José Manuel Sanz con legisladores locales con motivo de la glosa del informe se pospuso para el próximo jueves.

Respecto a la investigación anunciada por el gobierno federal sobre las finanzas de “un funcionario estatal”, Ojeda Cárdenas expresó: Yo reiteraría lo que dijo el gobernador, en Morelos no se solapará la impunidad, colaboraremos con las investigaciones de las instituciones, sobre cualquier servidor púbico que se requiera y trabajaremos de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera, incluso con el ofrecimiento de firmar un convenio de colaboración para ayudar en todos los casos que se requiera información”.

El secretario apunto que de hecho ya se trabaja en la propuesta del documento, al tiempo de declarar que en el gobierno estatal están a favor de la transparencia y rendición de cuentas, con el compromiso de todos los funcionarios del estado de ejercer con honestidad y probidad su trabajo.