El secretario de Gobierno afirma que deberá ser sustituido porque  ha perdido sus derechos políticos.

El último día de este mes vence la licencia del alcalde electo de Amacuzac Alfonso Miranda Gallegos -quien se encuentra recluido en un penal de Durango- que debido a su condición jurídica, pierde sus derechos políticos, afirmó el secretario de Gobierno Palo Ojeda Cárdenas, quien adelantó que ya notificó de esta situación al cabildo de esa localidad.

El responsable de la política interna expuso que Miranda Gallegos está inhabilitado como resultado del proceso jurídico que enfrenta.

Cabe recordar que Miranda Gallegos fue detenido e imputado por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y secuestro, e incluso resultó electo sin haber hecho campaña.

El también exlegislador local permanece en la prisión federal de Durango, desde la cual presuntamente ha “inaugurado” obras y en días recientes encabezó la ceremonia de “El grito” por el aniversario de la independencia nacional. Todo lo anterior mediante llamadas telefónicas.

Pablo Ojeda informó este viernes que ya notificó al cabildo de Amacuzac que Miranda Gallegos tiene suspendidos sus derechos político-electorales y la licencia que le había conferido el cabildo vence el último día de este mes y ya no puede ser renovada.

Por lo tanto, la norma indica que el cabildo debe llamar al suplente y, de no ser factible, deben nombrar de entre los miembros del cuerpo edilicio un alcalde interino, en tanto que el gobernador del estado conforma una terna y la envía al Congreso; el Poder Legislativo designa a quien asumirá la presidencia municipal para lo que resta del período constitucional.

El secretario de Gobierno aseguró que el Ejecutivo enviará una terna de personas que cumplan con el perfil para desempeñar legalmente dicho encargo.

Respecto a las versiones publicadas en el periódico Reforma sobre la presencia y la infiltración de la delincuencia organizada en dicho Ayuntamiento, Ojeda Cárdenas expresó que “no es secreto”, y las autoridades actuales han dicho públicamente en varias ocasiones que se están haciendo investigaciones, pues hay estructuras municipales infiltradas, especialmente algunos elementos policiacos.

En otro orden de ideas informó que la próxima semana se firmará un convenio con la Fiscalía General del Estado con el objetivo de que se apliquen exámenes de control de confianza a policías a bajo costo.

Refirió que actualmente cuesta alrededor de ocho mil pesos por cada elemento; además, las estadísticas arrojan que sólo uno de cada diez que se somete a la prueba la pasa.

Con este acuerdo iniciarán la depuración de quienes están integrados en el Mando Coordinado.

Los gastos serán cubiertos por el gobierno estatal y los municipios.