Personal de la Fiscalía permanecerá inscrito bajo la modalidad 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Ejecutivo estatal refrenda su respeto a la base trabajadora y establece mecanismos que permiten la dignificación y estabilidad laboral de quienes prestan sus servicios en la Fiscalía General de Morelos, con quien se mantiene una relación estrecha y de respeto.
Derivado de las mesas de trabajo se realizó un análisis y formularon los acuerdos que garantizan el apoyo del Poder Ejecutivo, para que los más de mil quinientos trabajadores no se vean afectados en el desempeño de sus funciones, esto dentro de la autonomía constitucional con que cuenta la Fiscalía General.
La administración que encabeza el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, manifiesta su apoyo para quienes con su trabajo fortalecen las instituciones, lo que permite reforzar los esquemas de atención, al garantizar a la base trabajadora el acceso a la seguridad social como hasta el momento ha sucedido.
El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, reconoció la voluntad política y la sensibilidad del jefe del Ejecutivo, al establecer el compromiso de reforzar las acciones desde el Gobierno estatal para que los trabajadores de la institución encargada de la procuración de justicia no pierdan los derechos adquiridos hasta el momento.
Derivado de lo anterior y en pleno respeto de la autonomía constitucional otorgada a la Fiscalía, este martes su titular Uriel Carmona y la secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, signaron un documento en donde se garantiza que la plantilla laboral de la Fiscalía General permanece inscrita bajo la modalidad 10 ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que se vean afectados sus derechos de modo alguno.
Resultado de las mesas de trabajo, se acordó la publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de los nuevos tabuladores de la Fiscalía General y con ello, se atienda la exigencia sobre el aumento de sueldos para los trabajadores que desde hace más de 15 años no han sido beneficiados con la adecuación de los mismos.
Es importante señalar que tanto el Poder Ejecutivo como el organismo constitucional autónomo de procuración de justicia manifestaron siempre una disposición al diálogo y trabajo conjunto para preservar los derechos adquiridos por los trabajadores y con ello un beneficio para sus familias.