Integrantes de la CNTE enumeran inconsistencias en la convocatoria a dos mil 500 maestros de Morelos.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron que alrededor de 200 maestros iniciaron ayer lunes una demanda de amparo en contra de la evaluación de permanencia a la que fueron convocados, con el argumento de que se violó lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional Docente.

De esta manera buscan detener el proceso en la cuarta etapa, que ya comenzó, y para la cual fueron convocados dos mil 500 profesores de Morelos.

Consideran que con dicha estrategia judicial quedarían protegidos legalmente, en tanto que el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador y la mayoría de los legisladores en el Congreso de la Unión logran cancelar la “mal llamada” reforma educativa y eliminan “la evaluación punitiva”.

En conferencia de prensa, los representantes de la CNTE argumentaron que formularán las demandas con asistencia de abogados de la organización.

Entre los argumentos que van a esgrimir se encuentra el que no fueron notificados en tiempo y forma. La mayoría de los profesores que han sido llamados a esta etapa de evaluación recibieron el aviso en la última fecha del 3 de agosto, cuando firmaron la notificación. De acuerdo con la ley, según los denunciantes, se debió cumplir este requisito con anticipación de tres meses, por lo que no les dará tiempo de recabar las evidencias de su labor pedagógica y demás indicadores de evaluación, y tampoco les sería posible prepararse para el examen.

Por otro lado, resulta que no se ha cumplido con la norma en cuanto a la capacitación por parte de las autoridades, como lo estipula la multicitada legislación vigente.

Añadieron que otro de los aspectos por los que pedirán la protección de la justicia federal para que sea declarada suspendida la evaluación, es que no hay un criterio de selección por el cual esos dos mil 500 docentes fueron convocados para esta etapa.

No hay ningún informe, a decir de los inconformes, sobre el motivo por el que fueron seleccionados, ya que lo mismo fueron llamados maestros con cinco años de antigüedad, que otros que llevan hasta de 28 años de servicio.

Denunciaron que los errores llegan al grado de que otros docentes ya no están en servicio y “salieron notificados”. Otros más fueron citados en escuelas donde ya no laboran y en algunos casos están equivocados los datos de los trabajadores, con errores en la Cédula Única de Identificación Poblacional (CURP), entre otras anomalías que ellos consideran suficientes como para obtener el amparo de un juzgado federal.

Los integrantes de la CNTE llamaron a los trabajadores de la educación a sumarse a esta estrategia para evitar consecuencias y defender por la vía legal sus derechos.

Argumentaron que las autoridades federales y locales están infringiendo la ley porque el último período de notificación fue la semana pasada, es decir, fuera del término legal.

Mencionaron que la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha realizado visitas a los centros de trabajo para dar capacitación u orientación, pero enfatizaron que por norma es la autoridad educativa la que tiene que cumplir con ese rubro.  

Añadieron que conforme al calendario del Servicio Profesional Docente, ya comenzó la primera fase de la evaluación, para la cual se tendría que subir documentación (evidencias) a la plataforma digital, pero cuando algunos maestros fueron notificados ya había pasado ese período, con el riesgo de que ya les hayan “cerrado la plataforma” citada y les sea imposible, en un momento dado, presentar esos informes.

Cabe recordar que el examen está programado para el próximo mes de noviembre. De tal suerte que esta es otra posibilidad que se plantea ante los dos y medio millares de maestros que están en la disyuntiva de realizar o no dicha evaluación, por la serie de versiones encontradas que se han dado a conocer respecto al tema.

Como se informó oportunamente, la SEP sostuvo que no se cancelará la evaluación y continuará el proceso en las fechas ya programadas para este año 2018. El propósito de la CNTE es que sea el Poder Judicial el que ordene la suspensión mediante un juicio de amparo, mientras se modifica la Constitución y demás leyes relativas a la reforma educativa, como lo prometió en campaña la coalición Juntos Haremos Historia, que hoy tiene mayoría en el Poder Legislativo.