Este jueves, como cada mes, miembros del Pacto por la Soberanía Alimentaria realizaron una manifestación en el zócalo de Cuernavaca.

"Este gobierno ya se va y no se ha llegado a la verdad histórica", manifestaron integrantes de organizaciones del Pacto por la Soberanía Alimentaria, a casi cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), José Martínez Cruz, expuso que la inseguridad y la violencia no han cesado en México y el estado, tan es así que en Morelos se ha dado a conocer la conformación de grupos de pobladores que buscan defenderse ante delitos como la extorsión.

Este jueves, como cada mes, miembros del pacto realizaron una manifestación en el zócalo de esta ciudad. Colocaron en el piso las fotografías de los 43 jóvenes normalistas y encima una toga, birrete y ramo de flores, en símbolo de las vidas truncadas de los estudiantes que este año se habrían de graduar en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa para convertirse en maestros.

Señalaron que no se puede permitir que queden impunes los miles de asesinatos y desapariciones en el país. Ya están a punto de acabar esta administración gubernamental y no se ha cumplido con verdad y justicia.

Advirtieron que al acabar este sexenio no cesarán con las movilizaciones y recordaron que este emblemático caso, como el de miles de personas muertas y desaparecidas, no debe quedar impune.

De igual modo, añadieron que en el Estado continúa la violencia y tiende a incrementar, al igual que el hartazgo de la población.

José Martínez Cruz expresó que el nivel de impunidad, ha llevado a poblaciones como las de Los Altos de Morelos a organizarse para protegerse. Aseveró que la inconformidad no sólo surge por el delito del cobro de derecho de piso sino por una tendencia delictiva que crece.

Recordó que en varios estados del país, hay formas de organización en los pueblos y puso como ejemplo las llamadas rondas de la comunidad de Ocotepec en Cuernavaca, donde son electos en asamblea, cuentan con convenios con el Mando Único y son reconocidos.

Argumentó que esta dinámica es legítima e incluso tiene marco legal, ya que está reconocido el derecho de pueblos indígenas a la libre determinación.

“Aquí urgen dos cosas, que el Congreso modifique la ley para darle un marco normativo y darles sustento legal a los grupos comunitarios; y dos, que se regule la aparición de estos grupos”, para que no sean coptados por la delincuencia organizada y otros problemas.

Martínez Cruz también se pronunció en contra de la presencia del Ejército en esa zona, al sostener que las tareas de seguridad pública puestas en las manos de los militares o de los marinos, han provocado siempre mayor confrontación y a cierto plazo más violaciones a los derechos humanos.

“Lo digo claramente, que para nosotros la seguridad ciudadana implica la participación ciudadana no la militarización y está comprobado en México y en otros países, porque con la presencia del ejército en las calles en labores que no les corresponden, implica un poder de fuego… Se escala en la violencia, aumentan los enfrentamientos… cuando las armas circulan por todos lados sin control, crece la violencia”, alertó.

Añadió que las policías comunitarias que llegan por elección de asambleas del pueblo, han mostrado ser más efectivas en zonas como la ya referida de Los Altos de Morelos.