El Idefomm señaló que ante la desaparición del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, las próximas administraciones deberán enfrentar pagos de laudos, que son cercanos a 300 mdp.

La deuda que enfrentan los municipios por el pago de laudos es grave, pues es cercana a los 300 millones de pesos; sin embargo, serán las próximas administraciones –las municipales y la estatal– las que atiendan el problema, ante la desaparición del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal.

El director del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Rodolfo Tapia López, informó que de la deuda de aproximadamente 600 millones de pesos que enfrentaban 32 de los 33 municipios en 2017, cuando empezó a operar el fondo, sólo se logró atender en un 60 por ciento.

Aunque se  evitó la destitución de alcaldes, dijo que varios ayuntamientos aún tienen problemas graves por el pago de las demandas laborales, como Puente de Ixtla, Cuautla, Cuernavaca y Jojutla.

Sin embargo, el director del Idefomm no aclaró el uso del presupuesto que se asignó para el fondo en este año, que fue de 165 millones de pesos, de los cuales 110 millones se destinarían para la reconstrucción del estado, tras el sismo del 19 de septiembre.

Mencionó que en los dos meses que restan de la administración estatal se reunirá con los alcaldes para atender el problema de los laudos, pues aunque el Congreso del estado desapareció el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, sostuvo que se tiene que revisar el presupuesto disponible en el fondo.

Por otro lado, aseguró que el Idefomm no tiene reporte sobre el despido masivo de trabajadores en los ayuntamientos e invitó a las autoridades salientes y entrantes a evitar problemas laborales en la transición de los gobiernos municipales.

Tapia López informó que el próximo 21 de agosto se llevará a cabo un curso de inducción para capacitar a las actuales autoridades y las electas en el proceso de entrega-recepción y evitar problemas jurídicos en los ayuntamientos.