El secretario general de ese partido dice que recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para restituir los derechos políticos de las mujeres y hombres afectados por el tribunal local.

“El Tribunal Estatal Electoral resolvió de forma dolosa, arbitraria y sin sustento jurídico un supuesto acto jurídico lleno de ilegalidades, violentando los derechos políticos de las mujeres y hombres del Partido Verde, en una clara muestra de violencia política de género al no permitir que las candidatas ejerzan sus derechos humanos y constitucionales de ser votadas”, declaró el Secretario General del Verde en la entidad, Juan Miguel Serrano Gastélum, quien dijo que se buscarán las instancias federales para que resuelvan lo que en Morelos se está convirtiendo en un acto cotidiano por las autoridades electorales.
En este sentido, indicó que desde el pasado 4 de abril del presente año fueron entregados los registros de las y los candidatos del Verde, quienes –aseguró- cumplieron todos los requisitos de elegibilidad en tiempo y forma, por lo que el día 20 de abril a las 17:00 horas el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) les entregó su registro como candidatos, al haber cumplido con toda la legalidad. Sin embargo, y de manera arbitraria –dijo- el Consejo Estatal Electoral resolvió el día 21 de abril a las 03:00 de la mañana cancelar los registros por un supuesto incumplimiento, lo que se hizo valer en el Tribunal Estatal Electoral.

Sin embargo, este último no entró al estudio de fondo, resolviendo de manera ilegal y arbitraria un hecho que hoy es condenable como lo es la violencia política de género, negándoles su derecho de acceso a la justicia, por lo que advirtió que el Partido Verde recurrirá a la Sala Superior del Tribunal ·Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sean restituidos los derechos de todos las mujeres y hombres que cumplieron con los requisitos de elegibilidad y “que son nuestros próximos candidatos a diputados locales y presidentes municipales”.
Finalmente, sentenció que las candidatas presentarán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y posteriormente volarán a Costa Rica a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.