El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene que esa legislación debe discutirse ampliamente antes de ser aprobada; señala que el modelo de seguridad en México no ha funcionado.

Cuernavaca, Morelos.- El representante en México del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, Jan Jarab, y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad coincidieron en que hay esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eche abajo la Ley de Seguridad Interior que recientemente fue aprobada por el Congreso de la Unión, pero también consideraron que debe revivir el debate público sobre el tema y generar movilización social.

Durante el foro “Ley de Seguridad Interior y Democracia”, convocado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jan Jarab lamentó que la mayoría de los legisladores se hayan negado a debatir la ley, que es la continuidad de una política pública fallida que normalizó la violencia extrema y sacrificó el humanismo.

Expresó que la ley fue aprobada en un proceso legislativo precipitado, sin dar espacio a alternativas viables y necesarias provenientes de diversos sectores y organismos de derechos humanos.

Destacó que la ley se aprobó al cobijo de la simulación y argumentos falaces, pues mientras sus impulsares apelaron a la seguridad pública, en el texto aprobado el legislador omitió el tema para evitar el debate de su constitucionalidad ante la SCJN.

“Es muy serio para la democracia mexicana que se adopten leyes que pretenden engañar y utilizar una mayoría ad hoc para pasar esta ley”, dijo.

“Nuestra oficina desde el inicio sostuvo que hay un gran riesgo de petrificar la situación actual y hemos llamado a una discusión, a un debate amplio público sobre las alternativas de este paradigma actual, las alternativas de este modelo”, expresó.

“Para un debate se necesita también admitir el efecto de este modelo en el ámbito de los derechos humanos y que tal vez éste es un motivo, una razón, por la cual las autoridades no han aceptado un debate, que no querían un debate público, abierto sobre las alternativas, porque para un debate honesto se necesita primero admitir el efecto de este modelo, no sólo en la seguridad, sino también en los derechos humanos, no solo en los derechos humanos, sino también en los índices de violencia”, expresó Jan Jarab, quien afirmó que además de vulnerar los derechos humanos de los mexicanos, el modelo de seguridad pública no redujo los índices de violencia.

Entre los temas que preocupan al Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos destaca la figura de “Declaratoria de amenaza a la seguridad nacional”, que facilita el uso y la movilización de las Fuerzas Armadas; el uso del Ejército para apaciguar protestas “violentas”, la opacidad y reserva de los operativos militares, el aumento de la violencia, las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos de la población civil a auspicio de la nueva ley, que se convirtió en la más impugnada de la historia de México.

Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desparecidos e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, expuso un compendio de la presencia militar en Guerrero en las últimas seis décadas y las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas en esa entidad contra la población civil, desde un campesino que fue ejecutado en un autobús mientras se trasladaba al norte para trabajar como jornalero, hasta violaciones a mujeres indígenas.

En todos los casos, dijo, las Fuerzas Armadas se resistieron a investigar y juzgar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos contra civiles que, en muchos casos, ni siquiera estaban inmersos en temas políticos ni sociales, como el caso del campesino abatido.

Dijo que esto ha ocurrido históricamente y con la “interpretación flexible” que ofrece la Ley de Seguridad Nacional, en cualquier momento puede haber un aplastamiento militar contra la movilización social.

Lamentó que la sociedad civil y las organizaciones se hayan quedado pasmadas ante la aprobación de esta ley, porque quienes van a sufrir las consecuencias son los ciudadanos.

En este contexto, Roberto Ochoa, director de Estudios de la Complejidad de la UAEM e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, consideró necesaria la rearticulación de la sociedad civil, revivir el debate público  e incluso generar un programa de movilización y plan de acción, pues aun en la hipótesis de que la SCJN avalara la ley, es posible lograr revertirla a través de la presión social.