La Auditoría Superior de la Federación presentó cinco nuevas denuncias penales por el presunto desvío de recursos del Seguro Popular en varios estados del país

Cuernavaca, Morelos.- La secretaria de Salud Patricia Mora González confirmó que continúa el proceso legal sobre el manejo de recursos del Seguro Popular correspondiente al ejercicio fiscal del 2012, pero explicó que se trata de observaciones hechas en períodos anteriores a la actual administración, y la gestión estatal ya hizo lo que le correspondía, al iniciar una denuncia penal que no ha sido resuelta.

La semana pasada se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) cinco nuevas denuncias penales por el presunto desvío de mil 919 millones 825 mil 500 de pesos detectado en las cuentas públicas de 2012, 2013 y 2014 de varios estados del país, entre ellos a Morelos.

Estas denuncias penales están relacionadas con irregularidades en programas federales como el Seguro Popular, el de Fortalecimiento a Municipios y en la nómina de los maestros del país.

En Morelos (de acuerdo con publicaciones de diferentes medios nacionales, como El Heraldo y Animal Político, entre otros), la ASF detectó en la Cuenta Pública 2012 un probable daño a la Hacienda federal de 376 millones 471 mil 100 pesos, en fondo destinado al Seguro Popular.

En las observaciones se expone que se utilizó más de una cuenta bancaria para la administración de los recursos, lo que dificultó su identificación para efectos de comprobación y fiscalización.

Entrevistada al respecto, Mora González dijo que todos los años y de forma constante el sector es objeto de auditorías. “Algunas de las observaciones no son de malversación o faltante de recursos, en algunas ocasiones lo que nos piden es que comprobemos cuál es la solventación que le damos. Estaremos atentos a esta que usted me comenta, porque tenemos algunas desde el año 2011, 2012, 2013 y 2014 y hasta ahorita todas afortunadamente han estado solventadas”.

Dijo que a la fecha no han sido notificados sobre las citadas demandas que interpuso la PGR recientemente; dichas notificaciones usualmente llegan a la Secretaría de Salud.

Destacó que tienen el registro de dos observaciones del período 2012 y justamente la semana pasada acudió a la Ciudad de México a atender este asunto: “Tenemos dos observaciones del año 2012, que nosotros llegamos a fines del 2012 y de una de ellas, yo fui personalmente la semana pasada a la ASF y nos las dieron ya por solventada y hay otra todavía que no ha sido contestada, pero estamos en este período de contestación, esa que le digo es del 2012 entonces es poco probable que algunas subsecuentes pudieran tener un fin resarcitorio”.

Aseguró que la Secretaría de Salud de Morelos a través de los organismos públicos descentralizados ha hecho un uso eficaz y responsable de los recursos y que han actuado con total transparencia y se contestan todos los compromisos de las auditorías y de los programas federales que se aplican en Morelos. Insistió en que estará atenta a revisar el caso ya expuesto en días anteriores.

Consideró factible que se trate de algún asunto administrativo, puso como ejemplo que la Federación les solicita reportes trimestrales y si no lo entregan en la fecha específica (tienen un plazo de cinco días) “ellos no lo dan por bueno, nos exigen en sus observaciones que remitamos las pruebas documentales de que se hizo en su momento el reporte trimestral”; en cuanto envían dicho reporte, entonces se califica como solventado.

Apuntó que hay otras ocasiones en las que la Federación también les pide que regresen los intereses generados por los recursos recibidos, entre otros aspectos administrativos.

Reconoció que sigue pendiente el asunto de la auditoría que se hizo al manejo de recursos en el compra de medicamentos a la empresa Nadro, que corresponde al año 2012, en la pasada administración: “nosotros no hemos tenido ninguna observación, a excepción de una que hubo en 2012 que no correspondió a esta administración, y que correspondió a recursos del seguro popular por la utilización de dinero en las compras de Nadro, que como recordarán fue de alrededor de 90 millones de pesos sino mal recuerdo; esa, nosotros no tenemos la forma de solventarlas porque es algo que se encuentra en un seguimiento judicial de las autoridades previas a esta administración… no sé si sea esa del año 2012 y no se podrá solventar hasta en tanto las autoridades judiciales no resuelvan…esa es la que está en curso y nosotros estamos solventando diciendo que nosotros hicimos la denuncia”.

Casi recién iniciado este sexenio se dio parte a la PGR porque se presentó evidencia física de que no encontraron cómo se usaron esos 90 millones de pesos en la compra de medicamentos: “pero eso no nos corresponde a esta administración, es algo que heredamos y pues eso es lo que estamos justificando… no está parada pero ya ve que las denuncias a veces siguen su curso, sí, ante la PGR”.

Cabe recordar que, en su momento, el entonces secretario de Gobierno de Morelos Jorge Messeguer Guillén informó que el gobierno estatal inició cuatro denuncias ante la PGR por el presunto desvío de recursos federales. Una en los Servicios de Salud de la entidad y las demás por peculado en el Instituto de Crédito de los Trabajadores y por presuntas irregularidades en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.

En mayo de 2013, el mismo funcionario informó que el gobierno del estado (en la administración pasada) firmó un contrato con la compañía Nadro, distribuidora de medicamentos y que para pagar el precio de las medicinas se desviaron recursos de programas sociales federales entre ellos, precisamente el Seguro Popular.

La referida denuncia se presentó con el número PGR/MOR/CV/2013-II con fecha del 23 de mayo en contra de “ex servidores públicos administrativos y operativos de los Servicios de Salud por su posible participación en el delito de peculado y lo que resulte, cometido en agravio de la administración pública federal”.

Presuntamente se usaron recursos de otros programas federales para cubrir el pago de servicios y suministro de medicamentos y material de curación a centros de salud y hospitales del estado, por parte de la empresa Nadro S.A. de C.V.