Cuernavaca, Morelos.- La Secretaría de la Contraloría emitió un nuevo código de ética y reglas de integridad a la que deben sujetarse los servidores públicos de la administración pública estatal.
Según el acuerdo de la dependencia estatal, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y libertad”, al crearse los sistemas nacional y estatal anticorrupción, las instituciones están obligadas a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.
El nuevo código, describe el documento, tiene el propósito de fortalecer a las instituciones gubernamentales, al establecer los valores y las reglas de integridad que todo servidor público debe aceptar y practicar en el desempeño profesional al servicio del Estado, ya que es necesario evitar que el cargo público, el poder o los recursos públicos sean utilizados para beneficios personales.
Entre las conductas que son reprobadas por este nuevo código, destaca la discriminación contra cualquier ciudadano o trabajador de la administración pública, mantener conflicto de intereses, hostigar, amedrentar, agredir, amenazar, acosar, extorsionar a personal subordinado o colaboradores; obstruir la presentación de quejas o denuncias; usar recursos públicos para fines distintos a los asignados.
También se prohíbe que los servidores públicos de cualquier nivel obstruyan o impidan que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceso a la información y rendición de cuentas a través de acciones negligentes, intimidatorias, omisas o deliberadas para negar, condicionar, ocultar, sustraer, destruir y alterar información pública.
El nuevo código de ética, que sustituye la publicado noviembre de 2012, establece que la Secretaría de la Contraloría y los órganos de control interno, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública estatal, tendrá la obligación de fomentar que los servidores públicos se conduzcan con apego a los principios de probidad, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, en caso contrario, podrán ser sometidos a procedimientos administrativos, penales, civiles o laborales, según la gravedad de la infracción.