Una psicóloga del departamento de orientación familiar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) denunció amenazas, privación de la libertad y despido injustificado, presuntamente por órdenes de la magistrada presidenta Carmen Cuevas López, quien supuestamente habría criticado su conducta personal.

Gabriela Cordero Álvarez, quien tenía tres años trabajando en el Departamento de Orientación Familiar, y su abogada Naibí Ríos Sandoval, ofrecieron una rueda de prensa en la Plaza de Armas de Cuernavaca para denunciar la violación de derechos humanos y conductas ilegales cometidas presuntamente por  Jessica Liliana Ramírez Díaz, jefa del área, y una persona identificada como Mauricio.

De acuerdo con la abogada de la afectada, el 10 de octubre Gabriela recibió verbalmente la noticia de que estaba despedida, ante el desconcierto y la necesidad de una explicación, fue amenazada con que “se atendría a la consecuencias” si no aceptaba la decisión y fue retenida e incomunicada por más de una hora.

Incluso, la noche del martes el padre de Gabriela, que también es abogado, recibió una llamada de la jueza visitadora del Consejo de la Judicatura, para advertirle que la magistrada presidenta del TSJ ordenó el despido porque no le gustaba la conducta personal de la psicóloga para con los caballeros.

“Ayer por la noche, la juez visitador llamó por teléfono a su papá para decirle que la magistrada presidenta la había despedido porque tenía muy malas referencias de ella, en relación a su comportamiento con los abogados litigantes y con algunas partes, siendo los caballeros por supuesto; y que eso no le gustaba, que anduviera saliendo con uno o con otro, lo cual es algo absurdo”, dijo y señaló que este argumento es discriminatorio y violenta los derechos humanos de su representada, además de configurarse un probable delito.  

Señaló que no es la primera vez que trabajadoras de ese departamento son despedidas injustificadamente con argumentos absurdos y amenazas, pero por temor a represalias, las afectadas no han querido denunciar, ni hacer públicos sus casos.

Precisó que fue iniciada una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado por amenazas y privación ilegal de la libertad contra la titular del Departamento de Orientación Familiar y la persona identificada como Mauricio, además de que solicitó al agente del Ministerio Público medidas de protección debido a las amenazas.

Además de la demanda laboral, señaló que presentó ante la presidencia del TSJ un escrito dirigido a la titular de la institución “para que informe cuál es situación actual, laboral, de mi representada, porque no sabemos cuál es, al no habérsele notificado nada” y al no permitírsele ingresar a su área de trabajo.