Cuernavaca, Morelos.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Rogelio Cerda Treviño, estuvo este lunes en Morelos para supervisar los operativos de vigilancia con el fin de evitar que, por la contingencia, se den abusos por parte de comerciantes y prestadores de servicio. Expuso que los padres de familia de escuelas particulares no están obligados a pagar colegiaturas durante los días que se suspendieron las clases.

El funcionario federal se reunió con personal de la dependencia y la delegada de la Profeco en Morelos, Zaira Fabela Beltrán, para revisar las estrategias que se pusieron en marcha en todas las entidades que sufrieron efectos de los sismos del mes de septiembre de este año.

A decir del funcionario federal, en Morelos –a diferencia de lo que ocurrió en otras entidades, como Oaxaca y Chiapas- no hubo un aumento desmesurado en precios. “Los comerciantes se comportaron a la altura, no se dieron casos como, por ejemplo, en Oaxaca, donde tuvimos que sancionar a una gasera que multiplicó el costo del combustible luego del temblor”.

Comentó que sólo en el primer día transcurrido después del suceso telúrico hubo algunas situaciones como la falta de colocación de precios de productos y servicios a la vista del público en el municipio de Jojutla, pero aseguró que no hubo quejas formales, ni se confirmaron las inquietudes que se habían dado a conocer en redes sociales en este sentido. Por ello se colocaron “preciadores” (sic), lo que permite que la gente no sea engañada cuando va a pagar con elevación de costos.

El procurador apuntó que los operativos van a continuar, porque ahora sigue la fase de reconstrucción y la institución estará atenta a ese segmento, para evitar que existan abusos, por ejemplo, en establecimientos de materiales de construcción.

Recordó a quienes brindan servicios o realizan venta al público que, quienes incurran en anomalías, por ley pueden hacerse acreedores a sanciones que pueden ser multas (las cuales se fijan conforme a la gravedad y proporción del negocio), que pueden llegar hasta cuatro millones de pesos.

Cuestionado al respecto, el procurador explicó que en lo que se refiere a escuelas particulares, los padres de familia no tienen por qué pagar colegiaturas si durante dos o más semanas no tuvieron clases. “Es muy sencillo, si no hay prestación de servicio, no hay nada qué cobrar. La prestación del servicio se debe considerar en el marco de lo razonable para efectos del consumidor, en este caso son los padres de familia de los menores”.

Además, aclaró que si alguna escuela privada tuvo daños, podría ofertar el servicio en instalaciones provisionales, pero en acuerdo con los papás, no en condiciones inviables o no factibles.

“El que sienta que le quieren cobrar el servicio que no le dieron o no le están dando no tiene más que ir a Profeco y echar a andar una maquinaria y no paga ni un peso”; incluso, si se paga con la tarjeta o se hacen pagos anticipados, las escuelas están obligadas a devolver el dinero por el servicio que no se prestó.

Enfatizó que lo ideal es que existan acuerdos, pero si el usuario o consumidor no se siente satisfecho, “si no hay entendimiento de voluntades”, entonces el padre de familia debe recurrir a la procuraduría.