Por violación al derecho a la adecuada defensa y por fallas del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Estatal Anticorrupción, el juez Adolfo González López decretó auto de no vinculación a proceso al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, y al ex tesorero de la institución, Eduardo Sotelo Nava.

La Sala Uno del edificio de juicios orales del Primer Distrito Judicial fue desalojada por orden del juez, luego de que casi al final de la audiencia, integrantes del Consejo Universitario y familiares del rector estallaron en gritos y aplausos al escuchar el inicio de la sentencia del juzgador.

La audiencia comenzó en punto de las 10:30 de la mañana como fue citada.

El cuerpo de seguridad interna del Tribunal Superior de Justicia y los elementos del Mando Único fueron implacables en el desarrollo de la audiencia: con ojo clínico observaban que el público, incluyendo los medios de comunicación, no hablara ni tuviese encendidos teléfonos ni grabadoras de audio y video.

Incluso, en uno de los recesos, un grupo de consejeros universitarios estuvo a punto de ser expulsado de la sala cuando, de forma casual, se tomaba una selfie emulando tiempos preparatorianos.

Por intervención de uno de los abogados del rector, el cuerpo de seguridad consintió la permanencia de estos consejeros a cambio de que borrasen las fotos tomadas en el recinto judicial.

Al inicio de la audiencia, el rector aceptó declarar ante el juez, con la advertencia de que su testimonio podría ser usado a favor pero también en su contra. Sin preámbulo, Vera Jiménez repitió el discurso sostenido desde el inició del litigio: rechazó la imputación del delito de peculado y de haber siquiera robado un peso de las arcas universitarias.

“Nunca he distraído recursos de la institución en favor mío o de tercera persona, y eso es así porque soy un hombre temeroso de Dios”, dijo exaltando su religiosidad e insistió que todos los recursos de la universidad han sido manejados conforme a la ley.

Enseguida, la defensa del rector y del ex tesorero -encabezada por el abogado privado César Ricardo García Bravo- presentó, como prueba para desvirtuar la imputación del delito de peculado, el dictamen y testimonio del perito contable Gabino Olais Reyes, respecto de los informes contables integrados en la carpeta de investigación y en los que la Fiscalía Estatal Anticorrupción basó las acusaciones contra Vera Jiménez y Sotelo Nava.

El agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Estatal Anticorrupción, Elio Brito Cantú, pidió al juez un primer receso para requerir apoyo técnico, porque dijo no ser experto en materia contable y, pese a que el juzgador concedió 30 minutos, el “apoyo” no llegó.

De acuerdo con el dictamen del perito Gabino Olais, los estados financieros de la UAEM no sólo han sido aprobados por el Consejo Universitario sino que han sido auditados por despachos externos, y el propio Congreso local, la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de Educación Pública y las entidades fiscalizadoras recibieron trimestralmente los informes sobre la aplicación de los recursos universitarios.

Indicó que los recursos fueron aplicados conforme a la Ley Orgánica de la UAEM y la normatividad aplicable y que, al contratar el crédito de 600 millones de pesos  con el Banco Interacciones y crear el respectivo fideicomiso, no se incurrió en ninguna ilegalidad ni se puso en riesgo el 2.5 por ciento del presupuesto que anualmente recibe la universidad como subsidio estatal, el cual no tiene reglas de operación que lo asuman como recursos etiquetado,  ni se violentaron las clausulas previstas en los convenios interinstitucionales con la Secretaría de Educación Pública, el gobierno de Morelos y la UAEM.

En sus intervenciones, el representante de la Fiscalía Anticorrupción, Elio Brito Cantú, realizó constantemente preguntas reiterativas  que en igual proporción fueron objetadas, y sólo unas cuantas fueron consentidas por el juzgador por considerarlas necesarias para el desarrollo de la audiencia.

En su teoría del caso, el agente del Ministerio Público afirmó que con la contratación del crédito con el Banco Interacciones se violentaron los artículos 12, 32 y 79 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, al no haber solicitado y obtenido la UAEM la aprobación previa del Congreso local.

Insistió que con ello, el rector y el ex tesorero afectaron el patrimonio tangible de la máxima casa de estudios, además de que los recursos no se aplicaron apegados a las cláusulas del convenio interinstitucional,  que precisaban su ejecución en servicios personales, prestaciones y gastos de operación.

Luego, la representación social comenzó a leer por casi una hora una larga lista de cifras de depósitos y transferencias por catorcena y mes correspondientes al subsidio estatal. La defensa del rector objetó, pero el juez consideró que la fiscalía debía continuar con sus argumentos.

Aun cuando el ministerio público intento abreviar “para no hacerlo tedioso”, el público universitario lanzó un abucheo, que obligó al juez (como si maestro a alumnos se tratase) a llamar la atención a los presentes para evitar nuevas faltas de respeto a la representación social.

Cuando el representante de la Fiscalía Anticorrupción comenzaba a leer cifras del 2016, la defensa del rector y del ex tesorero reclamó que en el expediente que le fue entregado por el agente del Ministerio Público no obraba toda la información que estaba siendo presentada en la audiencia y, por lo tanto, era una violación al derecho a la adecuada defensa.

El juzgador decretó otro receso, con previa advertencia a la representación social de las consecuencias que tendría el proceso de corroborarse la falla. 

Al reinicio de la audiencia, el Ministerio Público intentó solventar el error con la entrega de copias de la información faltante, pero el juzgador fue estricto y consideró que esto no subsanaba la falta de lealtad y objetividad de la representación social, a quien en audiencia previa se le ordenó entregar completamente toda la información a la defensa de los funcionarios universitarios.

El juez afirmó que, conforme al artículo 1 de la Constitución federal, que vela  por el respeto de los derechos humanos, no era posible pasar desapercibida esta grave  violación al derecho a una defensa adecuada y procedió a dictar el auto de no vinculación.

La noticia fue recibida con beneplácito por la comunidad universitaria e integrantes del Frente Amplio Morelense, en tanto que el abogado defensor del rector señaló que la representación social podrá apelar el fallo en segunda instancia.

“Aquí se demuestra la falsedad con la que se conduce la fiscalía y todas nuestra autoridades. Yo lo anuncié desde un principio y le dije al Fiscal General Anticorrupción que si tenía las pruebas, que viniera a la audiencia y no lo hizo.

“Nosotros demostramos que no hay ningún desvío de recursos, no hay ningún peculado, no existe nada, este es un tema político, un revanchismo…” dijo
Recordó que la UAEM promovió un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el que se pidió declarar la inconstitucionalidad de la fiscalía estatal anticorrupción, con base en los antecedentes de los casos Chihuahua y Veracruz.