En medio de una atropellada audiencia, la Fiscalía Estatal Anticorrupción formuló imputación ante el juez de control al rector Alejandro Vera Jiménez y al ex tesorero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Eduardo Sotelo Nava, por el presunto delito de peculado.

A diferencia del protocolo acostumbrado al inicio de las audiencias, esta vez el juez de control y juicio oral, Adolfo González López, prohibió -sin argumento alguno y sin preguntarle a las partes implicadas en el juicio- que los medios de comunicación grabaran la audiencia.

Enseguida, el juzgador rechazó reconocer la personalidad jurídica en calidad de víctimas del Abogado General de la UAEM, Alfredo Mena, y al representante particular de la universidad, Víctor Manuel Domínguez Casarrubias, quien rebatió los argumentos del juez y dijo que sólo por la fuerza pública sería desalojado de la sala de audiencias, y así fue sacado por elementos policiacos junto con el periodista Jesús Castillo, quien grababa el momento en que los representantes legales de la universidad eran expulsados de la sala por orden del juez.

El juez decretó un receso, mientras afuera del edificio de juicios orales, donde se concentraron estudiantes, académicos e integrantes del Frente Amplio Morelense en apoyo del rector, se armó la rebatinga cuando los abogados fueron expulsados.

Hubo empujones y un conato de bronca entre el personal de seguridad y seguidores del rector, pero el conflicto no creció.

Al reinicio de la audiencia, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Estatal Anticorrupción, Elio Brito, acusó al rector y al ex tesorero del delito de peculado por presuntamente “distraer” recursos etiquetados para la UAEM al contratar un empréstito con el Banco Interacciones por un monto de 600 millones de pesos.

El Ministerio Público reconoció que si bien fue legal la contratación de crédito, no lo fue su contenido, al comprometer el presupuesto de la máxima casa de estudios como garantía de pago.

El representante legal del rector y del ex tesorero, César Ricardo García, pidió al juez diferir la audiencia, sin embargo, la solicitud fue negada, por lo que finalmente el litigante requirió la ampliación del término constitucional y, en consecuencia, el juez fijó el 1 de octubre como fecha para realizar la audiencia de vinculación a proceso, en la que se determinará si los ahora imputados son sometidos o no juicio penal.