La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación general al gobierno federal y los gobernadores para visibilizar la violencia obstétrica y eliminar toda práctica que vulnere las garantías fundamentales de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio en las instituciones de salud.
Al emitir la recomendación general 31/2017, la CNDH explicó que, al analizar las diversas recomendaciones emitidas sobre el tema durante 2015, 2016 y 2017, concluyó que con mayor frecuencia se transgreden los derechos humanos a la protección a la salud, a una vida libre de violencia, a la información y al libre consentimiento informado, a la libertad y autonomía reproductiva, a la igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a la vida.
Recalcó que no se pretende criminalizar ni estigmatizar la labor médica, sino contribuir a que las autoridades de salud identifiquen y combatan aquellas violaciones a los derechos humanos de las mujeres en la atención obstétrica.
La recomendación fue dirigida a los titulares de las Secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina, a los gobernadores de todas las entidades federativas, al jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de Petróleos Mexicanos.
También, una copia de la recomendación general fue entregada, con pleno respeto a su autonomía y normatividad, a las universidades, bajo la premisa de que “es deseable que en las instituciones públicas de educación superior, formadoras de médicos cirujanos, especialistas en gineco-obstetricia y enfermería, se imparta a los alumnos del pregrado y posgrado un taller de sensibilización en materia de derechos humanos, vinculado a la atención obstétrica y atendiendo los enfoques de género e interculturalidad”.
La CNDH llamó a las autoridades a poner en práctica una política pública de prevención de violaciones de derechos fundamentales de las mujeres en gestación, centrada en su reconocimiento como protagonistas en la relación materno-fetal, que atienda las perspectivas de derechos humanos y de género.
Para ello, indicó, deben impulsarse acciones de capacitación y sensibilización continua del personal de salud de la atención gineco-obstétrica, para contrarrestar prejuicios basados en la discriminación de las mujeres y para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, así como proporcionar información a las mujeres usuarias sobre sus derechos y cómo ejercerlos.
La CNDH reconoció el esfuerzo de las instituciones de salud y de su personal, sin embargo, consideró necesario hacer un análisis y reflexión tras los casos que se han presentado en este organismo nacional y en las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, para poner en relieve el trato que en algunas ocasiones reciben las mujeres.
Expresó que es necesario realizar un diagnóstico o análisis para detectar las necesidades materiales, de infraestructura y de personal que se requieran para satisfacer las demandas obstétricas de la población objetivo, con calidad y calidez, para informarlo a las autoridades legislativas y doten de los recursos necesarios para solucionar las limitantes del sector salud.
También recomendó a las autoridades realizar acuerdos sobre los requerimientos técnicos y humanos, y se programe el presupuesto necesario para ampliar y mejorar la infraestructura hospitalaria, disponer la plantilla suficiente de médicos en las áreas de urgencias y que la atención médica sea digna, respetuosa y con perspectiva de género.
Paralelamente, se implemente en todas las instituciones el “Modelo de Atención a Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque Humanizado, Intercultural y Seguro”, de la Secretaría de Salud.