Cuernavaca, Morelos.- El órgano de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) determinó que sí existen elementos que presumen la responsabilidad administrativa de diversos funcionarios de la dependencia federal, entre ellos el ex delegado en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, en las fallas y omisiones en la construcción y operación del Paso Exprés.

A través de un oficio, cuya copia tiene La Unión de Morelos, la titular del área de quejas de la SCT, Blanca Estela Mejía Espíndola, informó los avances de la queja iniciada el pasado 16 de junio por el presidente de la Barra de Abogados, Miguel Ángel Rosete Flores, en la que advertía las irregularidades en la obra y el riesgo de una tragedia, lo que lamentablemente ocurrió un mes después al abrirse un socavón en el kilómetro 93 del Paso Exprés y que cobró la vida de dos hombres.

De acuerdo con el oficio 09/200/2619/2017, la SCT informó a la Barra de abogados que al realizar diversas investigaciones, se concluyó que sí hay elementos para fincar responsabilidades a servidores públicos de la institución.

“(…) me permito hacer de su conocimiento que esta área de quejas a mi cargo, una vez que agotó los extremos de la investigación, con esta misma fecha emitió un acuerdo en el que se determinó que existen elementos para presumir que servidores públicos adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presuntamente incurrieron en actos y omisiones susceptibles de responsabilidad administrativa, motivo por el cual en esta fecha  se remitió el citado acuerdo, así como las constancias originales del expediente No 2017/SCT/DE355, al área de responsabilidades de este órgano interno de control, para que conforme a sus facultades determine lo procedente”, comunicó Mejía Espíndola.

Aunque el acuerdo está fechado el 21 de julio, fue notificado este martes 15 de agosto al líder de los abogados barristas, quien señaló que en la queja fueron señalados como omisos y negligentes el depuesto delegado José Luis Alarcón Ezeta, así como otros funcionarios que se negaron a escuchar las advertencias y corregir las fallas.

Ante el panorama cada vez más claro de deslinde de responsabilidades, el presidente de la Barra de Abogados, Miguel Ángel Rosete Flores, una vez más exigió a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría General de la República agilizar las indagatorias iniciadas tras el socavón y la muerte de dos hombres, así como implementar medidas cautelares de arraigo para que no se vayan a sustraer de la acción de la justicia los servidores y ex servidores públicos que a todas luces estuvieron implicados en las irregularidades en la construcción del Paso Exprés.

Además de la aplicación de sanciones a funcionarios, afirmó que también estará pendiente de que se finquen sanciones a la empresa Aldesa (responsable de la ejecución de la obra) y que se cumpla con la reconstrucción del Paso Exprés y la aplicación de medidas de seguridad.