Acepta consejera que deberá darse a conocer la nueva legislación

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) deberá socializar la nueva Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y trabajar con los sujetos obligados para que salvaguarden de manera adecuada esta información.
La comisionada del IMIPE Mireya Arteaga Dirzo informó que anteriormente no existía un procedimiento preestablecido para dar certeza a los ciudadanos que se quejaban por el mal uso de sus datos en posesión de las entidades públicas, pero  con la nueva ley ahora las reglas del juego están claras.
Detalló que del 2013 a junio del 2017, se presentaron ante el IMIPE alrededor de diez denuncias por el mal uso de datos personales en resguardo de instancias gubernamentales.
Sin embargo, con el nuevo marco legal el instituto ya tiene facultades no sólo para sancionar sino para denunciar la posible comisión de un delito.
Antes, dijo, podíamos poner medidas de apremio, pero ahora ya hay un proceso sancionador en el que el IMIPE  puede denunciar ante órganos de control de las instituciones y hasta iniciar denuncias penales ante la fiscalía en caso de un posible  ilícito.
Indicó que la responsabilidad del órgano garante no sólo es recibir denuncias sino socializar con las personas respecto del cuidado de sus datos personales y la capacitación de los sujetos obligados para el resguardo adecuado de esta información.
Recalcó que entre los sectores de mayor prioridad están las instituciones públicas de salud y educación, quienes naturalmente manejan una gran cantidad de información personal de los usuarios, como los expedientes clínicos e historiales académicos.
Indicó que habrá coordinación con Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien tiene facultades para vigilar a las instituciones privadas, con el propósito de que la información sensible de los ciudadanos sea protegida y no sean utilizados para fines distintos a los autorizados por los personas.
Agregó que en el proyecto de presupuesto para el 2018, el instituto incluirá una partida presupuestal para cumplir justamente con la capacitación a los sujetos obligados y la socialización de la nueva ley.