La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó a las legislaturas locales a concretar la armonización de las leyes locales con la Constitución federal y los tratados internacionales, para que las personas con discapacidad puedan ejercer a plenitud sus derechos.

Durante la inauguración de la reunión de parlamentarios locales para la armonización legislativa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez destacó que las personas con discapacidad han enfrentado históricamente la invisibilidad, la exclusión y la imposición de normas y políticas públicas inadecuadas debido, en gran medida, a la visión médica o asistencial asumida por la mayoría de los gobiernos.

“De ahí la importancia de avanzar hacia un nuevo paradigma en el que las personas con discapacidad dejen de ser vistas como objetos de caridad y asistencia para convertirse, verdaderamente, en sujetos de derechos y obligaciones, y se respeten sus libertades fundamentales”, señaló.


Dijo que la igualdad, la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad aún son asignaturas pendientes, pese a los avances normativos alcanzados, por lo cual demandó a sociedad y autoridades generar un entorno en que la igualdad, inclusión y vigencia de sus derechos humanos sea una realidad que trascienda el mero reconocimiento formal de los mismos, y solicitó a los Congresos locales concretar la armonización legislativa acorde con la Constitución General de la República y los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte.


Recalcó que aún hay muchos ordenamientos federales, estatales y municipales que no ofrecen adecuada protección en materia de derechos humanos, e incluso hay temas en que se percibe vacío por ausencia total de normas adecuadas, lo que complica el ejercicio de los derechos y su protección por la autoridad pública.

También, agregó,  existen otros campos de primordial atención que demandan armonización legislativa, como el fortalecimiento de las disposiciones legales relativas a la seguridad y protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias; las relativas a la protección contra explotación, violencia y abuso contra este sector poblacional; las que procuren el ejercicio pleno del derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad; el derecho a la movilidad personal, con la mayor independencia posible, y la participación en la vida política y pública en igualdad de condiciones que los demás, entre otros.