Cuernavaca, Morelos.- El comisionado estatal de seguridad Alberto Capella Ibarra declaró en estado de alerta a la Policía Morelos ante posibles atentados, tras amenazas de un grupo de presuntos delincuentes que fueron liberados hace unos días por un juez de distrito.

A través de un video, el jefe policíaco expresó su “enorme indignación y gran preocupación por la decisión judicial” del pasado 27 de mayo, por la cual una juez de distrito, en funciones de juez de control, levantó la medida cautelar de prisión preventiva y ordenó la liberación de siete de 18 detenidos en un operativo el pasado 4 de marzo en el municipio de Tlaltizapán y que se presumen pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada.

Según la versión oficial, los detenidos fueron encontrados en posesión de un arsenal de armas y decenas de cartuchos útiles, por lo que se les acusó de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y se presume que son de alta peligrosidad. Sin embargo, otra versión es que los detenidos eran empleados en un rancho cuando fueron detenidos, golpeados y usados como chivos expiatorios.

De acuerdo con el titular de la CES, la jueza federal por alguna razón determinó levantar la medida cautelar a siete de los detenidos y dejarlos en libertad, pese a que cuando fueron aprehendidos lazaron sendas amenazas contra los elementos que participaron en el operativo de detención.

Señaló que posterior a los hechos, sujetos desconocidos fueron detectados en las inmediaciones de los domicilios de los policías tomando fotografías en los inmuebles y de sus familias con propósito de amedrentarlos.

Incluso, sostuvo que uno de los liberados se presume es el líder de una célula criminal y varios de los imputados tienen antecedentes penales en Estado de México y Guerrero por su participación en diversos delitos.

Ante la situación, dijo, “he ordenado una alerta generalizada en todos los elementos de la Policía Morelos para evitar represalias y estar muy pendientes de estos sujetos y sus cómplices. No quiero adelantar juicios de valor en función de si hubo omisiones o criterios judiciales poco entendibles, equivocados, u omisiones en la integración o la puesta disposición por autoridades policíacas o ministeriales”.

“Simplemente he solicitado al área jurídica de la CES y a los organismos especializados en materia jurídica, una revisión profunda en relación a este expediente y estos hechos, tema del cual llegaremos a fondo y en su oportunidad lo haremos público”, dijo.

Aprovecho el caso para exhortar a los diputados federales a que revisen la legislación para solucionar las deficiencias jurídicas que prevalecen en el sistema de justicia penal acusatorio adversarial y que causan estragos, impunidad, incremento en la incidencia delictiva y descontento social.