Los municipios continúan con la escalada de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero ahora contra las recientes disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo para concesionar los servicios municipales y el reglamento por el cual descontarán participaciones federales a los ayuntamientos para crear fondo para el pago de laudos.

Por separado, los municipios de Ocuituco, Mazatepec, Miacatlán y Tlaquiltenango promovieron las primeras controversias para impugnar el Reglamento del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, publicado en el periódico oficial local el 1 de enero de 2017.

También los municipios se inconformaron contra el acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para Regular el Proceso de Otorgamiento de Concesiones de los Servicios Públicos Municipales que por ley, decreto o convenio asuma la administración pública estatal, que entró en vigor el 3 de febrero.

Los municipios alegaron que las disposiciones fueron emitidas unilateralmente por el gobierno del estado, además de que se violenta la autonomía municipal.

Previo a estas controversias, diversos municipios impugnaron ante la SCJN las reformas al tercer párrafo del artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal, que obliga a los ayuntamientos a pagar a los ayudantes municipales por lo menos 90 días de salario mínimo al mes, por las gestiones que realizan como autoridades auxiliares.