Cuernavaca, Morelos.- Al menos una docena de municipios presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sendas controversias constitucionales contra las reformas que permiten al Poder Ejecutivo descontar un dos por ciento adicional a sus participaciones federales, para crear un fondo para la liquidación de laudos y evitar la destitución de ediles por incumplir con las sentencias del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

El máximo tribunal del país admitió las controversias promovidas por los municipios de Ocuituco, Jojutla, Miacatlán, Yecapixtla, Cuernavaca, Xochitepec, Tlalnepantla, Tetela del Volcán, Tlaquiltenango, Tlayacapan y Mazatepec, quienes promovieron en tiempo sus impugnaciones contra el decreto número 1370, publicado en el periódico oficial local el 22 de diciembre de 2016 y su aplicación.

En el decreto, el Congreso local reformó las fracciones I, III, IV, V y VII y el párrafo final del artículo 6, y adicionó el artículo 15 Quater de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, para disminuir los porcentajes de las participaciones federales destinados a los municipios del estado, del 22% al 20%, y con ese dos por ciento de las participaciones disminuidas crear el fondo para la atención de infraestructura y administración municipal, para amortizar los adeudos resultantes de la ejecución de laudos laborales en contra de los ayuntamientos de la entidad morelense, sin necesitad de autorización alguna de los municipios.

Sin embargo, hasta ahora ninguno de los ayuntamientos inconformes ha obtenido suspensión de la SCJN para evitar la retención de ese dos por ciento.

Incluso, el pasado 1 de febrero fue publicado en el órgano oficial de difusión el Reglamento del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, que marcó los lineamientos para conformar el fondo de reserva para que los ayuntamientos liquiden los laudos que mantienen a algunos de los ediles al borde de la destitución, y fijó hasta el 30 de abril como plazo para que los ayuntamientos presenten sus propuestas sobre amortización de laudos y acciones prioritarias para sus municipios.