Cuernavaca, Morelos.- El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, pidió a la Comisión Instructora del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ser absuelto de los cargos que le imputa el Congreso en el juicio político en su contra, y advirtió que, en caso de acceder a la pretensión del Poder Legislativo de declararlo culpable, el Poder Judicial sentaría un precedente peligroso para el sistema jurídico y para el principio de presunción de inocencia.

La semana pasada, la representación jurídica del edil, en 72 fojas presentó ante la Comisión Instructora sus alegatos de defensa, en los que describió una serie de violaciones procesales cometidas por los diputados en el desahogo de la primera fase del juicio político.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso La Unión de Morelos, consideró que las acusaciones (como la supuesta falsificación de documentos para acreditar su residencia en Cuernavaca y poder ser candidato) ya fueron substanciadas ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral, quienes las consideraron infundadas y lo ratificaron como ganador de la alcaldía.

En tanto que la investigación abierta por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) no tiene conclusión, pero aún así no puede ir en contra del resolutivo de las autoridades electorales, que tienen el carácter de cosa juzgada.

El ex futbolista, en sus alegatos, hizo una extensa explicación a la Comisión Instructora de las violaciones procesales en las que habría incurrido el Congreso desde el inicio del juicio político (instaurado a petición del jurista Raúl Carranca y cuatro de sus colaboradores), y que le impidieron defenderse conforme a los tiempos previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos.

Reiteró que no hay pruebas, ni argumentos para someterlo a juicio político ni tampoco para deponerlo, por lo que apeló a la Comisión Instructora su absolución y advirtió que en caso de declararlo culpable, el Poder Judicial sentaría un precedente muy grave y abriría la posibilidad de que cualquier servidor público fuese juzgado con base en meros dichos y suposiciones, en menoscabo de la Constitución y el sistema de justicia.

“De modo que el Congreso del Estado en total contravención a mi derecho a la presunción de inocencia, substanció el procedimiento de juicio político dando por sentada mi culpabilidad a partir de meras afirmaciones ausentes de medios de prueba que les dieran fiabilidad”.

“Lo anterior resulta de tal gravedad que, de resolverse en mi contra el presente Juicio Político a pesar de las circunstancias descritas, se estaría sentando un precedente peligrosísimo en el sentido de que, para destruir la presunción iuris tantum de inocencia de la que goza cualquier persona sujeta a un procedimiento de sanción, basta con la sola presentación de una denuncia y/o la sola afirmación de una persona en el sentido de que el imputado cometió determinado ilícito, para que se le considere culpable”.

“En otras palabras, se permitiría sancionar políticamente a un servidor público sin necesidad de acreditar las imputaciones que se le realizaran, bastando únicamente las afirmaciones de los denunciantes”, recalcó.

También la semana pasada la Fiscalía General del Estado presentó dentro del tiempo sus alegatos, sin embargo, prevalece el hermetismo sobre su postura y las pruebas aportadas para sostener las acusaciones del Congreso.