Cuernavaca, Morelos.- Al concluir el término legal para la entrega de la manifestación de bienes patrimoniales, conflicto de intereses y de obligaciones fiscales (3 de 3), el 95% de los servidores públicos obligados por ley realizaron las acciones correspondientes, indicó la titular de la Secretaría de la Contraloría General de Gobierno, Adriana Flores Garza.

Y agregó que “para el caso nuestro, ha sido la primera ocasión que nos toca trabajar ya con nuevos conceptos derivados de cambios nacionales en esa materia, pero podemos decir que en general, los niveles de cumplimiento fueron los esperados, aunque siempre habrá quienes por motivos diversos, no lo hacen”.

El universo de funcionarios obligados es aproximadamente de cinco mil, dijo, lo que significa que unos 250 son quienes faltaron a su responsabilidad, “y en lo sucesivo vamos a localizarlos, porque ellos ya se hicieron merecedores a una sanción que dependerá de la gravedad de la falta”.

Manifestó que apenas se están desarrollando las revisiones de la manifestación de bienes, “no es fácil verificar la veracidad de cinco mil expedientes, pero se tiene que hacer”. Una vez concluido lo anterior, se verá con más claridad la respuesta obtenida, pero señaló que la dependencia a su cargo no permitirá irregularidades y se aplicará la ley a quienes no la respeten.

Flores Garza consideró que aún a quienes no hicieron llegar la información, se les tiene que requerir para que ofrezcan un razonamiento, paguen la multa y si es necesario se les aplicará otra sanción. Ya posteriormente a eso, las consecuencias serían otras, es decir, el inicio de procesos legales de responsabilidad, tanto administrativas como penales.

Sin embargo, admitió, “tampoco somos una instancia de persecución, sino de prevención, pero si se dieran elementos para la comisión de algún delito a partir del desempeño en la administración pública, pues ya deberán ser las instancias competentes en la materia las que le den seguimiento a los casos y fijen las condenas a que haya lugar”.

Por otro lado, la funcionaria indicó que la Contraloría, luego de esta tarea inicial, comenzará con la aplicación de un riguroso programa de auditorías a dependencias y organismos gubernamentales, y sobre todo, a comenzar a trazar las políticas de cierre de sexenio, “porque ya hay que ir poniendo en orden todo, se entró al penúltimo año de la administración”.