Tras señalar que los tribunales de impartición de justicia laboral están llegando casi a la parálisis por insuficiente equipo y personal, el presidente del Colegio Estatal de Abogados Laboralistas, Juan Juárez Rivas, sostuvo que hay unos seis mil expedientes en la materia que representan la denegación de la justicia para igual número de interesados.

Mencionó que “tenemos algunos procesos que datan del 2010 y nunca lograron avanzar, simplemente porque en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), se han venido excusando en que no están obligados a lo imposible”.

Luego explicó que ante la ausencia de actuarios para las notificaciones y unidades para el transporte, “asuntos que provienen de municipios alejados como Coatlán del Río, Tetela del Volcán o Axochiapan, simplemente se abandonan, no se notifica a las partes y los juicios duermen el sueño de los justos”.

Manifestó que “precisamente un asunto del 2010 lo venimos resolviendo los asesores legales de las partes, nos pusimos de acuerdo, nosotros mismos llevamos la notificación y ya estamos muy cerca de un acuerdo que vamos a presentar ante las instancias competentes, de otra manera ahí seguiría”. Pero agregó que como ése, “hay cientos del 2010 a la fecha que seguramente jamás serán resueltos, porque a los tribunales no les interesa”.

Lamentó que tampoco el Congreso local respondiera peticiones del Consejo Ciudadano Laboral, en el sentido de apoyar a los tribunales y solicitar que los recursos producto de multas sean orientados para bien de la impartición de la justicia en dicho rubro.

Juárez Rivas dijo que “la entidad laboral aplica multas en diversos aspectos, por ejemplo, al patrón cuando se niega a pagar prestaciones como el aguinaldo a sus trabajadores, a los testigos cuando no llegan a tiempo a las citas para declarar o cualquier otra violación a la ley laboral, con lo que se va generando una bolsa, que en estos momentos se estima, anda en más de los cinco millones de pesos”. Las multas son pagadas directamente en la tesorería del gobierno estatal.

Conforme a las normas, ese dinero debe ser canalizado precisamente para apoyar las funciones tanto del TECA como de la JLCyA, “el problema es que nadie sabe qué se hace con él porque no se da cuenta de ello, es un asunto que necesita transparentarse porque igual y se le viene dando un uso indebido”, estimó el abogado.