El presidente del foro, Pedro Martínez Bello, dijo que en este primer amparo colectivo (auspiciado por los abogados) fue promovido por “decenas de ciudadanos, aunque te comento que es una primer demanda la que vamos a presentar ahorita, y la segunda fase vendrá el lunes de la siguiente semana, todavía estamos dándole oportunidad a los ciudadanos (a) que acudan” (a) las oficinas de la organización a sumarse como quejosos.

Recordó que el Foro Morelense ofreció a los ciudadanos promover demandas masivas contra el incremento del combustible que entró en vigor por decreto presidencial el pasado 1 de enero, y para poder inconformarse será necesario presentar copia certificada de la tarjeta de circulación del vehículo y copia simple de la credencial de elector del propietario.

Indicó que en un plazo de 24 a 48 horas el juzgado federal deberá determinar sobre la entrada de la demanda de amparo y si procede o no conceder la suspensión a los quejosos, para efecto de que puedan comprar gasolina pero a precio de diciembre del año pasado.

Dijo que el aumento de la tarifa del transporte colectivo en Morelos es una de las consecuencias del aumento del combustible, que fue decretado de manera ilegal. 

Argumentó que el gobierno federal incumplió con lo que establecen los artículos 1 y 26 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la medida es discriminatoria y atenta contra la economía de la población.

Lamentó acontecimientos como los saqueos o daños a tiendas departamentales que han ocurrido en el país, pero consideró que esta situación previsible no fue atendida por las autoridades federales.

Prefirió no fijar postura sobre las protestas  que ha surgido desde el gasolinazo y subrayó que las muestras de inconformidad del Foro Morelense de Abogados serán apegadas a la ley, como lo son la promoción y auspicio de demandas de amparo colectivas.

Agregó que el próximo lunes el foro presentará una segunda demanda de amparo colectiva y está a la espera de que un juez federal resuelva sobre la petición de suspensión  planteada por los quejosos en el primer juicio de garantías colectivo.