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El año 2016 termina con deficiencias en el tema de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y en materia de feminicidios, además de omisión en procuración de justicia, en seguridad y prevención, señaló este viernes la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH).
Al respecto, la vocera de la organización social, Juliana García Quintanilla, sostuvo que diversas instituciones ni siquiera han entendido lo que significa la AVG, y menos la han cumplido.
Informó que este 2016 es el año más grave, porque la estadística muestra que anualmente se sostiene o incrementa el número de casos. Pero consideró que lo más grave es que la autoridad no tiene cifras concretas que coincidan con reportes que son públicos.
De igual modo, anotó que las mujeres que han sido asesinadas desde que se implementó la AVG en Morelos tenían una edad de entre unos minutos de nacidas y 92 años. Además, la mayoría de las víctimas tenían entre 21 y 30 años.
La activista refirió que conforme a la CIDH, han documentado que, hasta julio de este año ya sumaban 59 feminicidios, y subrayó que es muy importante dar a conocer que –conforme a lo que observaron–, la Fiscalía General del Estado (FGE) no inició carpetas por este delito en muchos casos, conforme a lo que establece el protocolo. García Quintanilla aseguró que las abrió por homicidio, sin tomar en cuenta que la tipificación del delito de feminicidio implica agravantes, y da un panorama sobre la violencia que enfrentan las mujeres en el estado.
Como conclusión de cierre del año, la CIDH ratificó que no obstante la AVG, los feminicidios continúan.
Por ello demandó que se aplique el protocolo correspondiente en todos los feminicidios, porque desde la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia no se está actuando de forma notoria contra feminicidas, con sanciones que consideren este delito y no se reclasifique o se considere sólo el homicidio.
La Comisión llamó a las diferentes autoridades a que a partir del primer día de 2017 se refuerce el trabajo y se cumplan todas las recomendaciones señaladas por la propia AVG y que aquellos funcionarios que no puedan, no sepan o no quieran actuar, sean destituidos.
