Lectura 2 - 3 minutosEn el dictamen se explica que está previsto que sea discutido y votado en el pleno en la sesión de este martes, que los medios públicos que no estén en posibilidad de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015, con antelación a esa fecha, den aviso al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que les autorice la suspensión temporal de transmisiones y con ello evitar las sanciones respectivas y la consecuente revocación del permiso o concesión.
Además, propone garantizar la continuidad del servicio público para la televisión de baja potencia, ya que el IFT deberá implementar un programa para que la población continúe recibiendo el servicio público de interés general, en tanto las estaciones de televisión inician transmisiones digitales o se alcanzan los niveles de penetración establecidos.
La SCT garantizó que para el último día del año la mayoría de los mexicanos tendrán una televisión digital.
Foto: Notimex
La SCT garantizó que para el último día del año la mayoría de los mexicanos tendrán una televisión digital. Foto: Notimex
Con ello, se menciona en el documento aprobado, “se da cauce a las inquietudes de los medios públicos ante la cercanía del apagón analógico y la imposibilidad de muchos de ellos de cumplir con la transición digital”; además de garantizar la pluralidad de contenidos culturales, educativos y científicos. El dictamen precisa que los plazos que autorice el Instituto a los operadores para que lleven a cabo la suspensión de sus transmisiones, en ningún caso, excederán del 31 de diciembre de 2016.
El senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, dijo que desde que se presentó la reforma constitucional se advirtió que el plazo “no era realista” e incluso se discutió la posibilidad de que para las televisoras públicas fuera para 2016, pero esta propuesta se rechazó.
De lo que se trata con la reforma, enfatizó, es que sólo este tipo de televisoras puedan suspender operaciones porque “si no hacemos nada” se ubican en causal grave de violación a la ley que podría ser objeto de revocación de su concesión.
