El Sistema Nacional para proteger a la infancia mexicana tendrá un año más como letra muerta y sólo demagogia. Aunque la ley para crearlo se aprobó en diciembre de 2014, ya van dos Presupuestos de Egresos en los que no se le asignan recursos.

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que en materia de presupuesto se destinará “el máximo de recursos posibles para atención de la infancia”. Aunque tanto para 2015 como para 2016, los diputados no le etiquetaron recursos.

Ésta fue una iniciativa preferente que el presidente Enrique Peña Nieto mandó al Congreso en septiembre de 2014 y que se promulgó en diciembre de ese año.

Según la legislación, es obligatoria la asignación presupuestal suficiente para cumplir la ley y crear un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; una Procuraduría Federal de Protección de la infancia y el Sistema Nacional de Información sobre Infancia, que se alimente de datos estadísticos para monitorear el grado de cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país.

Hasta ahora, la ley no opera y tampoco se ha creado la Secretaría Ejecutiva dentro de Gobernación para implementarla y dar seguimiento a sus mandatos, alerta la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

“Hay  mandatos de ley que se tienen que cumplir y sin presupuesto no hay ninguna posibilidad real de que ocurra. El dinero que está tradicionalmente asignado a la agenda es un presupuesto inercial, es el que cada año se etiqueta, que no cambia, lo mismo se le da a educación, a salud que a pueblos indígenas. Pero que ese dinero exista no implica que se cumpla con la ley porque la ley mandata específicamente la creación de una secretaría ejecutiva en Gobernación y la asignación presupuestal específica”, explicó en entrevista Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red.

Con esta legislación se busca coordinar cada programa presupuestal de los tres niveles de gobierno que atienda a la infancia, para sumar esfuerzos y evitar políticas públicas aisladas.

“La gran tarea es transversalizar la agenda, vincular estados con secretarias, con municipios, articular esfuerzos para que éstos no sean aislados. Si son esfuerzos aislados, no logran impactar”, dijo Juan Martín.

El 4 de diciembre de 2014, un día después de que esta ley se promulgó, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó el avance que implicó que México aprobara una ley para crear un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“En materia presupuestaria, la Ley establece que se destinará el máximo de recursos posibles para la atención de la infancia. Entre 2012 y 2014, los recursos públicos que el gobierno mexicano ha invertido en la infancia y la adolescencia constituyen en promedio 4% del Producto Interno Bruto del país para cada año. Actualmente, de los recursos que se identifican en el Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Anexo Transversal para la atención de la infancia y la adolescencia, menos del 1% se relaciona con el derecho a la protección, siendo éste uno de los ejes centrales de la nueva legislación”, destacó Unicef en diciembre de 2014 sobre la legislación.

Para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 no se le asignaron recursos; y según lo votado por los diputados para el Presupuesto de 2016, tampoco habrá dinero destinado al proyecto.

Con esto, son dos años sin etiquetar recursos desde el proyecto del Ejecutivo y en el dictamen aprobado por el Legislativo.

La Red por los Derechos de la Infancia hace un llamado a la Secretaría de Hacienda, principalmente, para analizar y definir el gasto público que se necesita para implementar esta ley; pues esa instancia del gobierno federal puede hacer ajustes de presupuesto durante el primer trimestre del próximo año.

“Sin la asignación de recursos para la implementación de la Ley General será demagógico hablar de la operación del Sistema Nacional de Protección Integral que demandará acciones de articulación entre lo federal, estatal y municipal. Se requieren recursos para la  urgente creación del Sistema Nacional de Información sobre Derechos de la Infancia y para la formación de funcionarias y funcionarios públicos que operan los  programas desde un enfoque de derechos humanos”, demanda la Redim.

El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de noviembre pasado. El monto asciende a 4 billones 763 mil 874 millones de pesos para ejercer en 2016.

La cifra fue 17 mil millones de pesos superior a lo que solicitó el Ejecutivo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. La Secretaría de Hacienda tiene hasta la tercera semana de diciembre para publicar los tomos que integran el paquete fiscal final. | Animal Político