Su lucha ya traspasó las fronteras: no hay continente en el que no hayan encontrado solidaridad, aunque lo que buscan es la verdad, algo que no encuentran aún, dicen, en su país.

Hoy, los padres de los 43 saldrán nuevamente a las calles en demanda de justicia porque, dicen, hasta ahora sólo tienen en sus manos “la verdad histórica” que les dejó Jesús Murillo Karam y la certeza de que el cambio del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) no significó, como pensaban, avances en las investigaciones.

Las autoridades mexicanas no se han pronunciado oficialmente sobre la recomendación de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: reclasificar el caso como desaparición forzada, lo que lleva implícito aceptar la participación de fuerzas del Estado.

Líderes de organizaciones y movimientos sociales coinciden con los padres de los estudiantes desaparecidos: el gobierno federal le apuesta al cansancio y al olvido. Sin embargo, dicen expertos, en épocas electorales si no hay resultados inmediatos, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa será manoseada y utilizada por personas ajenas que sólo buscarán sacar provecho a la tragedia. Los padres quedarán en medio, sin justicia ni respuestas.

Cansados, desgastados y superados por el paso del tiempo, así describen padres de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos su situación, a seis meses de la desaparición de sus hijos.

La lucha sigue, como dicen, pero el paso del tiempo no logra menguar el dolor por la desaparición de sus hijos aquella noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. La falta de una verdad concluyente y no “histórica”, hace que sus sentimientos sean más profundos.

La respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre lo ocurrido el 26 de septiembre no los convence y los inquieta ante la certeza de que el gobierno federal quiere “enterrar” el caso de sus hijos. Sepultar los hechos bajo la “verdad histórica” del ex Procurador Jesús Murillo Karam.

Los padres viajan a Estados Unidos, van a las embajadas, se trasladan al Distrito Federal para marchar, a la ciudad de Chilpancingo, en su natal Guerrero, hacen colectas para rentar autobuses. Todo parece en vano, pues el caso sigue sin una respuesta contundente y sólo cuentan con un molar y un hueso de dos centímetros que la PGR asegura pertenecen a Alexander Mora Venancio, uno de los muchachos desaparecidos, evidencias con las que la autoridad mexicana pretende resolver la desaparición del grupo de normalistas.

“El gobierno está prolongando esto. La nueva Procuradora [Arely Gómez González] está para eso: para prolongar la investigación, para que los padres nos desesperemos y dejemos la lucha. Ella no está ahí para encontrar la verdad, sino para proteger otros intereses”, dice Melitón Ortega, Padre Mauricio Ortega, normalista de Ayotzinapa.

Melitón asegura que varios padres y madres están enfermos por la desesperación y el dolor. Muchos de ellos cambiaron sus actividades cotidianas, abandonaron sus trabajos y se dedicaron por completo a la búsqueda de sus hijos.

“Esto es muy desesperante, ya son seis meses y no hay nada. Pero nos vamos a mantener firmes, el cansancio no nos va a detener”, dice Melitón.

La organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF), que mantiene un equipo de trabajo en Ayotzinapa, lugar que los padres hicieron su base de operaciones, dijo a SinEmbargo esta semana que los familiares presentan cuadros de ansiedad, problemas de sueño y depresión que pueden prolongarse el tiempo que sus hijos duren desaparecidos.

“El duelo es una de las cosas más frecuentes, afecciones psicosomáticas –toda enfermedad que corresponde a un proceso psíquico que tiene su influencia en el cuerpo. Es una dolencia física real, que tiene su origen en conflictos emocionales y psicológicos inconscientes sin resolver– en las que todo el dolor y la impotencia se va hacia el cuerpo, una de las cosas más relevantes”, explicó Ivonne Zabala Paternina, responsable de la misión de MSF en Ayotzinapa.

Rafael López Catarino, padre de Julio César desaparecido en Iguala, acepta que están enfermando y que la situación con cada mes que pasa, se vuelve más desesperante.

“Pero pues nosotros vamos a seguir en la lucha, no nos queda de otra. Vamos hasta las últimas consecuencias porque un hijo no es un animal, nuestros hijos son gentes. Yo soy campesino y me tocó esto a mi. No vamos a descansar hasta que se esclarezca”, dice.

La realidad es que no sólo los padres están desgastados. El movimiento que surgió a partir de la desaparición y que se gestó en Guerrero durante las primeras semanas, también lo está.

José Félix Rosas Rodríguez, vocero del Movimiento Popular de Tecoanapa Ayotzinapa –municipio de donde son originarios ocho normalistas desaparecidos –, acepta que el apoyo a los familiares se ha visto mermado, principalmente entre el magisterio.

“En el caso de Guerrero, nos está repercutiendo la situación laboral, la incertidumbre de los pagos. Es como si estuviéramos cumpliendo a dos amos: la lucha económica del magisterio y la lucha social por los 43. Hay muchos compañeros maestros golpeados gubernamentalmente por la falta de pagos hasta la fecha y los padres de familia quieren que ya nos presentamos a clases”, indica.

Félix Rosas narra que al inicio del movimiento por los 43 desaparecidos, salían de Tecoanapa alrededor de 11 autobuses para acudir a las manifestaciones.

“Ahora a veces apenas completamos los dos autobuses nada más. Los demás compañeros se quedan a trabajar, tenemos la presión y la responsabilidad. No es que nos hayamos cansado y estemos desgastados, sino que el mismo gobierno tiene su estrategia para que el asunto de los 43 se olvide y nos está soltando el problema del magisterio, para diluirnos”, expone.

El intento es claro, indica José Félix: el “carpetazo” del caso Ayotzinapa inició cuando la PGR anunció el hallazgo de los restos de Alexander Mora.

A la incertidumbre de los pagos, se le suma un acoso continuo hacia los maestros en Guerrero: hay retenes de las fuerzas castrenses en las carreteras y en los caminos del estado, mismos que se incrementan cuando se planea alguna protesta por los desaparecidos de Ayotzinapa.

“A veces salimos en los camiones y el Ejército nos detiene. Nos hacen preguntas y ahí nos tienen, entre lo que discutimos, pasan horas, que hasta terminamos por regresarnos”, cuenta Félix.

La situación, dice José, se agrava mes con mes. Cuando se cumplieron cinco meses de la desaparición de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante legal de los padres, declaró que la PGR mantenía detenidas las investigaciones.

Mientras que la Unión de Pueblo Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG), anunció que saldría de Iguala y abandonaría la búsqueda intensa de los normalistas, que iniciaron desde principios de octubre del año pasado, para concentrarse en reunir evidencias sobre los casos de desaparición que involucran no sólo a los estudiantes de Ayotzinapa, sino a la población de Guerrero víctima de la delincuencia organizada y del Estado.

Crisóforo García Rodríguez, promotor de la UPOEG, reconoció hace un mes que el ánimo de la movilización disminuyó.

“El movimiento perdió mucha fuerza. Hubo infiltrados que mancharon la imagen de la lucha. Tenemos que reconstruir con los errores que cometimos y el gobierno federal sí logró que el movimiento se desvaneciera un poco. Nos pasa a nosotros, a las organizaciones y al sector magisterial”, dijo.

El promotor de la UPOEG agregó que la apuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto es que el “movimiento se desinfle”.

OTROS “HORRORES” COMO AYOTZINAPA

El poeta y escritor Javier Sicilia Zardain coincide con Crisóforo y con los padres de los normalistas: el gobierno de Peña Nieto le apuesta al desgaste no sólo de los familiares, sino del movimiento.

“Para los movimientos sociales fuertes y que generan un verdadero movimiento político, el gobierno cuenta con el desgaste y la saturación de las agendas”, dice.

Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que surgió a raíz del asesinato de su hijo Juan Francisco, asegura que el gobierno busca la fractura de una iniciativa que surgió a raíz del dolor profundo de perder a 43 hijos.

“Muchos usan el movimiento hasta que se cansan y luego lo abandonan”, expresa.

Con Sicilia coincide el activista Jorge González de León, para quien el gobierno federal no necesariamente tiene que triunfar en su afán por enterrar el caso Ayotzinapa.

“Todo dependerá de la participación ciudadana. Yo no apostaría a que el gobierno gane, quizás pierda, pero desgraciadamente vamos a tener que pasar por otros horrores como Ayotzinapa. Van a perder, pero van a pasar más cosas”, dice.

González de León explica que se están articulando varios movimientos a nivel nacional alrededor de los miles de desaparecidos y muertos que suman entre el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y la administración actual –hasta ahora sólo se reconocen oficialmente cerca de 23 mil.

“Se está trabajando el Congreso Constituyente, en el voto nulo, vamos a ver el resultado de todo eso. Aunque ahorita se vea que se está enfriando, vamos a tener un verano calientito por las elecciones”, dice.

Pero Pablo Monzalvo Pérez, criminólogo de la Universidad Iberoamericana (UIA), plantea que mientras no exista una declaración clara y científica confiable, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal por dar carpetazo al caso de los 43 normalistas, el conflicto continuará y se acrecentará durante los próximos tres meses electorales.

“El problema se ha prologando porque no hay una solución jurídica-política y mientras eso no se dé, será un motivo de bandera política y de agitación, tengan o no razón. Tiene que haber una respuesta contundente, científica, que nos permita saber qué pasó, no sólo una especulación mediática”, explica.

Para el criminólogo, la llegada de la nueva Procuradora General de la República debió suponer una resolución al caso.

Pero no fue así. Por lo contrario el Estado se niega a aceptar que lo ocurrido en Iguala fue una desaparición forzada.

“El Estado no ha aceptado eso porque implica aceptar que sí hay una responsabilidad de los funcionarios de seguridad pública. Si la hay, deberían decirlo y hacer las consignaciones que se tengan que hacer. Si no hay una solución, Ayotzinapa será una bandera de campaña de los grupos que están en contra del sistema en las elecciones”, detalla.

DESAPARICIÓN FORZADA

Uno de los pocos avances logrados durante el sexto mes de la desaparición de los normalistas, fue que los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendaron a la PGR reclasificar el caso como desaparición forzada, dice José Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organizaciones de Derechos humanos.

“Para nosotros es importante el trabajo que el grupo de expertos está haciendo, porque finalmente ellos sacarán a la luz pública las lagunas y fallas que han tenido las autoridades ante la gravedad del caso. El Estado mexicano no ha sido capaz de dar una respuesta satisfactoria a los padres de familia que están esperando el regreso de los hijos”, afirma Olivares Hernández.

La semana pasada, los expertos que se encuentran en México trabajando en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa recomendaron al gobierno de México reclasificar el caso que se investiga actualmente como un delito del crimen organizado, como desaparición forzada, debido a que, dijeron, son delitos de lesa humanidad.

“Vemos elementos que estructuran el delito de desaparición forzada”, dijo la ex Fiscal colombiana Ángela Buitrago.

Sin embargo, el criminólogo Pablo Monzalvo explica que la recomendación de los expertos, por muy buena que sea, no es vinculante.

Si la PGR se niega a reclasificar el caso, la CIDH no puede obligarla y la opinión de los expertos terminará archivándose, agrega.

“Al no ser vinculante, lo que dicen los expertos de la Comisión terminará por olvidarse”, sentencia.

Los expertos también recomendaron a la PGR continuar con la búsqueda de los normalistas.

Carlos Beristain, uno de los integrantes de la misión, indicó que durante los primeros 15 días de su estancia en el país, revisaron el expediente y las pesquisas realizadas y no encontraron evidencia si se han detenido o no las investigaciones, como denunciaron los padres de los desaparecidos.

“Solicitamos que se continúe con el proceso de búsqueda, porque no hay certeza de lo que sucedió con los normalistas. No sabemos si se ha detenido o no, pero el caso sigue abierto”, dijo en conferencia de prensa.

Buitrago agregó que de parte del gobierno federal, no encontraron hasta el momento la intención de dar por única la “verdad histórica” anunciada por la PGR.

De acuerdo con organizaciones cercanas al caso, la Procuraduría no ha desechado la línea de investigación que involucra a normalistas con el crimen organizado.

“Los abogados que han estado checando el expediente se dieron cuenta que no se ha cancelado de manera total esa línea. Murillo Karam declaró públicamente que esa línea estaba descartada, pero lo no está de manera total, por eso exigimos que se reclasifique el caso como desaparición forzada”, dice Olivares Hernández.

El año pasado Jesús Murillo Karam, declaró que los criminales de la banda “Guerreros Unidos”, secuestraron y asesinaron a los estudiantes, porque la noche del crimen corrió “un rumor” de que pertenecían a la banda contraria de “Los Rojos”.

Después, ante las demandas y la indignación de los familiares y la sociedad civil, el ex Procurador declaró que no había una línea de investigación que involucrada a los jóvenes con el narcotráfico.

“A nosotros nos informó ayer Vidulfo [Rosales Sierra] que sigue abierta, latente y que la está siguiendo la PGR [Procuraduría General de la República], que incluso son señalados con apodo algunos muchachos y que ellos fueron responsables de la violencia que se generó en Iguala”, revela el vocero del Movimiento Popular de Tecoanapa Ayotzinapa.

Esa línea busca criminalizar a los normalistas y exonerar de toda culpa al Estado, para que todo quede en “un levantón” entre bandas del narcotráfico, dice.

Hasta el momento, la PGR no ha declarado oficialmente su postura en torno a las recomendaciones realizadas por los expertos de la CIDH.

Mientras que los familiares confían en que la Comisión le de voz a lo que han denunciado durante los últimos seis meses: que fue el Estado quien desapareció a los estudiantes, a través del 27 Batallón de Infantería del Ejército y la policía municipal de Iguala.

El grupo de trabajo informó durante su primera conferencia de presa en México, que se encuentra analizando declaraciones ministeriales de testigos e inculpados para verificar y contrastar la información. Los expertos también solicitarán algunos peritajes durante los próximos meses. [SinEmbargo]