Lectura 3 - 5 minutosNo se puede cerrar la investigación sobre Ayotzinapa, al hacerlo el gobierno mexicano “socava el Estado de Derecho”, señala en un comunicado la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).
La organización defensora de derechos humanoscritica la rueda de prensa que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ofreció este martes para declarar concluida la investigación oficial sobre los 43 estudiantes desaparecidos.
“Presentó (Murillo Karam) un video tipo “documental” sobre el caso, producido por el mismo gobierno, con una narración sombría y recreaciones animadas de los violentos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre, la noche de la desaparición de los estudiantes…”
A continuación el documento íntegro publicado por WOLA en su sitio de Internet: [Fuente: AN]
La investigación sobre Ayotzinapa no se puede cerrar: Posicionamiento del gobierno mexicano socava el Estado de Derecho
28 ene 2015
Washington, D.C.—El 27 de enero, cuatro meses después de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el Procurador General de la República de México, Jesús Murillo Karam, se paró frente a las cámaras de televisión y declaró que la investigación sobre estos estudiantes estaba concluida. Presentó un video tipo “documental” sobre el caso, producido por el mismo gobierno, con una narración sombría y recreaciones animadas de los violentos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre, la noche de la desaparición de los estudiantes, y que incluyó las confesiones grabadas en vídeo de algunos de los supuestos perpetradores. Sin presentar nuevas pruebas, el Procurador revisó el acervo probatorio existente y dijo que el gobierno estaba seguro de que los estudiantes habían muerto y que su teoría del caso era correcta.
WOLA considera que es prematuro y alarmante que las autoridades federales hayan dado por concluida la investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes normalistas. Mientras que el presidente Peña Nieto claramente quiere superar este caso, que ha herido gravemente tanto su popularidad interna como su credibilidad internacional, todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre el caso. Según Maureen Meyer, la Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA, “declarar concluida la investigación sobre el caso Ayotzinapa, cuando aún quedan varios pendientes a resolver, sólo reforzará la percepción de que el gobierno no está comprometido con el Estado de Derecho.”
Frente al anuncio hecho por el Procurador, las familias de los estudiantes y sus representantes legales realizaron una conferencia de prensa. Rechazaron categóricamente la posición del gobierno y listaron varias razones por las cuales no se puede dar por concluido la investigación, como la falta de certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero donde supuestamente los jóvenes fueron quemados, la falta de investigación sobre la responsabilidad del Ejército y las alegaciones de corrupción política de otras autoridades del estado de Guerrero, las alegaciones de que algunos de los inculpados hayan sido torturados, y el hecho de que solamente se han identificado los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Los familiares declararon que continuarán buscando a sus hijos hasta que se presentaran con pruebas convincentes de que están muertos.
“Es preocupante el peso que el gobierno le da a las confesiones de los supuestos autores materiales, sobre todo cuando hay acusaciones de que algunos de los detenidos en el caso fueron torturados”, dice Meyer.
Otro aspecto preocupante del anuncio del gobierno es que no se ha dado tiempo para que el grupo de expertos externos de asistencia técnica, cuyo apoyo fue acordado entre el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de las familias en noviembre, lleve a cabo su labor. Parte de este convenio de colaboración es justamente analizar si “se están agotando correctamente todas las líneas de investigación” en la desaparición de los estudiantes.
El caso de los estudiantes desparecidos no es aislado, el Estado mexicano no ha podido dar respuestas contundentes a los miles de familias de víctimas de desapariciones forzadas y otras víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en el país y tampoco ha investigado y sancionado a los agentes responsables, a cualquier nivel. Meyer concluye que, “México está atrapado en una crisis de derechos humanos de una magnitud que parece no entender el presidente Peña Nieto.”
