El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado la reforma constitucional que evita a toda costa que los municipios tengan competencias relacionadas con la seguridad pública. Además plantea que las funciones municipales sean competencia federal si la Fiscalía General de la República, la Segob y el Congreso de la Unión acreditan la infiltración del crimen organizado en la estructura local.

Peña Nieto propone en la reforma a los artículos 21, 73, 104, 105, 106 y 123 de la Constitución la desaparición de las policías municipales, por lo que la seguridad de los ayuntamientos estará a cargo de los gobernadores. Los municipios sólo participarán en el diseño y ejecución de políticas públicas de prevención no policial de los delitos.

El documento que este martes será enviado a comisiones del Senado destaca que a partir de la entrada en vigor del decreto los gobernadores podrán asumir el mando de las policías municipales en casos de alteración del orden, fuerza mayor o en aquellos en los que considere que la situación lo amerita para efectos de garantizar la seguridad de uno o varios municipios.

Esto no será lo único que se centralizará. Si el fiscal general de la República advierte indicios para considerar que hay infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales, lo deberá comunicar al secretario de Gobernación para que, de estimarlo procedente, de forma conjunta soliciten la aprobación del Congreso de la Unión para que la Federación asuma temporal, total o parcialmente las funciones del municipio.

“En caso de asunción total de las funciones, la legislatura del Estado correspondiente convocará a elecciones de conformidad con lo previsto en su Constitución... Si no prevén este supuesto, se estará a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria”, precisa.

“Por la importancia y relevancia de las funciones que realizarán la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y el Congreso de la Unión, así como los servidores públicos federales encargados de asumir las funciones municipales, se establece que en estos casos no procederá la controversia constitucional a efecto de no judicializar las razones que llevan a la intervención de los ayuntamientos”.

Peña Nieto pone énfasis en el área de seguridad, advierte que la seguridad pública “pasará a ser un servicio prestado exclusivamente a nivel estatal a cargo del gobernador”, por lo que los ediles deberán entregar el presupuesto de seguridad de manera inmediata a los gobernadores. Los cuerpos de seguridad municipal podrán ser parte de la policía estatal pero sólo si acreditan el control de confianza.

La propuesta del presidente de la República urge a modificar el sistema de seguridad pero advierte que “una reforma superficial, en este momento, sería insuficiente e irresponsable”.

Aparte de la infiltración del crimen organizado en las estructuras, detalla que hay ayuntamientos que no tienen una policía y que por carácter político o presupuestal 600 municipios ya dependen de la seguridad estatal; sólo 14 de los 31 estados tienen cuerpos de seguridad en todos sus ayuntamientos, 86% de las corporaciones locales cuenta con 100 elementos, 0.6% de estos policías son analfabetas y 52% tiene educación media superior.

“Aproximadamente 40% de los policías municipales percibe un sueldo base mensual inferior a 4,600 pesos y menos de 3.5% percibe un salario superior a los 12,000 pesos. Queda claro que la remuneración a las policías municipales es insuficiente”, precisa.

“Este nuevo modelo policial tendrá un cambio cuantitativo y cualitativo: se propone pasar de más de 1,800 policías municipales débiles a 32 sólidas corporaciones de seguridad de las entidades federativas, las cuales estarán homologadas según los lineamientos que para tal efecto se emitan en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública en selección, ingreso, permanencia, formación, remuneración mínima, protocolos de actuación y operación y equipamiento, a efecto de hacer eficiente la función policial en todo el país”, añade.
Fast track legislativo

Antes de recibir de manera formal la iniciativa presidencial, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD tanto en la Cámara de Diputados y de Senadores se reunieron para revisar el trato a ésta. El senador del PAN, Jorge Luis Preciado, afirmó que no le dará un cheque en blanco a Peña, por lo que de ninguna manera habrá fast track legislativo, pero sí se revisará si procede un periodo extraordinario.

El líder de la bancada del PRI, Emilio Gamboa, dijo que hay 15 días para aprobar la iniciativa y propondrá trabajar en conjunto con los diputados para acortar el tiempo de análisis.

El presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, expresó que en estos momentos no pueden prevalecer o ponerse por delante cuestiones de mezquindad o intereses particulares. Será cuando el Ejecutivo federal envíe a los diputados su iniciativa para desvincular el salario mínimo de diversos precios y tarifas de la economía.

Con Información de El Economista