El primer tratado de la historia para prohibir las armas nucleares entró en vigor este viernes, aclamado como un paso histórico para librar al mundo del armamento más letal, pero con la fuerte oposición de las naciones con capacidad para tenerlo.

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares forma parte ahora del derecho internacional, culminando una campaña de varias décadas que busca evitar la repetición de los bombardeos atómicos de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial.

Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el acuerdo, del que México forma parte, en el Diario Oficial de la Federación.

El tratado fue aprobado por el Senado de la República en noviembre de 2017.

No obstante, hacer que todas las naciones ratifiquen un documento que les exige que nunca posean este tipo de armas parece complicado, sino imposible, en el escenario mundial actual.

Cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el tratado en julio de 2017, más de 120 naciones le dieron el visto bueno. Entre ellos no estaban ninguna de los nueve países que se cree que tienen armas nucleares — Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Francia, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel— ni las 30 que integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Japón, el único país que ha sufrido ataques nucleares, tampoco lo respalda, aunque los ancianos sobrevivientes de los bombardeos de 1945 presionan para que esto ocurra.

La nación nipona renuncia por sí misma al uso y posesión de armas nucleares, pero el gobierno dijo que un acuerdo de prohibición no es realista ante la profunda división entre estados nucleares y no nucleares.

El tratado requiere que todos los países que lo ratifiquen “nunca, bajo ninguna circunstancia, desarrollen, prueben, produzcan, manufacturen o adquieran, posean o almacenen armas nucleares u otro tipo de dispositivos explosivos nucleares”. Además prohíbe cualquier transferencia o uso de armas y dispositivos explosivos nucleares — y la amenaza de utilizarlos — y exige que las partes promuevan el texto a otros países.