Lectura 1 - 2 minutosEl diputado de Morena, César Agustín Hernández Pérez, presentó iniciativa de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de inhabilitar de forma permanente a los servidores públicos y particulares que incurran en actos de corrupción.
De igual manera plantea incluir la figura de prevaricación judicial, en la que incurrirá el servidor público con competencia jurisdiccional reconocida que a través de una resolución injusta atente contra determinadas garantías procesales específicamente tipificadas.
Además, que dicte una resolución de fondo o sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio, y omita dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita.
Nuestro Dip. César Hernández presentó una iniciativa para que los servidores públicos que traicionaron al pueblo NUNCA más vuelvan a ejercer algún cargo. pic.twitter.com/doTcjI6HOh
— Tus Diputados Morena (@DiputadosMorena) 4 de octubre de 2018
Hernández Pérez mencionó que la corrupción de jueces, magistrados o ministros debe considerarse la peor de las formas de corrupción y flagrante traición al derecho de la población a la justicia, la seguridad jurídica y un Estado de derecho sólido.
Advirtió que ello debe sancionarse con la inhabilitación, temporal o permanente, atendiendo la gravedad del acto o sus implicaciones.
La inhabilitación permanente se propone para aquellos casos tan graves que socialmente no pueden ser resarcidos con la inhabilitación temporal ni con el traslado del servidor público corrupto a otra dependencia o entidad de la Administración Pública, o bien, los que por cuantía supera toda posibilidad de considerar la reintegración de ese funcionario al trabajo público.
La cuantía para la inhabilitación permanente será de 205 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización, y se incluye a las personas físicas y morales y a los particulares en situación especial.
La iniciativa presentada fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.
