El grupo parlamentario de Morena propuso establecer la revocación de mandato para el presidente de la República, como promeetió en campaña, y extender la medida a gobernadores, presidentes municipales, senadores y diputadosfederales y locales.

La iniciativa de reformas a la Constitución, presentada en el Senado de la República, plantea que se pueda quitar de esos cargos a quien incurra en pérdida de confianza, incumpla un plan de trabajo o compromisos de campaña, cometa actos de corrupción o viole la ley.

Con la frase “en la democracia, el pueblo da y el pueblo quita”, el vocero de la bancada de Morena, Salomón Jara, afirmó que si antes hubiera existido esta figura a nivel presidencial y en gobiernos estatales, se habrían evitado muchos actos de corrupción.

Revocación de mandato en México; Morena empieza el camino https://t.co/tUEePEKOTh

— lorenz medina (@lorenzo051862) 14 de septiembre de 2018

“Si hubiera existido la revocación de mandato de los gobernadores, tendríamos mejores cuentas en las finanzas públicas, menos deuda, menos violencia y mejor seguridad en el país”, dijo en tribuna.

Para que los ciudadanos decidan si un mandatario, edil o legislador debe mantenerse en el cargo o no, Morena también propone establecer en la Constitución la consulta popular.

De acuerdo con la propuesta, si la ciudadanía vota por revocar el mandato al presidente de la República en una consulta popular, no será necesario que el Congreso de la Unión lo apruebe. Bastará una comunicación del Ejecutivo federal a la Cámara que corresponda y la resolución popular será irrevocable.

En el caso de las entidades y municipios, los Congresos locales deberán promulgar sus propias leyes de consulta popular y revocación de mandato, y definir el procedimiento para que la ciudadanía ratifique o no a sus autoridades.

De aprobarse la iniciativa de Morena —que ya analizan las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos—, la revocación del mandato se consultaría por primera vez en 2021, año intermedio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien sería el primer presidente de México en someterse a este proceso de ratificación.