La reforma de los Estados Unidos ya fue aprobada y, a diferencia de lo que pensaban muchos analistas, entrará en vigencia en 2018. Esto pone una presión enorme sobre la SHCP la cual deberá decidir cuál será el mejor plan a seguir antes que aparezcan consecuencias no previstas.

"El tema parece estarse tomando muy a la ligera. El debate sobre la reforma fiscal debería iniciarse ya mismo y el sector público deberá integrar al sector privado en la discusión ya que este último será el más afectado", señaló un analista de una importante consultora en diálogo con LPO.

En diversos reportajes González Anaya destacó que su equipo está analizado alterar la tasa efectiva de impuestos y no el impuesto corporativo. La primera hace referencia a los  impuestos totales que pagan las empresas, en el cual se incluye el tributo específico a las firmas privadas.

También había aclarado que, hasta que la reforma no fuera aprobada y confirmada en su forma definitiva, no se podría establecer un plan de acción específico ya que primero sería fundamental ver a qué es a lo que se enfrentarían. La reforma ya se aprobó y será aplicada muy pronto por lo que "ahora ya no hay más excusas", señaló el analista consultado.

Para muchos analistas existen demasiados motivos por los que el Gobierno jamás podría imitar a Trump y bajar el Impuesto sobre la Renta (ISR), que van desde razones políticas hasta económicas.

De todas maneras, Anaya dejó bien en claro que el objetivo de Hacienda seguirá siendo el cumplimiento de las metas fiscales, la reducción de la deuda sobre el PBI y el crecimiento económico. 

Por eso mismo, se descarta una movida en espejo. Una medida impositiva similar a la de los Estados Unidos por parte del Gobierno mexicano acarearía una caída del 1,2% del PBI, algo que iría en contra del objetivo de crecimiento de un 2,2% planteado por el mismo González Anaya.

Lo cierto es que para muchos analistas existen demasiados motivos por los que el Gobierno jamás podría bajar el Impuesto sobre la Renta (ISR), que van desde razones políticas hasta económicas. Ya antes de renunciar a su puesto, Meade había advertido que no hay margen de maniobra entre el nivel de gastos e ingresos del sector público y, teniendo en cuenta que la consolidación fiscal sigue siendo una prioridad, cuesta pensar que renunciarían a una fuente de ingresos tan importante como lo es el ISR, el cual genera un 57% de los recursos impositivos del sector público.

En este sentido, según voceros del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el contar con menos ingresos tributarios puede acarrear consecuencias nefastas para el gobierno al recibir una presión mayor sobre el gasto público, el cual está atado al pago de ladeuda, las pensiones y las transferencias a los Estados.

Lo que se ha planteado para compensar la caída del ingreso público, en caso de que sí se decida reducir el ISR, es un aumento del IVA o extenterlo a alimentos y medicamentos. Una medida impopular al extremo en un año de elecciones.

Por este motivo, lo que se ha planteado para compensar la caída del ingreso público, en caso de que se decida reducir el ISR, es un aumento del IVA (que actualmente está en el 16%). No obstante, la medida sería bastante impopular en un año de elecciones ya que, precisamente, afectaría directamente a los consumidores.

Igualmente, para muchos expertos tributarios el problema no reside en el ISR sino en la informalidad como problema sistémico. Teniendo en cuenta que en México el 60% de los ingresos es generado por dicho sector -el cual por supuesto no paga impuestos-, se plantea que lo mejor, tal vez, sería aumentar la base de contribuyentes.

Una tercera opción consiste en tomar deuda para compensar la eventual caída de los ingresos fiscales. Sin embargo, según Mariana Paola Ramírez Montes, analista de BX+, esto no solo va en contra del objetivo del gobierno de reducir el porcentaje de la deuda sobre el PBI, sino que también sería una mala señal para las calificadoras, las cuales volverían a bajar la nota de la deuda de México, algo no muy conveniente en este momento.

La presión del sector privado

A pesar de la evaluación que está realizando González Anaya y su equipo, desde el sector privado ya han empezado a tener lugar fuertes presiones para que se implementen medidas específicas. Un ejemplo de ello fue la exigencia del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), el cual ha estado presionando para bajar el ISR a un 20% para evitar la huida de los grandes conglomerados internacionales. Adicionalmente, han sugerido colocar controles sobre el capital real para evitar cualquier tipo de fuga de inversiones.

Por otro lado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que se dedujeran los pagos por prestaciones laborales a los patrones. Esto sería difícil de  implementar ya que eso reduciría los ingresos del fisco lo cual va en contra de las prioridadesplanteadas por Anaya.

Por parte de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), su presidente, Enrique Solana Sentíes, informó que están redactando una propuesta fiscal propia la cual tendrá en cuenta a la Pymes. Según Solana, bajar losimpuestos será clave para reducir la informalidad y evitar una abrupta huida de Inversiones Extranjeras Directas (IEDs).

Claramente el sector privado está exigiendo un debate sobre la reforma. Será decisión de Hacienda abrir las puertas y escuchar.