Era 30 de agosto de 2016 y se celebraba la 40 sesión del Consejo de Seguridad. El Presidente Enrique Peña Nieto llegó al evento con un plan entre manos para calmar la demanda de seguridad y anunció que se priorizarían los 50 municipios con más homicidios dolosos, los que concentraban el 42 por ciento de los casos en el país.

Un año después, las carpetas de investigación por ese delito no descendieron y por el contrario aumentaron. Un análisis a esos municipios demuestra que la última apuesta en materia de seguridad del sexenio falló: entre enero y julio del 2016 sumaron 4 mil 909 asesinatos intencionales y en el mismo lapso pero de este año acumularon 6 mil 113.

Especialistas consultados ven en retrospectiva que aquel anuncio fue más de índole político que técnico. “Hay un gran problema de homicidios en diversas partes del país y hay que hacer algo, pero nunca están claras las razones, los elementos técnicos, las metas y las formas en que se cumplirán”, sostiene Edgar Cortez Moralez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Un año después de la intervención del Presidente Enrique Peña Nieto y su Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en los 50 municipios con mayor número de homicidios dolosos del país, las localidades incrementaron en 24.53 por ciento sus registros por este delito.

“Sin duda, un tema que nos preocupa y ocupa a todas las autoridades es el repunte de algunos delitos de alto impacto durante los primeros siete meses de este año 2016, en relación con el mismo periodo del año pasado”, dijo Peña Nieto durante la 40 sesión del Consejo Nacional de Seguridad celebrada en agosto del año pasado.

Así, Peña dio instrucciones para atender los 50 municipios que concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos, que entre enero y julio del 2016 sumaron 4 mil 909 carpetas de investigación.

Hoy, con las más recientes cifras entregadas  por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se constata que los mismos 50 municipios sumaron 6 mil 113 carpetas de investigación.

¿Qué salió mal?

“Es prácticamente imposible reducir el homicidio doloso únicamente bajo el despligue de fuerzas policiales, aún con la colaboración de las fuerzas estatales”, aseguró Lilian Chapa Koloffon, consultora en temas de seguridad

“Estas fueron las únicas acciones inmediatas de la estrategia. El despliegue del Ejército y la Marina, pero esto fue insuficiente y además nos lleva a preguntarnos qué sentido tienen este tipo de intervenciones dónde la violencia homicida no necesariamente está vinculada con los delitos federales”, dijo Chapa Koloffon.

Al momento del anuncio, la Secretaría de Gobernación no dio a conocer la lista de los 50 municipios en los que se enfocaría y, hasta ahora, esa información sigue sin detallarse, incluso pese a una solicitud de transparencia realizada por SinEmbargo a esta dependencia.

No obstante, con base en las declaraciones de las autoridades federales, las cifras de incidencia delictiva colocan a los siguientes 50 municipios como los que tuvieron más homicidios dolosos en los primeros siete meses del año del 2016. Y el fracaso para llevar seguridad a los mismos.

La selección del Gobierno federal de estos municipios bajo el criterio de más homicidios dolosos carece de fundamentos técnicos desde un principio, consideró Edgar Cortez Moralez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

“Cuando se anunciaron estas medidas se hicieron públicamente varias preguntas. ¿Cuál era el diagnóstico sobre cada municipio? Es decir, la incidencia delictiva no es un diagnóstico es sólo un número, hay que identificar las posibles causas sociales, económicas, y mucho de eso nunca fue respondido”, dijo
Para Cortez, el empeoramiento de la seguridad da cuenta de que aquel anuncio hecho por Peña fue improvisado.

“Fueron decisiones más índole político que técnico. Hay un gran problema de homicidios en diversas partes del país y hay que hacer algo, pero nunca están claras las razones, los elementos técnicos, las metas y las formas en que se cumplirán”, expuso.

Y SE AGOTAN LOS RECURSOS

Contrario a los índices de homicidio, los 50 municipios sufrieron una reducción en sus presupuestos para la seguridad.

De manera general, el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) pasó de desembolsar mil 928 millones en el 2016 a mil 575 millones de pesos en el 2017, de acuerdo con los convenios firmados en ambos años.

La disminución del 18 por ciento del Fortaseg en las 50 localidades contrasta con las exigencias del Gobierno federal a los órdenes estatales y municipales.

“Deben ustedes, los ejecutivos locales, asumir la obligación y compromiso de encabezar los esfuerzos para brindar mayor seguridad a los habitantes de sus entidades”, emplazó Peña aquel 30 de agosto.

“Hoy quiero, nuevamente, reiterarlo: las Fuerzas federales estarán invariablemente ahí, donde se necesite para ofrecer respaldo a las policías locales, de manera subsidiaria y temporal, no para suplirlas, ni reemplazarlas”, advirtió Peña en aquella reunión.
No hay municipio más afectado en su presupuesto que Mexicali, Baja California, con una reducción del 49.7 por ciento del apoyo del Fortaseg; le sigue León, Guanajuato, al que le fueron asignados 31.9 por ciento menos recursos este año de parte del Fortaseg.

Vidal Fernando Romero León, Jefe del Departamento Académico de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), expuso que los intereses del Presidente Peña no necesariamente están alineados con los de los 50 alcaldes.

“La Federación quiere que se dediquen a combatir al crimen, y muchos municipios quieren dedicarse a la delincuencia ordinaria, que va más con las preferencias locales. Por ejemplo, a la gente no le importa si detienen al “Chapo” Guzman, pero sí a los que asaltan en el bus”, dijo Romero.

De tal suerte, dijo, no hay un sistema de fiscalización que revise cómo ejercen estas municipalidades los recursos.

Por el contrario, Chapa expuso que no hay elementos suficientes para considerar que la disminución de recursos repercutió directamente en el deterioro de la seguridad en los 50 municipios.

Además de las acciones inmediatas, las hubo “progresivas”, las cuales estarían supuestamente basadas en las medidas de prevención de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. “En realidad son una enunciación de buenas intenciones”, dijo Chapa.

El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que articulaba 16 estrategias y 97 líneas de acción, contó con 2 mil 015 millones 311 mil 756 pesos en el 2016, antes de quedar sin recursos en el 2017.

“De los 50 municipos, 41 o sea casi todos, al menos del 2013 habían estado estado recibiendo recursos del Pronapred. Mismos que ya no existen. Desde tres años hasta que se anunció esta nueva estrategia de reducción del homicidio, se estuvieron implementado acciones del Pronapred y claramente no hubo resultados”, dijo Chapa.

Un segundo ingreso vigente para las entidades proviene del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para dar cumplimiento a las estrategias nacionales de seguridad pública, lo que incluiría el deseo Presidencial de disminuir los homicidios dolosos en 50 municipios.

Entre las entidades que albergan a estos municipios se encuentran Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, que en su conjunto contaron casi con los mismos recursos este año que en 2016.

La seguridad está convertida en un barril sin fondo porque no se tienen las estrategias para responder a los problemas de seguridad en los estados ni municipios, ni la voluntad política para fortalecer a las policías. Podías haber invertido más o menos dinero y eso no va a tener consecuencias sin estrategia, capacidades técnicas y sin reforma policial. No podemos decir que hay menos resultados porque hubo menos recursos”, consideró Chapa Koloffon.