Durante su primera audiencia en México, tras su extradición de Guatemala, el juez Gerardo Moreno García determinó que el exmandatario de Veracruz se quedará internado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México hasta que se defina si se le vincula a proceso.

Durante la audiencia, que duró más de cinco horas, el exgobernador puso en “jaque” a tres agentes del Ministerio Público, quienes sufrieron para acreditar la acusación que la PGR le hizo para convocar a su extradición.

Duarte, quien prácticamente condujo su defensa, pidió aclaración a la PGR de las imputaciones en su contra para tener, dijo, los elementos que le permitan tener acceso a una defensa adecuada.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, rindió declaración en el Reclusorio Norte; enfrenta cargos por corrupción y narcotráfico.

Por ejemplo, pidió saber fechas de la constitución de las empresas fachada; montos, nombres de vendedores y compradores de propiedades que, según la PGR, fueron adquiridos por la red criminal que presuntamente encabeza Duarte y en las que participan otras ocho personas.

Asimismo, solicitó a la PGR que informara cómo llego a la conclusión de que dichas propiedades fueron adquiridas con dinero del erario de Veracruz y cómo se le vinculó en su compra.

Por ejemplo, los agentes del Ministerio Público tardaron más de una hora en responder una sola de las preguntas del exmandatario veracruzano, relacionada con 21 parcelas adquiridas en el ejido de Lerma, Campeche.

Al final proporcionaron información errónea, incompleta y contradictoria, lo que ameritó que Duarte, su defensa y el propio juez Gerardo Moreno García, los exhibieran por no estar preparados para la audiencia que fue pública.

Aunque, a diferencia de las celebradas en Guatemala por su extradición, no se permitió el acceso de cámaras, teléfonos o cualquier otro dispositivo electrónico que permitiera el registro de la misma.

En la audiencia pública, Duarte solicitó la duplicidad del término constitucional de 72 a 144 horas por lo que será el sábado cuando se defina su situación jurídica. Asimismo pidió la presencia de Alfonso Ortega López, su excolaborador y uno de sus principales acusadores.

A pregunta expresa de Duarte, el Ministerio Público aceptó que ofreció medidas cautelares a Ortega López a cambio de que aceptara declarar en contra del exgobernador, a quien acusó de encabezar una organización criminal que entre 2011 y 2016 desvió millones de pesos del erario de Veracruz y los introdujo al sistema financiero, a sabiendas de su procedencia ilícitas, a través de empresas fantasma.

Duarte, quien estuvo de espaldas al público asistente, se dijo sorprendido de que los agentes del Ministerio Público tardaran tanto en responder una pregunta y lo hicieran mal. En tanto su abogado acusó la falta de preparación de los servidores públicos y aseguró que el caso se le “está desmoronando” a la PGR.

Y es que de más de 438 millones de pesos que, según la PGR, Duarte desvió del erario de Veracruz, el Ministerio Publicó sólo pudo acreditar 38.5 millones.