El abogado refirió que durante los años de 2005 y 2006 Guillermina Jiménez quien se desempeñaba como juez segundo penal de primera instancia del primer distrito judicial del estado de Morelos, ordenó la detención de diversas personas el 18 de mayo de 2005 entre las que se encontraban Beatriz Eugenia Tarriba Unger, sus hijos Beatriz y Alfredo Tinajero Tarriba, y otras los abogados Javier Trujillo Guarneros y Raúl Melgoza Figueroa; por supuesta comisión de delitos de fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y lo que resulte.

Sin embargo el Virgilo Pascual, defensor de las víctimas, señaló que la investigación previa a la orden de aprehensión fue fraudulenta ya que el acuerdo suscrito y fechado en el poblado de Tres Marías con día 4 del mes de febrero 2005, por un supuesto agente del ministerio de nombre Marco Antonio Jaramillo Sánchez, adscrito a la única mesa de trámite investigadora del ministerio público, utilizó para ello papelería y sellos oficiales, incurriendo en falsificación, por supuesta denuncia de Teresita del Niño Jesús Tinajero Fontán.

El abogado refiere que los detenidos en todo momento fueron llevados bajo amenazas e injurias e incluso los obligaron a presentarse ante cámaras de filmación, con ello violando sus derechos y en la propia fecha de su detención fueron trasladados a las instalaciones de la procuraduría judicial en el estado de Morelos en donde se les obligó a desnudarse frente a una supuesta doctora para revisión.

Refirió que posteriormente los entonces detenidos fueron trasladados a la cárcel ubicada en Atlacholoaya; y la licenciada Guillermina Jiménez mediante abuso de autoridad, el 28 de mayo del 2015 después de tomar declaración preparatoria y en el término ampliado después de 6 días de encarcelamiento contrario a todo protocolo legal, decidió dejarlos libres.

En virtud de lo expuesto los denunciados procedieron a formular una denuncia penal en contra Guillermina Jiménez Serafín, sin embargo las autoridades se han negado a consignarla ante un juez y actualmente se le ha otorgado el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Ante esta situación se ha presentado la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el expediente 1328-10.