Los imputados fueron detenidos en flagrancia, pues la Policía Ministerial (PM) colocó un dispositivo GPS en el automóvil en el que les fue entregado el rescate.
Además, pese al ofrecimiento de la Fiscalía de irse a un procedimiento abreviado, a cambio de otorgarles una sentencia muy inferior a la que posiblemente pueden recibir, éstos se han negado y han optado por enfrentar el juicio oral.
Este lunes estaba programada la audiencia intermedia del juicio oral JC/234/2013, pero en cuanto la misma inició, uno de los abogados hizo uso de la palabra para señalar:
- “Su señoría, mi defenso y yo le solicitamos respetuosamente que nos difiera la audiencia, pues él revocó a su anterior abogado y yo carezco por el momento de los elementos esenciales para poder llevar a cabo esta audiencia. Mi cliente no puede quedar por ningún motivo en estado de indefensión, pues tiene derecho a una correcta defensa”, agregó el litigante.
La juez de Control preguntó si los imputados habían llegado a un acuerdo para optar por el procedimiento abreviado, pero los abogados y la Fiscalía reconocieron que hay ofrecimientos, sin embargo hasta el momento ninguno de los imputados ha contemplado tal situación.
Molesta, la juez reconoció que no tenía otra opción más que la de posponer la audiencia, pues no hacerlo, sería violatorio de las garantías del imputado que cambió a su abogado.
Sin embargo, aprovechó para exhortarlos a que no reemplacen más a sus representantes, pues les decretó prisión preventiva por 12 meses, que es el mismo tiempo que debe durar el procedimiento.
La Fiscalía en la audiencia de vinculación a proceso dijo tener suficientes pruebas, para demostrar que los detenidos participaron en el secuestro de un mecánico por el que exigieron un millón de pesos.
Los imputados son: Alejandro Salgado Aguilar, Benito Erick Mendoza Arillo, Gilberto Reséndiz Salgado, José Antonio Ávila Salgado y Luis Alberto Fernández García.
Sobre los hechos, la Fiscalía indicó en su momento que el pasado 22 de mayo estos hombres presumiblemente participaron en el plagio de un mecánico, quien acababa de recibir un millón de pesos por la venta de un bien inmueble.
De hecho, fue la cantidad que los plagiarios le exigieron a la esposa de la víctima, pero ésta denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pues los delincuentes sabían que la mujer contaba exactamente con esa cantidad.
Fue así como los elementos de la Policía Ministerial, adscritos al Grupo Antisecuestro, instalaron un GPS en el automóvil tipo Jetta que la mujer entregó a los secuestradores, pues en la cajuela se encontraba el dinero.
A través del aparato fue como la Policía logró detener a cinco personas en un operativo instrumentado en el municipio de Jiutepec.
La víctima, al rendir su declaración, reconoció a los detenidos y detalló la presunta participación de cada uno de éstos.
La juzgadora difirió la audiencia para el próximo 13 de febrero, pero pidió a los imputados que ya no cambien a sus juristas, ya que la audiencia a celebrarse es importante porque en la misma se analizarán las pruebas que presentará la Fiscalía, así como la defensa de los cinco imputados.