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De acuerdo con Felipe Jasso, abogado del magistrado Valentín González, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado resolvieron enviar al máximo tribunal del país el recurso de revisión promovido por la magistrada Verónica Cuevas, contra el amparo concedido a su representado para que fuera reinstalado en su cargo como representante de los magistrados ante el Consejo de la Judicatura.
Detalló que los magistrados federales argumentaron que la Constitución local no específica las causales de remoción o destitución de consejeros y en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos sólo establece que la destitución del cargo sólo procederá cuando los servidores públicos incurran en una causa de responsabilidad calificada como grave.
Por lo tanto, al considerar los magistrados que la remoción del magistrado González García no encuadra ni en la Constitución ni lo establecido en la ley reglamentaria, el caso tiene que ser resuelto por el máximo tribunal del país.
El 3 de diciembre de 2010 el pleno del TSJ destituyó como su representante ante el Consejo de la Judicatura al magistrado Valentín González García y nombró en su lugar a Verónica Cuevas López.
Los argumentos de los miembros del pleno del TSJ para revocar el nombramiento de González García fueron presuntos actos de nepotismo, al intervenir constantemente a favor de su hija Paola González, quien se desempeña como subadministradora de juicios orales.
Además, según se dijo entonces, se reportaron actos de maltrato al personal por parte del magistrado González; ocurrieron conflictos entre los integrantes del pleno por comentarios dolosos del magistrado y tomó decisiones sin consultar o contrarias al presidente del TSJ, lo cual fue considerado como faltas graves que ameritaban la revocación del cargo que se le había conferido por seis años.
El 7 de julio de 2010 un juzgado federal otorgó la protección de la justicia al magistrado Valentín y ordenó su reinstalación. Sin embargo, la magistrada Cuevas López promovió el recurso de revisión que ahora está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien decidirá si fue legal o ilegal la remoción del magistrado y si el pleno incurrió o no en algún tipo de responsabilidad.
