Los guatemaltecos elegirán este domingo a su presidente y vicepresidente en una segunda ronda electoral a la que obliga la ley cuando ninguno de los aspirantes alcanza el 50% más uno de los votos en las elecciones generales. En la votación del 6 de septiembre, en las que se renovó el Congreso (unicameral, de 158 escaños), los dos candidatos más votados fueron el comediante Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación, ultraderecha) y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, social demócrata).

Morales y el FCN-Nación, una organización surgida en el seno de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), alcanzaron el 23,85 % de sufragios. Sandra Torres logró el segundo lugar con el 19,76 %. Morales es consciente de que se benefició del voto de castigo, en unos comicios en los que los guatemaltecos salieron a votar masivamente [el 71,33% del censo electoral, la concurrencia más alta desde el fin de las dictadoras militares en 1985], con un propósito: castigar al candidato Manuel Baldizón, a quien se consideraba la continuidad del régimen corrupto de Otto Pérez y Roxana Baldetti, ambos en la cárcel.

No llegarán, como creen, a administrar un Estado ‘normal’. Se encontrarán uno atrofiado, súper corrupto, sin capacidad para cobrar impuestos y subordinado a los poderes fácticos”, señala un analista

Todas las encuestas, la última publicada este miércoles por el matutino Prensa Libre, dan por ganador a Jimmy Morales, un cómico de la televisión sin ninguna experiencia política. Según la muestra, Morales alcanza el 67,9 % de intención de voto, frente al 32,1 % de su rival, Sandra Torres Casanova, ex esposa de Álvaro Colom gobernante entre 2008 y 2012.

La encuesta, realizada a nivel nacional entre el 9 y el 14 de octubre por la empresa Pro Datos y con un margen de error de + - 2,8 %, concede a Morales el triunfo en los tres segmentos en que la consulta dividió a la población: rural, provincia-urbana y área metropolitana. En el área rural, teórico nicho de Torres, Morales se impone 54,9 % contra 45,1 %; en las ciudades de provincia, la ventaja crece hasta 79,5 %-20,5 %, para subir a 81,7 % contra 18,3 % en el área metropolitana (Ciudad de Guatemala y su área de influencia).

A escasos días de los comicios, la ventaja parece irremontable. La explicación de cómo un personaje ajeno a la política, sin ninguna experiencia en la administración pública, sin un grupo parlamentario importante [entre 12 y 15 diputados en un Congreso de 158 escaños] y con un partido de orígenes oscuros esté a las puertas de convertirse en el presidente de Guatemala, se encuentra en el hartazgo de la ciudadanía hacia el ‘político tradicional´, que en ese país centroamericano es sinónimo de corrupción.

Futuro incierto

“El futuro gobierno, al margen de quién sea el ganador, no tendrá la capacidad para darle estabilidad ni gobernabilidad al país. Guatemala atraviesa por una crisis social, económica y política muy profunda y ninguno de los aspirantes tienen ni la solidez, ni la lucidez ni la proyección que se necesita para garantizar un mediano orden en el corto plazo”, dijo a EL PAÍS el analista Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana.

Para el experto, las elecciones del domingo 25 se reducen a una continuación de la crisis, porque el problema de fondo –un Estado cooptado por las mafias– continúa intacto, y porque ninguna de las dos opciones presenta una ruptura con ese modelo. “Son más de lo mismo, pero sobre bases más débiles, porque la ciudadanía sabe que puede constituirse en soberana y exigir la dimisión de un gobierno y está dispuesta a intentarlo de nuevo”, subraya.

El analista independiente Héctor Rosada califica la actual coyuntura de Guatemala como ‘una tormenta perfecta’, sin que se visualice una solución a partir del relevo de autoridades. “Es una tormenta perfecta en la medida en que coinciden una serie de factores adversos que no garantizan la solución de la crisis estructural que vive el país, y menos la posibilidad de que exista una acción política capaz de enfrentarla. Me refiero a los dos candidatos que disputarán la presidencia el 25 de octubre”, dijo a este periódico. Añade que la parte más débil de los aspirantes es la ausencia de un norte, la falta de programas de gobierno y de equipos para ponerlos en marcha.

En estas circunstancias, ambos analistas coinciden en señalar que el futuro gobierno de Guatemala, lejos de garantizar la estabilidad, quede reducido a ser un gobierno de transición. “Es un escenario muy viable. Sería un milagro que la inestabilidad no lo marque. Pero los candidatos no lo vislumbran. No llegarán, como creen, a administrar un Estado ‘normal’. Se encontrarán uno atrofiado, súper corrupto, sin capacidad para cobrar impuestos y subordinado a los poderes fácticos”, señala Marroquín.

Para Rosada, ninguno de los candidatos podría dirigir un gobierno de transición y el ganador corre el riesgo de agravar la situación. Sobre todo, porque llegará al poder con las redes de corrupción intactas. “Lo que va a heredar el nuevo gobierno es una crisis grave con una absoluta incapacidad para enfrentarla”, señala. Así las cosas, el futuro de Guatemala tendría que pasar por una refundación, sin que se visualicen líderes capaces de conducirla. “El proceso de refundación del Estado es el único horizonte posible, pero no veo cómo refundarlo, con quién hacerlo ni hacia dónde dirigirlo. Refundar un Estado implica algo verdaderamente complejo. El Estado guatemalteco es un edificio en el que todo falla y hay que demolerlo, pero ¿qué hacemos con la basura?, ¿cómo construimos el nuevo? Ese es el reto, y las opciones que se ofrecen se reducen a buenas intenciones y esta situación no se corrige con buenas intenciones”. |  El País