El pasado 3 de septiembre, Otto Pérez Molina renunció al cargo con el fin de “mantener la institucionalidad del Ejecutivo”.

Pérez Molina es un General retirado que llegó a la Presidencia de Guatemala en 2012. Fue investido el 14 de enero de 2012 para un período de cuatro años con la promesa de combatir con “mano dura” la violencia en un país donde cada año son asesinadas seis mil personas, aunque las cifras de homicidios descendieron menos del 2 por ciento según datos oficiales.

Pérez y su ex Vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, quien fue previamente detenida, son señalados por la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como integrantes de una estructura de evasión fiscal denominada “La Línea”.

Guatemala se convirtió en “un ejemplo para el mundo” tras desaforar a su Presidente, la actitud del pueblo logró “un triunfo” sin precedentes del que pueden tomar ejemplo otros países donde también impera la corrupción, aseguró en entrevista con la agencia de noticias EFE el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de ese país, Marco Antonio Sagastume Gemmell.

Para Jo-Marie Burt, politóloga de la Universidad George Manson en Estados Unidos y experta en Guatemala, este es “un momento sin precedentes en la historia de Guatemala y un ejemplo para el mundo”.

“Con un movimiento cívico impresionante, la gente de Guatemala ha recuperado su país”, expuso en entrevista para la agencia de noticias dpa. “Es una batalla histórica entre una democracia floreciente en Guatemala y las viejas elites políticas y económicas que conducen el país a expensas de la gente común”, afirmó.

El destape de casos de corrupción en Guatemala inició el pasado 16 de abril cuando la Fiscalía y la CICIG ejecutaron una veintena de órdenes de captura contra supuestos integrantes de una red de defraudación aduanera. Según la acusación, una cantidad no precisada de operadores ofrecía “servicios” a importadores para que abonaran sólo un 40 por ciento de lo debido al fisco a cambio de comisiones ilícitas.

Una vez pactado el “servicio”, los tramitadores se comunicaban con una línea telefónica determinada para cerrar el proceso. Esa “línea” es la que le da nombre a la estructura de corrupción.

Al día siguiente, la Fiscalía y la CICIG presentaron las evidencias ante la justicia. Entre ellas había grabaciones en las que se hacía referencia a niveles superiores de la estructura, denominados en los audios “La señora”, “La R” y “”La 2”.

Al conocer los sucesos, la Vicepresidenta Baldetti, quien en esos momentos se encontraba de viaje en Corea del Sur, retorna a Guatemala. El gobierno no informó su llegada ese día. En reacción a las acusaciones, la población convoca una primera manifestación el 25 de abril por redes sociales, en rechazo de la corrupción y en exigencia de la #RenunciaYa de Baldetti.

Bajo una fuerte presión social y un pedido directo de la cúpula empresarial guatemalteca, Baldetti renuncia al cargo. El Presidente Otto Pérez califica su decisión de “valiente”.

El 21 de agosto, Baldetti fue detenida para enfrentar los cargos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo. Ese mismo día las partes presentan una denuncia penal contra el Presidente Otto Pérez y una solicitud de trámite al despojo de inmunidad, bajo los mismos cargos.

Dos días después, en un mensaje a la Nación y pese a las numerosas protestas, Pérez aseguró que no dimitiría, rechazó los cargos, ofreció “dar la cara” y sostuvo que libraría una batalla legal.

El 25 de agosto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite por unanimidad a la denuncia penal contra Pérez y traslada el expediente al Legislativo, para que decida sobre el despojo de inmunidad al mandatario.

Unas 100 mil personas invadieron la plaza central para exigir la renuncia del mandatario. La jornada fue descrita por analistas locales como histórica al haber reunido a vastos sectores de la sociedad, ricos y pobres, agitando banderas.

Finalmente, el 1 de septiembre, el caso fue sometido a votación en el pleno del Congreso que decidió despojar de inmunidad a Pérez, pocos días antes de que el país celebre comicios generales, el 6 de septiembre.

La decisión fue celebrada con banderas, cornetas y paraguas en una noche lluviosa, los guatemaltecos se volcaron a la Plaza de la Constitución de Ciudad de Guatemala para festejar la decisión del Congreso de retirarle la inmunidad al Presidente Otto Pérez.

Los festejos se repitieron en otras partes del país. También las redes sociales, que fueron un arma central de los guatemaltecos en los últimos meses para hacer presión, se llenaron de mensajes autocelebratorios, ahora con el hashtag #OPMSinInmunidad.

En otros países también se convocó para el festejo. En México, la comunidad guatemalteca llamó a reunirse frente a la iglesia de Coyoacán, en el sur del Distrito Federal, para celebrar el triunfo de la justicia en Guatemala, reportaron las agencias de noticias.

Las autoridades de justicia guatemaltecas recibieron las denuncias que involucraban a altos funcionarios en una red de corrupción, investigaron y desaforaron a su Presidente.

En México, el Presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, fueron acusados de incurrir en conflictos de interés por adquirir propiedades a las empresas de Grupo Higa y de la familia San Román.

Virgilio Andrade Martínez, encargado de la Secretaría de la Función Pública (SFP), institución encargada de vigilar que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones y sancionar a los que no lo hacen así, concluyó el pasado 21 de agosto que ni el Presidente, ni su esposa, ni el Secretario de Hacienda intervinieron en los procesos de contratación y que adquirieron los inmuebles de Sierra Gorda, en las Lomas, de Ixtapan y Malinalco antes de ser funcionarios.

En Guatemala, las investigaciones que involucraban una red de corrupción de altos funcionarios comenzaron en el mes de abril, la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tardaron cuatro meses para recabar información y dar con los mandos involucrados, entre ellos su Presidente, a quien se le quitó el fuero y pesa sobre él una orden de captura.

En México, las investigaciones iniciaron el pasado 3 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto ordenó al titular de la SFP, Andrade Martínez, investigar, junto a un panel de expertos que no definió, si hubo conflicto de interés entre empresas que fueron beneficiadas con contratos de sus gobiernos y la compra de propiedades de él, de su esposa y de Luis Videgaray. La investigación duró casi seis meses. Los resultados: la SFP los exoneró a todos, en un hecho que políticos de oposición calificaron como “una burla” y la prensa internacional e investigadores denunciaron “dudas”.