Estados Unidos concederá un estatus de protección temporal de 18 meses de duración a los venezolanos que vivan en el país y no hayan podido regularizar su situación migratoria hasta ahora, dijo el lunes en una conferencia de prensa telefónica un alto funcionario del gobierno del presidente Joe Biden, que pidió no ser identificado siguiendo las políticas de la Casa Blanca.

El estatus, conocido como TPS por su nombre en inglés, permite a sus beneficiarios trabajar de manera legal en Estados Unidos y los protege de una deportación. Para poder acogerse, una de las condiciones es que los venezolanos hayan llegado a Estados Unidos no más allá del 8 de marzo, añadió el funcionario.

Unos 320,000 venezolanos podrían ser beneficiados con el TPS.

“Actuamos muy rápidamente para otorgar el estatus de protección temporal”, agregó el funcionario. Explicó que se trata sobre todo de una medida humanitaria y que Estados Unidos seguirá evaluando al mismo tiempo su política de sanciones y buscará generar consenso internacional para continuar presionando al gobierno de Venezuela. El objetivo final, dijo, es que haya una salida democrática de la actual crisis venezolana.

El anuncio del TPS tuvo lugar a menos de dos meses de la asunción de Biden como presidente de Estados Unidos. El mandatario, que durante su campaña política había prometido ordenar el TPS para los venezolanos en sus primeros 100 días de gobierno, considera a Nicolás Maduro como un dictador y a las elecciones de mayo de 2014 como fraudulentas.

El día antes de dejar el poder, el 19 de enero, el entonces presidente republicano Donald Trump firmó un decreto ordenando que se frenen las deportaciones de los venezolanos. Esa orden, conocida como DED, no les concedió, sin embargo, ningún estatus legal y la comunidad estaba confundida pensando en que no sería aplicada por el actual gobierno demócrata.

Venezuela atraviesa desde hace años una profunda crisis política y económica, que ha provocado una migración récord de cerca de cinco millones de refugiados hacia diferentes países de todo el mundo, la mayoría de ellos a Colombia. En febrero, el presidente de ese país, Iván Duque, anunció un plan para regularizar a cerca de un millón de migrantes venezolanos que viven de manera ilegal en ese territorio.

En Estados Unidos vive una numerosa comunidad venezolana, la mayoría de ellos en el sur de la Florida. Los primeros que llegaron fueron empresarios que lograron rápidamente un estatus legal a través de visas de trabajo, empresariales y de inversión, y asilados políticos. Luego, a medida que la crisis humanitaria se acentuó en la nación sudamericana, empezaron a llegar también personas de clase media y baja, que se encontraron con dificultades para regularizar su estatus migratorio.

En 2020, durante la administración de Trump, cerca de 200 venezolanos fueron deportados a pesar de que Estados Unidos ha denunciado una crisis humanitaria y violaciones de derechos humanos en la nación sudamericana.

Los beneficiarios del TPS deberán demostrar que residen en el país desde al menos el 8 de marzo de 2021. Tendrán 180 días para presentar su solicitud, que en total tendrá un costo de poco más de 500 dólares.

“Si está llegando mañana o cualquier día posterior, usted no califica para esta designación”, expresó el funcionario y dijo que van a tener que demostrar con documentos desde cuándo viven en el país. “La designación es debido a condiciones extraordinarias en Venezuela”, expresó. “No es seguro para los venezolanos regresar” a su país.

El representante del líder opositor venezolano Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, aplaudió la designación y dijo que es una medida temporal hasta que se reestablezcan las condiciones que permitan regresar a los venezolanos a su país.

“Es un gesto de solidaridad con los migrantes venezolanos que la comunidad internacional debe replicar”, expresó Vecchio.

El gobierno de Biden ha manifestado que seguirá con la política de sanciones contra Venezuela que impulsó su antecesor, pero también trabajará con la Unión Europea y sus socios en Latinoamérica para coordinar una política de presión que lleve a la mesa de negociaciones a Maduro y la oposición política venezolana.

“No hay apuro en levantarlas a menos que el régimen de Maduro demuestre que está listo para sentarse en la mesa y que esta vez es diferente”, dijo el funcionario.