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Hortencia Figueroa Peralta, ex diputada en la LIII Legislatura, renunció este martes a la militancia en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La también ex dirigente estatal del partido del Sol Azteca presentó su carta de renuncia ante el Comité Ejecutivo Estatal que preside Matías Quiroz Medina, aduciendo "motivos de índole estrictamente personal" y con carácter de irrevocable.

Figueroa Peralta ganó puestos de elección popular desde el PRD, como fue diputada local en dos ocasiones, presidenta municipal de Jojutla y en las elecciones pasadas fue candidata al Senado de la República.

Hasta el momento, la dirigencia estatal del PRD no ha fijado postura al respecto de la renuncia de Hortencia Figueroa.

*Tras denuncias del gobierno estatal*

Mediante un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que logró la vinculación a proceso de la ex secretaria de Obras Públicas de la anterior administración estatal, por el delito de ejercicio abusivo de funciones.

Lo anterior, relacionado con la demolición y construcción de un edificio en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla con un costo de más de 75 millones de pesos.

De igual modo, dos ex funcionarios más de la pasada administración pública fueron vinculados a proceso, por ejercicio ilícito del servicio público.

Al respecto, se dio a conocer que el agente del ministerio público de la FECC presentó datos de prueba suficientes para vincular por ejercicio ilícito del servicio público al ex director general de Licitaciones y Contratación de Obras Pública y al ex director de Control y Seguimiento de Obras.

De este modo, este lunes en la sala número uno de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la jueza Yaredy Montes Rivera determinó vincular a proceso a la ex secretaria de Obras Públicas y a dos ex funcionarios más, imponiéndoles como medida cautelar acudir a firmar cada mes a la Ciudad Judicial a partir de mañana 7 de mayo.

Se señala que la carpeta de investigación FECC/116/2018-11 fue iniciada tras la denuncia presentada por el Gobierno de Morelos ante la FECC, debido a que la obra fue adjudicada presuntamente de manera indebida.

Finalmente, la FECC refirió que es la segunda vinculación a proceso de ex servidores públicos de la administración estatal que se obtiene de un juzgado, tras las denuncias formuladas contra funcionarios del gobierno de Graco Ramírez.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo reiteró este lunes que no se solapará la corrupción y aseveró que la actual administración ha cumplido al presentar por la vía legal las denuncias correspondientes: "Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados", apuntó.

Al referirse a la reciente visita pública a Morelos del ex comisionado de seguridad Alberto Capella Ibarra, el mandatario estatal expresó "no sé a qué vino, a lo mejor vino a ver sus negocios, sus casas o propiedades que hizo de la lana que recibió", al tiempo de anotar que "Capella hizo varios desvíos cuando le mandaron recursos".

En entrevista, señaló que no caerá en provocaciones y lamentó que la actuación de la justicia ha sido lenta, además de añadir que se encuentra a la espera de que ésta actúe.

Blanco Bravo también expuso que "la corrupción es una realidad y habrá sanciones, caiga quien caiga... no voy a hablar mal de la justicia, pero llevamos cinco meses y realmente no se ha visto; estos personajes que le hicieron daño al estado deberían de estar presos, ya han sido denunciados".

Finalmente, el titular del Poder Ejecutivo estatal advirtió que habrá más denuncias e indicó que "la gente quiere justicia".

Al mediodía de este lunes se llevó a cabo el "Foro de Vivienda Sustentable Morelos 2019", encabezado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en Morelos, Israel León Holtz, señaló que el ritmo de construcción en el estado cayó de 12 mil a dos mil viviendas, además de que hay un rezago de 135 mil; de igual modo, apuntó que la inversión disminuyó por seis mil millones de pesos.

También se informó que en este año el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) otorgará 10 mil créditos, lo que suma 38 mil créditos en el país en la presente administración.

Se dio a conocer que en 2019 se beneficiaría en Morelos a dos mil 700 familias, con más de dos mil 800 millones de pesos.

Finalmente, cabe destacar que el mandatario estatal hizo entrega simbólica de llaves y escrituras a beneficiarios del programa de vivienda.

La diputada priista Rosalina Mazari Espín afirmó este lunes que aún no hay acuerdo de mayoría en el Congreso local para la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

Mientras se ha dicho de manera extraoficial que existen ya tres candidatos de las fuerzas políticas para asignar dicho nombramiento -que son Jorge Olivares Brito, Clara Soto Castor y Luis Ortiz Salgado-, la legisladora aseguró que no existe acuerdo de mayoría hasta hoy.

Mazari Espín también señaló que hoy se reunió el grupo mayoritario de diputados y lo hará en las siguientes horas para buscar un acuerdo.

Al mediodía de este lunes se lleva a cabo la instalación del órgano de seguimiento e instrumentación de la agenda 2030, en el palacio de gobierno.

El secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, recordó que la administración estatal dará seguimiento al compromiso de trabajar y unir esfuerzos por objetivos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos los de atacar la pobreza y garantizar el acceso y cuidado de agua potable, además del saneamiento.

De igual modo, promover el empleo y crecimiento, la equidad de género y lograr que ciudades y comunidades sean sostenibles; también, adoptar medidas para reducir el cambio climático, entre otros.

Por su parte, el titular de Planeación de la Secretaría de Gobernación (Segob), Raymundo Parra Hernández, señaló que la visión de 193 países en la ONU asume la posibilidad de reconstrucción de la vida, a través de cuatro herramientas: la autoconciencia, la imaginación para mejorar, la conciencia moral para basar las acciones en valores y la voluntad independiente.

Tras haber admitido la solicitud del Partido Encuentro Social (PES) para mantener su registro en Morelos, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) revisará si cumple con los requisitos de ley, refirió el consejero Enrique Pérez Rodríguez.

De no hacerlo, tendrá que convocar a asamblea como cualquier otra organización que aspira a un registro como partido, según anotó el consejero, quien además apuntó que de esta manera se garantiza el derecho a los militantes "y da entrada de esa solicitud, por única y exclusivamente la parte del coordinador nacional".

De igual modo, explicó que el PES debe cumplir con el tres por ciento de la votación registrada en la elección pasada, además de otros requisitos.

Finalmente, Pérez Rodríguez señaló que el análisis de fondo se iniciará de manera inmediata.

El secretario de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Alejandro Flores Archer, informó este viernes que se logró un incremento salarial del 3.5 por ciento para trabajadores sindicalizados.

Al respecto, el funcionario municipal refirió que los trabajadores beneficiados con dicho aumento salarial general son alrededor de dos mil 500.

Flores Archer añadió que también se revisará la puntualidad, asistencia y conocimiento de los trabajadores municipales para que reciban además un incremento de nivel, equivalente a una cantidad económica, por desempeño.

El Consejo Estatal Electoral (CEE) del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) autorizó la solicitud de registro del Partido Encuentro Social (PES) como partido político local.

La discusión se llevó a cabo alrededor de las 21:30 horas de este jueves.

La primera solicitud, planteada por la diputada Maricela Jiménez Armendáriz, fue rechazada por los consejeros porque se ostentó como presidenta del comité estatal del partido y es secretaria general.

Posteriormente, los consejeros discutieron si procedía la solicitud de José Manuel Sanz Rivera, quien compareció "en su calidad de quien fungió como delegado nacional del otrora partido político nacional Encuentro Social", según se señala en dicho documento.

El CEE rechazó también la solicitud de Sanz Rivera, por carecer de figura jurídica competente.

Sin embargo, finalmente se admitió la solicitud anexa de Berlín Rodríguez Soria, en su carácter de representante propietario del partido, siendo solamente la solicitud de registro la que se aprueba y en otras sesiones se analizará de fondo el tema.

*Por presuntos actos de corrupción*

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, reveló que al menos un diputado más de la LIII Legislatura está involucrado en las investigaciones iniciadas por presuntos actos de corrupción en el Congreso del estado.

En entrevista, Salazar Núñez aseguró que se amplió la investigación iniciada a raíz de la denuncia que promovieron los actuales diputados, y que alcanzaría a un ex legislador más.

Se dijo respetuoso de la valoración que los legisladores han hecho de su trabajo, por lo que insistió en que ya no abordaría el tema en medios de comunicación.

Sin embargo, el fiscal anticorrupción aseveró que hay avances en las investigaciones que también se promovieron desde el gobierno del estado.

*En los próximos días*

El asesor especial Anticorrupción del gobierno del estado, Gerardo Becerra Chávez de Ita, adelantó que en los próximos días la autoridad estatal promoverá dos denuncias más por presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Salud (SS) durante el gobierno de Graco Ramírez.

Lo anterior, en cuanto al manejo de los recursos humanos y financieros.

De igual forma, Chávez de Ita confirmó que preparan denuncias ante instancias estatales y federales, por la trasferencia de recursos públicos estatales a instituciones bancarias en el extranjero que presuntamente realizó el ex gobernador Graco Ramírez.

Gerardo Becerra también refirió que ya se tienen listos al menos 30 procesos más en contra de ex funcionarios de la pasada administración estatal, que serán promovidos en los siguientes días.

Finalmente, informó que se llevan a cabo auditorías sobre el ejercicio de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y los donativos que hicieron fundaciones y personalidades por cuando menos dos mil millones de pesos.

*Y a otros ex funcionarios*

El gobierno estatal solicitará que se dicte como medida cautelar la prisión preventiva a la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, y a otros ex servidores públicos vinculados a proceso, para evitar la fuga o evasión de la justicia, señaló hoy el actual titular de la dependencia, Fidel Giménez Valdés Román.

Al respecto, el funcionario sostuvo que la reciente vinculación a proceso de la ex secretaria y otros de los ex colaboradores de Graco Ramírez es un primer paso, pero no suficiente.

Valdés Román argumentó que pedirán la prisión preventiva por la gravedad y por la reiterada conducta, pues hay al menos 17 carpetas en las que estaría involucrada Izquierdo Medina.

De igual modo, el secretario refirió que en la denuncia de origen se estableció que se contrató y pagó la construcción de seis plantas de revalorización y dos de ellas no fueron edificadas, además de que hubo daños ambientales que no han sido reparados; también sospechan que hubo pago de dinero por parte de la empresa a los entonces funcionarios.

*Del Sistema Estatal Anticorrupción*

La mañana de este jueves, en el Salón de Comisiones del Congreso local, se lleva a cabo la toma de protesta de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Se trata de los ciudadanos Alejandro Enríquez Hermida, María Juana Herrera Mota, Edgar López Betanzos, Penélope Picazo Hernández y Roberto Coránguez Esquivel, quienes vigilarán el trabajo de las instancias que pertenecen al SEA.

La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz aseveró que los cinco comisionados están a prueba y los exhortó a que aprovechen esta oportunidad que tienen para librarse del "estigma" de haber sido designados al final del gobierno de Graco Ramírez.

Fue el pasado pasado 27 de septiembre cuando la Comisión de Selección designó a Roberto Coránguez, para un año; Penélope Picazo, dos años; Edgar López, tres años; María Juana Herrera, cuatro años y Alejandro Enríquez, cinco años, en el comité referido.

Con la toma de protesta del Comité de Participación Ciudadana, finalmente el Sistema Estatal Anticorrupción podrá instalarse en su totalidad.

Se adelantó que posteriormente el Congreso del estado trabajará en la integración del Sistema Estatal de Fiscalización.

El Congreso del estado designó a José Luis Jaimes Olmos como magistrado suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA).

El magistrado suplente ejercerá el cargo a partir de su toma de protesta hasta el día 31 de diciembre de 2021.

Lo anterior derivado del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), mediante el cual se sometió a consideración del Pleno la designación del magistrado suplente del TUJA, en cumplimiento de lo establecido en la sentencia recaída al juicio de amparo en revisión RA(P-5/2013) 375/2018 promovido por Jaimes Olmos, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito.

*De la anterior administración estatal*

Mediante un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) dio a conocer que logró la vinculación a proceso de la ex secretaria de Obras Públicas y del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Lo anterior, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público relacionado con la construcción de una planta valorizadora de residuos por la que se pagaron 34 millones de pesos.

De igual modo, la FECC refirió que también se dictó auto de vinculación a proceso contra el ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable, la ex directora de Obras Públicas y un ex supervisor de obra, todos de la anterior administración estatal.

En el documento de referencia, se anota que "la formulación realizada por la Fiscalía Anticorrupción fue clara, además de contar con los suficientes datos de prueba, así lo dijo el juez de primera instancia de Control, Juicio Oral y de Ejecución, Daniel Adán Rodríguez Apac, quien ante los recursos probatorios y la argumentación determinó dictar auto de vinculación a proceso".

Además se informó que los ex servidores públicos de la pasada administración "se encuentran relacionados con la carpeta de investigación FECC/150/2018-12 derivada de la denuncia iniciada por el Gobierno de Morelos, el cual detectó la construcción de una planta de valorización de residuos sólidos urbanos, ubicada en Jiutepec, por la que se pagaron más de 34 millones de pesos, la cual no fue terminada, ni se encuentra activa".

*En el caso del desfalco al Congreso*

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, reiteró su llamado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que haga su trabajo y se castigue a los ex legisladores responsables del desfalco al Congreso del estado.

Sotelo Martínez aseveró que el Congreso local ha aportado todos los elementos necesarios para que se proceda en contra de los ex diputados.

Sin embargo, admitió que no están contentos con el trabajo que ha realizado la FECC, por lo que dijo que es necesario que la instancia haga ya su trabajo.

Autoridades estatales conmemoran, este miércoles, el Día Internacional del Trabajo.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se reunió esta mañana con líderes de organizaciones sindicales y empresariales, en conmemoración de dicha fecha.

Blanco Bravo convocó a todos los sectores a coadyuvar para impulsar el desarrollo de la entidad y alcanzar un estado de paz, propicio para el desarrollo económico y que así los morelenses tengan mejores condiciones de vida.

El mandatario estatal también ratificó que su gobierno tiene las puertas abiertas.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Cecilia Rodríguez González, expresó el propósito de que Morelos sea de los primeros estados en poner en la práctica la reforma laboral y acabar con el rezago en asuntos laborales.

Autoridades estatales se reunieron este martes con el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), David Ricardo Cervantes Peredo.

Lo anterior, con el fin de dar continuidad a los planes de reconstrucción en las zonas que aún requieren ser atendidas en Morelos.

Al respecto, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo apuntó en un tuit en su cuenta de red social que "el 19 de septiembre de 2017, convirtió a Morelos en el epicentro de una desgracia, sin embargo la solidaridad y trabajo transparente nos hará levantarnos". 

*Presentan avances en la materia*

La tarde de este lunes se llevó a cabo la XLI sesión ordinaria del consejo estatal de seguridad pública, en el salón Morelos del Palacio de Gobierno.

En un comunicado, el gobierno del estado informó que el titular del Poder Ejecutivo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, encabezó la sesión en la cual se presentó ante los integrantes del órgano el panorama con el cual se recibió la Comisión Estatal de Seguridad (CES), así como un informe de resultados correspondientes al periodo de octubre del 2018 a marzo del presente año.

Ante presidentes municipales, diputados locales, mandos de las fuerzas estatales y federales de seguridad, representantes de la sociedad civil e integrantes del gabinete estatal, Blanco Bravo reiteró la disposición de trabajar de forma coordinada para restablecer la paz social en Morelos.

Por su parte, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, informó que se expusieron por parte del Ejecutivo estatal datos generales presentados durante los primeros seis meses en materia de seguridad, así como las estrategias implementadas a través del Plan de Pacificación y el modelo de Mando Coordinado, Policía Morelos.

Reveló que, de acuerdo a los datos dados a conocer por la CES Morelos, en la entidad ha aumentado el número de denuncias ciudadanas, lo que ha permitido la detención de varias personas que han cometidos diferentes delitos, por lo que consideró que se va avanzando en el combate a la violencia en el estado.

Sanz Rivera recordó que en octubre pasado se recibió la CES con un déficit de más de cuatro mil elementos; sin embargo, se pretende que esto mejore con el reclutamiento de más de mil 500 aspirantes.

Durante la sesión, el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, expuso que en el periodo mencionado, 135 personas han sido puestas a disposición por el fuero federal, mil 830 por el fuero común y 13 mil 765 más puestas ante un juez cívico.

En el mismo lapso, se han recuperado 592 automóviles y 74 motocicletas con reporte de robo, además de que se han puesto a disposición 476 vehículos utilizados en hechos delictivos; también se han asegurado 201 armas de fuego y más de tres mil cartuchos.

Ortiz Guarneros refirió que pese a las carencias heredadas, durante los tres primeros meses del año (enero a marzo), se redujo el robo a transeúntes un 22.85 por ciento en comparación al mismo periodo del 2018, el robo a transportistas fue menor un 14.12 por ciento y el de negocios disminuyó 13.44 por ciento.

Agregó que, de acuerdo a lo publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre los delitos de narcomenudeo y violación han presentado disminución de 24.78 (%) y 10.58 (%), respectivamente.

Se dio a conocer que en los últimos meses, la CES en coordinación con la 24 Zona Militar y la Policía Federal, han desarrollado diversos operativos de vigilancia para disminuir el delito, tales como Moto Segura, Pasajero y Taxi Seguro, Escuela Segura y el de Recuperación de Vehículos, entre otros.

Además, se ha reforzado la plataforma del número Nacional de Emergencias 911 y la de Segurichat, dos importantes herramientas de participación ciudadana.

*De doce meses*

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, sostuvo que no se ha fijado plazo de 12 meses para dar resultados en materia de seguridad.

Además refirió que se requiere una coordinación con la ciudadanía y el estado para avanzar en el tema.

Con respecto a la Guardia Nacional, Sanz Rivera comentó que aún no hay fecha para que los elementos lleguen a Morelos; anotó que se revisará con la Federación si es necesario y de serlo, se requerirá de inmediato.