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El diputado García Chávez dice que no están de acuerdo con la desaparición de plurinominales.

Está intacta el alza de hasta el 15 por ciento en derechos.

Los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lograron el consenso de sus aliados en el Congreso del estado, el denominado G-13 (el grupo de los 13 legisladores), para que la próxima semana se vuelvan a discutir las 32 iniciativas de las leyes de ingresos municipales que fueron rechazadas por el Pleno, el pasado 28 de enero.
El grupo mayoritario en el Congreso del estado se reunió este lunes para analizar la ruta jurídica que seguirán para que el Pleno pueda volver a analizar y votar los 32 ordenamientos legales en materia hacendaria.
Este miércoles, los legisladores tendrán una segunda mesa de trabajo con los alcaldes cuyos municipios no cuentan con las leyes de ingresos correspondientes a este 2020, a fin de plantearles una solución.
Las propuestas que habrán de discutirse en los próximos días en el Congreso del estado incluirían nuevamente ajustes a la alza en el cobro de derechos, de hasta un 15 por ciento.
Debido al proceso legislativo que debe seguirse para que las leyes de ingresos vuelvan a votarse por el Pleno del Congreso, se espera que sea la próxima semana cuando se empiecen a analizar, y antes de que concluya el mes de febrero podrían aprobarse los nuevos ordenamientos.

En una nueva reforma electoral, el Congreso local plantea también aumentar el número de distritos locales e incrementar de 20 a 25 el número de legisladores en la entidad.

En marzo el Congreso del estado trabajará en una nueva reforma electoral con la que los diputados pretenden suprimir las diputaciones plurinominales y aumentar el número de distritos locales.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, explicó que la propuesta que impulsará la fuerza política que representa busca darle "legitimidad social" a los espacios en el Congreso del estado.
Aseveró que no habrá más diputados por "dedazo", sino que se elegirán de acuerdo con el número de votos que cada partido político obtenga, "para que se elija a los mejores perfiles, a los mejores candidatos".
"La propuesta es consistente, suprimir diputaciones plurinominales, y vámonos a la legitimidad social a partir de que los diputados próximos ganen en sus distritos o, en todo caso, los otros diputados que arriben sean producto de que sean primera minoría, es decir, que tengan una aceptación suficiente de votos. Esto va a permitir que el pueblo esté bien representado y que no sea un mecanismo de que la gente no conozca ni a los diputados que llegan al Congreso", agregó el legislador.
De igual manera, la reforma electoral que el PES pretende impulsar con el respaldo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Humanista (PH), planteará incrementar el número de distritos electorales locales, que actualmente son 12.
Zapotitla Becerro explicó que buscarán incrementar de 20 a 25 el número de diputados locales.
La reforma electoral se propondrá ante el Pleno a más tardar en marzo, a fin de que antes del 15 de julio, cuando concluirá el período ordinario de sesiones, se apruebe, y pueda aplicarse antes de que inicie el próximo proceso electoral, lo cual sucederá en septiembre próximo.

Descartan “linchamientos políticos” en ronda de comparecencias.

Las próximas comparecencias de los secretarios de despacho del gobierno estatal ante el Pleno del Congreso del Estado servirán para conocer cómo aplicaron el presupuesto 2019, afirmó la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza.
La también presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) dijo que en los próximos días convocará a reunión del órgano para fijar el calendario de las comparecencias con motivo del segundo informe del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Refirió que esperarán a que el mandatario estatal entregue el informe, a más tardar el 15 de febrero, para que posteriormente lo revisen y puedan cuestionar a los secretarios del gobierno estatal.
Explicó que existe interés sobre la aplicación de los recursos financieros que fueron etiquetados a cada una de las 16 secretarías que integran la administración pública estatal.
"Que sean comparecencias donde se rinda cuentas, donde se demuestre realmente el trabajo que han hecho durante un año, donde realmente nos demos cuenta que el presupuesto que fue etiquetado el año pasado se haya aplicado a los sectores que más lo necesitan", señaló la legisladora.
Flores Espinoza afirmó que no se permitirá que las comparecencias de los secretarios en el Pleno sean motivo de "linchamientos políticos", sino que, insistió, "sea un tema de transparencia, porque como hay libre transferencia (para el gobierno del estado) es ver realmente que se haya aplicado el presupuesto donde se debía haber aplicado".

El Congreso local exhortó al gobierno del estado a dar a conocer los protocolos que se implementan para la prevención del coronavirus, ante la alerta  que se emitió a nivel internacional, a fin de evitar una psicosis en la entidad.

El Congreso del estado analiza la propuesta para castigar el abandono de los adultos mayores en Morelos.

El Congreso aprobó la reforma que aumenta las penas de prisión para quien comenta ese delito en el transporte público o a automovilistas, aun cuando se usen armas de juguete.

El robo en el transporte público será castigado en Morelos hasta con 12 años de prisión y una multa de 87 mil pesos, de acuerdo con la reforma al Código Penal para el Estado de Morelos que aprobó el Congreso local el jueves pasado.
Tras varios meses de análisis, finalmente los diputados aprobaron el dictamen que establece como delito grave el robo en el transporte público.
El dictamen aprobado establece que: "A quien en el transporte público o individual se apodere de un bien mueble ajeno, valores, aparatos electrónicos, equipos de cómputo, de telefonía móvil, dinero o documentos, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ellos conforme a la ley, se le impondrá una pena de tres a doce años de prisión y multa de trescientos hasta mil unidades de medida y actualización de valor diario".
Los legisladores determinaron que la pena se aumentará hasta dos terceras partes "cuando para cometer el delito, el sujeto activo de este, utilice su fuerza física o psicológica, cualquier tipo de arma punzo cortante o de fuego o en su caso, algún objeto que emule estas últimas".
En caso de que los delincuentes sean los chóferes de las unidades del transporte público o que ayuden a hacerlo, "la sanción se aumentará hasta en una mitad más de la prevista en el primer párrafo de este artículo, así como se le deberá cancelar la licencia para conducir, así como la concesión que el estado le haya otorgado para prestar el servicio de transporte público".

Alejandra Flores asegura que algunos de sus homólogos tratan de afectar a los alcaldes morenistas.

La coordinadora del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, sostuvo que algunos diputados locales tienen "intereses políticos" y buscan afectar las finanzas de los municipios.
Durante la reunión de los diputados de Morena y la del Partido Humanista (PH) con diversos alcaldes, la legisladora local afirmó que no permitirán que dichos intereses eviten, por segunda ocasión, que se aprueben las leyes de Ingresos de 32 municipios para el ejercicio fiscal 2020.
"La mayoría de (los) municipios (afectados) son de Morena y por eso estamos aquí, porque no vamos a permitir que se involucren estos intereses de querer perjudicar a los morelenses a través de los alcaldes que hoy están representados por un partido", manifestó Flores Espinoza.
Los diputados aseguraron que las propuestas de leyes de Ingresos, que buscan aprobar a más tardar la próxima semana, no contemplan aumentos en derechos ni impuestos municipales.
De acuerdo con la diputada del PH, Xochiquétzal Sánchez Ayala, lo que se aplicaría en los conceptos fiscales municipales es un ajuste del 15 por ciento en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), pero insistió en que no se trata de incrementos.
El diputado Javier García Chávez reiteró que se requiere "voluntad política" para que se logre la aprobación la próxima semana. Incluso, se adelantó que algunas diputadas del denominado G7 (grupo de siete legisladoras) votarían a favor de las leyes.

Alcaldes advierten una crisis social por disminución de ingresos.

El alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, advirtió que puede presentarse una crisis social si el Congreso del estado no aprueba las leyes de Ingresos actuales para los municipios, pues confían en la recaudación de más ingresos y recuperar los que ya no podrán cobrar por la anulación del impuesto adicional que la Corte declaró inconstitucional.
"No estamos aquí literalmente tratando de terquear, sino de sacar el apoyo y el respaldo que nos permita salir adelante. De no tener condiciones para seguir generando espacios de gobernabilidad pues evidentemente el malestar social se va a hacer saber y se va a hacer sentir", afirmó el presidente municipal.
Explicó que Jiutepec dejará de percibir 50 millones de pesos por los impuestos adicionales que ya no puede recaudar.

Contienen aumentos de hasta el 15 por ciento en derechos e impuestos, ratifican.

Diputados del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) junto con la legisladora del Partido Humanista (PH) anunciaron que buscarán la "ruta jurídica" para que el Congreso del estado admita y analice nuevamente las  iniciativas de las leyes de ingresos de los 32 municipios que fueron rechazadas por el Pleno el pasado 28 de enero, a fin de que sean aprobadas la próxima semana.
En rueda de prensa, el diputado morenista Javier García Chávez planteó tres "rutas jurídicas" para que sea posible volver a votar en el Pleno las leyes de ingresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2020.
"La ley estipula que un dictamen que en el Pleno no ha sido aprobado no se vuelva a votar hasta el próximo período de sesiones, en esa premisa nos encontramos. Las leyes se rechazaron en el segundo período del segundo año legislativo y ahora estamos en otro período; la Constitución nos señala la obligación de votar las leyes; y otra ruta, es que el Ejecutivo, así como tiene la facultad de vetar el Paquete Económico también puede votar las leyes de Ingresos", explicó el diputado García Chávez.
Hizo un llamado al resto de sus homólogos a que haya "voluntad política" y las 32 leyes de ingresos puedan ser aprobadas por mayoría.
Planteó que este mismo viernes la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública reciba las iniciativas de los 32 municipos para que la próxima semana pudieran ser votadas por el Pleno para su aprobación.
Sin embargo, el grupo de legisladores confirmó que las leyes de Ingresos, que habrían de votarse en los próximos días, contendrán un ajuste del 15 por ciento a la alza.
Este viernes, los legisladores de Morena y la del Humanista se reunirán con los alcaldes para revisar las iniciativas.

Recursos están etiquetados para mantenimiento de carreteras: Giménez-Valdés Román.

En el presupuesto aprobado para este año, el Congreso local sólo aprobó una partida de 160 millones de pesos para obras y los recursos están etiquetados para el rubro de mantenimiento a carreteras, por lo que atender las peticiones de los alcaldes implicará gestionar ampliaciones presupuestales.

Lo anterior fue dado a conocer este miércoles por el secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdés Román, quien comentó que la dependencia que encabeza sólo recibió esa asignación para el ejercicio fiscal 2020.

 El pasado martes, los alcaldes se reunieron con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, asó como con integrantes de su gabinete y algunos legisladores locales.

Entre los acuerdos enumerados por el secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas destacó la realización de mesas de trabajo para atender con recursos estatales las peticiones de obras de los presidentes municipales.

Los ediles se han movilizado en días recientes por la reducción de ingresos que enfrentan para este año, y el rechazo a sus leyes de ingresos. Plantearon como una de las alternativas que se lleven a cabo obras con recursos estatales para responder a las necesidades más sentidas de sus comunidades.

En dicho encuentro se planteó que serán realizadas esas obras, y para ello se dará prioridad a las que sean prioritarias conforme al plan o propuesta de los alcaldes.

Entrevistado al respecto, este miércoles, el secretario de Obras informó que esperará las indicaciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para la instalación de dichas mesas de trabajo, pero dejó en claro que, en el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo, para la secretaría que encabeza sólo se consideró una partida de 160 millones de pesos y son para el citado rubro de rehabilitación de carreteras y caminos.

 Expuso que hasta donde tiene conocimiento, tampoco se tienen fondos federales que pudieran llegar a la dependencia para desarrollar obra pública por medio del gobierno estatal.

Por lo anterior, consider que sería necesario que se aprobaran ampliaciones presupuestales para llevar a cabo otro tipo de obras.

Confía el presidente de la Mesa Directiva en que dejarán un Congreso sin deuda

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que al cierre del año fiscal las cifras arrojan una disminución del 80 por ciento de la deuda heredada por la anterior Legislatura, por lo que confía en que dejarán un Congreso sin deuda.

Detalló que esta LIV Legislatura recibió una institución con grandes dificultades financieras, destacando la deuda que se tenía con el Instituto de Crédito y el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras, siendo estas las de mayor repercusión para los trabajadores y que en suma ascendía a 72.5 millones de pesos, pero que, gracias a la disciplina financiera y políticas de austeridad aplicadas, “hoy solo se tiene una deuda total por 15 millones de pesos, mismos que se estarán cubriendo en los próximos meses”.

Alfonso Sotelo agregó que además de ir liquidando las deudas, no se ha dejado de pagar lo que corresponde a esta legislatura cumpliendo con todos los pagos tanto a instituciones como a la base trabajadora y de confianza, que se refiere a pago de salarios, prima vacacional y aguinaldos tal como lo marca la ley.

Lo anterior, dijo el congresista, otorga plena confianza de que al término de esta Legislatura el Congreso de Morelos no tendrá ninguna deuda.

En este sentido la secretaria de Administración y Finanzas del Poder Legislativo, Belén Adán Vázquez, apuntó que en los próximos meses se liquidarán en su totalidad los adeudos, lo que habla de que se han respetado las políticas de austeridad y manejo eficiente de los recursos, demostrando que la disciplina financiera ha sido efectiva y que así se continuará.

El presupuesto debe autorizarlo el Congreso estatal, señala el director del Instituto.

Cuautla.- Dotar de un sistema de alertamiento sísmico a los dos mil 135 planteles educativos que existen en el estado de Morelos requiere de una inversión de 200 millones de pesos, de acuerdo con el estudio que fue entregado como propuesta a los integrantes de la actual legislatura con el objetivo de que lo analizaran y aprobaran.

Así lo manifestó José Silva Bandala, director general del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (Ineiem), durante la inauguración de la reconstrucción de la Escuela Primaria “Gabriel Tepepa”, la cual resultó severamente dañada por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Destacó que ahora es un tema que está en manos de los diputados: “Hicimos una petición al Congreso del estado para que cada uno de los dos mil 135 planteles públicos que tiene el estado de Morelos goce de un sistema de alertamiento sísmico en sitio. Ya lo hicimos, pero me parece que hasta ahí tenemos injerencia. Nosotros somos un organismo ejecutor; no manejamos recursos propios como para poder invertir en los salones. Está en la cancha del Congreso del estado”.

Manifestó que el costo de las alarmas sísmicas asciende a 200 millones de pesos y todo depende de la voluntad de los diputados para que se haga realidad. “Pero me parece que es un tema que nosotros planteamos para llevarlo a cabo en el transcurso de los cinco años de gobierno de Cuauhtémoc Blanco; es decir, que pudiéramos dividir esos 200 millones de pesos en cinco años: sería de 40 millones anuales. Me parece que es un tema de inversión. La vida de un alumno vale la pena esta inversión; el tema es que está en la cancha del Congreso, que ellos decidan si toman esa iniciativa o no”, insistió.

Respecto de la reconstrucción de la escuela, Silva Bandala señaló que faltan edificios por concluir; sin embargo, reconoció que todo depende de los recursos federales que lleguen para ese concepto. “El universo de planteles que nos faltaban es el 1.2 por ciento, que representan 17 planteles. Hoy aproximadamente nos quedan 15 por entregar. Entre los más conocidos es el edificio principal de la Universidad del Estado; del CBTA 122 de Xococotla, que lo tenemos pendiente; tenemos tres edificios del Tec de Zacatepec, entre otros. Vamos a terminarlos todos; por cuestiones de recursos federales no hemos podido atacarlos como quisiéramos, pero estamos en ese camino”, finalizó.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) consideró insuficiente el presupuesto que le fue asignado por el Congreso en la víspera del periodo preelectoral y adelantó que será necesario tramitar una ampliación presupuestal.

El magistrado presidente del TEEM, Carlos Alberto Puig Hernández, afirmó que el presupuesto de 28 millones no será suficiente para hacer frente al aumento de asuntos jurisdiccionales a partir del mes de septiembre, cuando arranca el periodo de precampañas para la elección de los candidatos a alcaldes, regidores y diputados.

Indicó que el tribunal requerirá la contratación de al menos 28 abogados para atender los procesos especiales sancionadores y demás asuntos jurisdiccionales que se deriven los procesos internos de los diversos institutos políticos para la elección de sus candidatos.

Agregó que el Pleno del TEEM valorará el impacto que tendrá el presupuesto asignado y no descartó que la vía para obtener recursos adicionales sea a través de una solicitud de ampliación presupuestal. 

Le recriminan que abogue por el transporte irregular; proponen que estudie las condiciones del sector y legisle a favor de los concesionarios.

Transportistas plantearon al Congreso del estado crear una ley que permita acabar con el servicio irregular y generar mejores condiciones para los actuales concesionarios.
Este martes, integrantes de la Federación Auténtica del Transporte acudieron al recinto legislativo para solicitar a la diputada Elsa Delia González Solórzano que inicie un estudio de las necesidades del sector y con base en los resultados elabore una legislación en la materia.
El presidente de la agrupación, Dagoberto Rivera Jaimes, manifestó su molestia por la postura que ha fijado la legisladora morenista a favor de los transportistas que prestan servicio público con permisos otorgados por la pasada administración estatal de manera irregular, pues sólo han causado una competencia desleal para los concesionarios del servicio público.
"La diputada debería ver cuáles son las necesidades del gremio y empujarlo en la ley del transporte. Lo que se pretende es que haya un verdadero equilibrio entre el que ejecuta y el que se la van a aplicar y la otra para los usuarios", manifestó Rivera Jaimes.
El líder transportista refirió que si desde el  Congreso se pretende impulsar una regularización del transporte debe hacerse con base en un estudio de factibilidad y no a causa de la "corrupción" que se ha cometido en la administración pública.
Sostuvo que las unidades que operan de manera irregular deben ser detenidas, para poner en orden al sector.

Consejo Promotor asegura que dicha comunidad reúne los requisitos legales para ser reconocida como el municipio número 37 de Morelos; la solicitud está en manos del Congreso.

Antes de abril se renovarán los convenios con los municipios para la operación del Mando Coordinado.

El secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas informó que este año se aplicará el aumento salarial a los elementos policíacos que menos percepciones reciben, al tiempo que en el primer trimestre de este año se renovarán los convenios firmados con los municipios para la operación del Mando Coordinado de Policía.

El funcionario informó también que hoy martes se espera que en el encuentro que sostendrán los gobernadores de las entidades del país -entre ellos el de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo- con autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se les informe cuándo y de qué manera serán desplegados más elementos de la Guardia Nacional.  

El funcionario estatal recordó que para este ejercicio fiscal el Congreso del estado autorizó recursos para el ajuste salarial a los policías de todos los municipios que reciben las menores percepciones y este será un tema que abordarán en el encuentro que se programó realizar este día entre los alcaldes y el mandatario estatal.

A decir de Ojeda Cárdenas “los ayuntamientos que decidan no continuar con el mando coordinado no podrán acceder a este apoyo para incrementar y homologar los sueldos de los policías”.

Refirió que cada año se renuevan los convenios de coordinación, lo cual se programará para el primer trimestre de este 2020.

En otro orden de ideas el secretario fue cuestionado en relación con el presupuesto asignado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Dijo que este mismo mes buscará dialogar con la titular de la Comisión Nacional, Mara Gómez Pérez, para conocer cómo trabajará dicho organismo con todas las entidades.

Recordó que la actual titular de la comisión, Nadxielli Carranco Lechuga, fue nombrada por el Congreso del estado, pero se analizará la posibilidad de trabajar con la instancia nacional: “por lo tanto tenemos que respetar la voluntad del legislativo, ya fuimos a la comisión nacional y acordamos reunirnos con la titular esta semana para ver cómo estaremos trabajando las entidades con la comisión nacional…”

En torno a la reunión que tendrá el gobernador junto con otros mandatarios y el secretario de Seguridad federal Alfonso Durazo Montaño, Ojeda Cárdenas indicó que se analizará cómo continuará el despliegue de la Guardia Nacional en los estados: “esperamos nos informen la fecha en la que llegará el resto…van a llegar a mil 350, ahorita estamos sobre 450, este año sería lo ideal; entendemos que se despliegan en todo el territorio nacional, que se hacen exámenes de control y confianza  y todo, por eso estamos esperando a conocer la forma en que se incrementará la presencia de la Guardia Nacional”.

Nombramientos en ESAF e IMIPE están rezagados desde hace nueve meses.

El Congreso del estado retomará en este mes los procedimientos para nombrar al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y a un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), aseguró la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza.
En entrevista, la diputada refirió que se trata de temas urgentes que deben ser abordados por el Congreso del estado, después de que se postergaron durante un año.
Adelantó que en los siguientes días convocará a reunión de la Junta Política y de Gobierno para determinar si se repone el procedimiento para nombrar al titular de la ESAF o se retoma el que se inició en mayo del año pasado.
Esto último implicaría que el Congreso elija al nuevo auditor estatal de entre la lista de 29 aspirantes registrados en la convocatoria.
Flores Espinoza recordó que por la falta de condiciones políticas, el Pleno del Congreso no eligió a ninguno de los aspirantes y la Comisión Instructora determinó reponer el procedimiento. "Tal determinación fue tomada por tres diputadas y tendremos que definir si es legal", agregó.
Con respecto a la elección del Comisionado del IMIPE, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno consideró que existen condiciones para que se retome el mismo procedimiento de mayo pasado y se elegirá de entre los 20 aspirantes registrados.
"Es prioridad totalmente. Es un tema que se dejó de lado por todo lo sucedió en el período pasado pero en este periodo tiene que ser de los primeros temas que saquemos", finalizó la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

No hay resultados en las denuncias promovidas contra ex funcionarios del gobierno anterior y exdiputados, señala diputado.

El Congreso del estado llamará a cuentas al fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, por la falta de resultados en las denuncias promovidas en contra de los ex funcionarios que habrían ejercido de manera irregular los recursos públicos del estado.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, sostuvo que se han cumplido los tiempos legales y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción no ha procedido en contra de los ex colaboradores del gobierno de Graco Ramírez.
"Él (Juan Salazar Núñez) debe cumplir con la ley y la ley establece plazos y términos y procedimientos muy puntuales, o él da resultados o tendremos que revisar qué está pasando con las carpetas... y quien no dé resultados pues que se vaya", manifestó el diputado pesedista.
Zapotitla Becerro refirió que durante este mes se citará a los integrantes del gabinete del gobierno estatal, con motivo del informe que deberá presentar al Congreso el mandatario estatal, y la comparecencia del fiscal Anticorrupción no será la excepción, a pesar que no sea secretario de despacho.
Recordó que la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo promovió más de 50 denuncias en contra de ex servidores públicos por presunto mal ejercicio de los recursos públicos, mientras que el Congreso del estado también procedió en contra de varios ex diputados de la LIII Legislatura, aunque hasta el momento ninguno ha sido sancionado.

Hay proyectos de ley, reformas y nombramientos que deben desahogarse en el nuevo periodo ordinario de sesiones.

Con un paquete de cerca de 20 iniciativas rezagadas en las comisiones legislativas, los diputados iniciarán este día el segundo período ordinario correspondiente al segundo año de la LIV Legislatura.
La ley de videovigilancia, la ley de seguridad privada o las reformas al código penal para castigar el delito de extorsión son algunos de los dictámenes que se mantienen en la "congeladora" desde el año pasado, ante la falta de acuerdos..
El proyecto para reactivar la vía del ferrocarril en la zona oriente, por medio de un convenio entre el Poder Ejecutivo y la empresa Ferrosur, es otro de los asuntos rezagados.

Además de las iniciativas y los dictámenes pendientes, los nombramientos del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) también son compromisos por desahogar en los cinco meses que durará el período ordinario de sesiones.
El diputado morenista Javier García Chávez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, admitió que el rezago es importante.
Sin embargo, aseguró que existen acuerdos para que los temas se desahoguen próximamente, pues incluso la intención de la mayoría de los legisladores era abordarlos en un período extraordinario en el mes de enero, lo cual no se concretó por la discusión del Paquete Económico y las leyes de Ingresos municipales.
Los integrantes de la LIV Legislatura iniciarán hoy un período ordinario de sesiones con la profunda división que les enfrenta desde hace meses, ya que hay un grupo mayoritario de 13 diputados y siete legisladoras que desde septiembre del 2019 se han opuesto a todo y lograron bloquear las votaciones.

No aprobar sus leyes de ingresos es una irresponsabilidad, considera concejal de Jojutla.

Jojutla.- Con la negativa de aprobar las leyes de ingresos de 32 municipios, el Congreso del estado manda el mensaje de que quiere tener ayuntamientos sumisos, mientras que favorece al gobierno del estado, consideró el regidor del Ayuntamiento de este lugar Carlos Brito.

Tras la inconformidad que desató esta semana en los municipios la decisión del Congreso de no aprobar las leyes de ingresos, el concejal deploró lo que llamó irresponsabilidad de los diputados la actitud de rechazar estas leyes, que no buscaban otra cosa que resarcir la pérdida del 25 por ciento del impuesto adicional, que se recortó el año pasado por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aseguró que durante el año pasado se trabajó con los diputados de la comisión de Hacienda para adecuar la Ley de Ingresos, pero, de pronto, esta semana ni siquiera las votaron: las desecharon y “tiraron todo el trabajo que se hizo a lo largo de este primer año”.

En el caso de Jojutla, impide la aplicación de diversos reglamentos como el de protección al medio ambiente, tránsito y otros.

Calificó de “grosera e irresponsable” la actitud del Congreso del estado, ya que generó la percepción de que los alcaldes querían aumentar impuestos, cuando no era verdad; no pudieron generar acuerdos y tiraron el trabajo de todo un año.

Dijo que el Congreso tiene muy baja productividad, violentó la ley al retrasar la votación de las leyes de ingresos y nunca privilegió el diálogo, además de que usó una disposición de la SCJN como su bandera para impedir adecuar los presupuestos de este año y la hicieron “palo” para los municipios.

“Pudieron identificar, si las había, las leyes que pretendían aumentar impuestos, y la comisión de Hacienda pudo agarrar ese artículo y tirarlo a la basura, pero no tirar todo lo demás, todo el trabajo de actualización de argumentación, etcétera, como lo hicieron”, refirió.

Señaló que sin su Ley de Ingresos 2020, el municipio dejará de recibir 17 millones de pesos.

Dijo que ahora la solución para resarcir el 25 por ciento menos que recaudarán los municipios sería que el gobierno del estado devuelva a los municipios el cinco por ciento destinado al Mando Único, que era una petición que ya habían planteado los alcaldes.